Un año del cierre de la Radiotelevisió Valenciana
¿Una segunda oportunidad?
La nueva RTVV debería tener consenso político y cívico, ser viable económicamente e independiente en su gestión
Desde el brutal apagón de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) hace justo un año -uno de los momentos más emotivos y taquicárdicos de mi vida-, he tenido varias ocasiones de hablar sobre la grandeza y miseria de RTVV en numerosos foros y medios. Siempre lo he hecho desde un punto de vista periodístico y sociológico, bordeando el impacto sentimental y laboral de una decisión política tan trascendental como errónea.
RTVV inició las emisiones el 9 de octubre de 1989, en plena eclosión de televisiones privadas y autonómicas que redefinieron el mapa audiovisual del Estado. Fueron unos inicios llenos de esperanza en muchos sentidos. En el aspecto informativo, en la producción de contenidos o en la recepción de la producción ajena, por primera vez en la lengua del país. No en vano la ley de creación de RTVV establecía como objetivos operativos el pluralismo informativo, la promoción lingüística y la incentivación del sector audiovisual privado, ya que la Generalitat concebía RTVV como un factor de arrastre de la estructura productiva del país, caracterizada por una pequeña y mediana empresa sin demanda sostenida. Especialmente en las industrias culturales y la economía creativa.
Si en los primeros años ya surgieron voces -como la mía misma- que cuestionaban el cumplimiento de los objetivos marcados, la llegada del PP al Gobierno valenciano en 1995 significó la sentencia de muerte de la credibilidad de RTVV. Un punto de no retorno. El PP no limitó su política de control informativo a las empresas públicas. La arbitrariedad, el afán de reclutar medios afines y de silenciar voces críticas, ha dejado un panorama mediático desolador. En el 2006, por ejemplo, el conseller Esteban González Pons concedió sendas licencias autonómicas de TDT a la COPE y Vocento y cerca de una veintena de locales-comarcales a empresas conservadoras y ajenas al país. Unas adjudicaciones que el Supremo anuló en septiembre del 2012, sentencia que no ha sido ejecutada.
En febrero del 2011 prohibieron la recepción de TV-3. Y ahora hace un año, las Cortes Valencianas, gracias a la mayoría absoluta del PP, decretaron la liquidación de RTVV con una proposición de ley tramitada por el procedimiento de lectura única, que no admite enmiendas. Un cierre ejecutado a la griega por la policía judicial: un hito en la historia de la infamia. Faltaba la guinda: el 21 de enero del 2014 se desconectó Catalunya Ràdio.
El dominio absoluto del PP desde 1995 y su complicidad con las empresas de comunicación -como con la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca)- ha sido devastador para la pluralidad y la calidad informativas, pero también para la estructura económica del país. En una sociedad posindustrial, el sector audiovisual (con los subsectores culturales conexos) es pieza clave del modelo productivo. La modernización económica exigía un impulso público tal como hizo RTVV en sus inicios -insisto: en los inicios-. Su cierre ha supuesto, como consecuencia, el desmantelamiento del sector privado que de ella dependía, que alcanza cerca de un 90% de desempleo. Como consecuencia de todo ello, la Comunidad Valenciana presenta hoy un sistema informativo arcaico y localista, con cifras de consumo premodernas y sin ningún periódico, radio ni televisión pública ni privada autóctonos. Solo la intervención política puede gobernar esta realidad perversa.
La posibilidad de un cambio político en la Generalitat valenciana en mayo ha abierto un debate sobre la importancia de una nueva política comunicativa, y especialmente de una (nueva) radiotelevisión independiente en la línea informativa (que no son solo los programas informativos) y en las decisiones empresariales. La crisis -la general y la del sector audiovisual- reclama una RTVV que cumpla funciones identitarias, de legitimación democrática y correctora de los intereses comerciales. Pero exige al mismo tiempo una visión estratégica del sector para el desarrollo económico del país, doble periferia en cuanto a los centros productivos en materia audiovisual -y cultural, en general-. Por ello, la reflexión sobre una hipotética RTVV exige un análisis de la actividad informativa, pero también empresarial. La primera no se entiende sin la segunda. La nueva RTVV debería ser un punto de consenso de las fuerzas políticas y cívicas, viable económicamente e independiente en su gestión.
Una radiotelevisión que fomente los valores que no garantiza el mercado y, por supuesto, un centro de producción de programas que ha de ser, a la vez, el principal cliente de la industria creativa en productos y servicios. Solo así la (nueva) RTVV hallará la legitimación democrática y civil que reforzará su función dentro del engranaje sociocultural y económico del país.
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