Megaproyectos impuestos e innecesarios
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David Llistar
Director de Justicia Global y Cooperación Internacional del Ayuntamiento de BCN.
DAVID LLISTAR
Afectados por la construcción de gigantescos proyectos de infraestructuras --aeropuertos como el de Notre Dame de Lande en la Bretaña francesa, parques temáticos como BCNWorld, urbanizaciones ilegales como El Algarrobico, proyectos mineros, autopistas, plantas de carbón o centrales nucleares-- se han reunido estos días de mayo en la Transilvania rumana. Lo han hecho para compartir una mirada que seguro les resultará familiar: la de resistir a la imposición en sus territorios de 'grandes planes de desarrollo' de dudoso interés general que generan desconfianzas y expectativas a gusto del poblador.
Quienes presentan sus luchas muestran problemas muy distintos en lugares alejados. Pero las asociaciones de afectados se reúnen para compartir sus experiencias y reconocer las múltiples coincidencias. Principalmente hablan en términos de déficit de democracia y hablan de cubrir las necesidades de la gente, preservar la dignidad y resistir. Y soslayan que se trata de lo contrario, de dictados de grupos de poder ajenos al lugar. Los califican como "Megaproyectos Impuestos Inútiles" o "Innecesarios". Según el idioma, la palabra toma un matíz u otro. Están impuestos por terceros a la fuerza, generalmente promotores empresariales y élites políticas. Inútiles para la población local y también para el conjunto de la gente del país y del planeta.
Rosia Montana, el pueblo que acogió el 'Fórum contra los Megaproyectos Impuestos e Inútiles', tiene el honor de ser la mina de oro a cielo abierto más grande de Europa. Primero fueron los romanos, luego los planes del gobierno central comunista, luego el capitalista y en breve el proyecto de una compañía canadiense en harmónica sintonía con el Gobierno de Bucarest. A pesar de ello, no deja de ser hoy una especie de pueblo fantasma donde aguantan los agricultores, los colmados y los poderes fácticos locales. Siendo una región remota, la toxicidad del cianuro utilizado para la decantanción del oro, el desmontaje de las montañas que rodean el pueblo y la imposición de intereses conspicuos condujeron a una de las mobilizaciones más importantes de los años de la democracia contra el Gobierno.
¿Acaso no se da este fenómeno en el Estado español? Sin lugar a dudas. Especialmente durante los años del 'España va bien' y de vacas gordas. Aunque también siguen proliferando en años de crisis, impulsados por la Unión Europea y nuevas fórmulas de financiación como las ensayadas en el Proyecto Cástor; los llamados 'Project Bonds, porque se los identifica como vías centrales para retomar la senda del crecimiento. Una proliferación de megaproyectos que se han urdido en parte por la megalomanía capitalista y electoralista de algunos decisores políticos embebidos de una autoconfianza absurda que se mostraron incapaces de acertar en sus cálculos. Aunque también por la presión de mafias público-privadas --como el oligopolio eléctrico o bancario-- incrustadas en el Estado que encuentran en el erario público un sabroso botín disponible para su obsceno saqueo y un basurero público para sus deudas y riesgos privados.
Por todo ello, vemos útil servirnos de ese término para señalarlos y denunciarlos. No debaríamos aceptar más 'aeropuertos del abuelo' en Castellón, ni más sobrecostes del AVE ni de proyectos Cástor que jamás entrarán en funcionamiento y que habrán costado más de 1.700 millones de euros, ni centrales nucleares, ni Eurovegas ni Barcelonas World, ni Marinas d'Or, ni M30, ni Algarrobicos. El interés general está en realidad en los trenes de cercanías, en la relocalización de las redes de distribución y generación eléctrica, en el transporte público, en la educación, en la sanidad y en la disponibilidad de trabajo. En definitiva, en la gente.
Basta decir que, en lo que al interés general se refiere, una parte muy significativa de la deuda pública española no puede explicarse si no es por haber cargado con la factura de 'megaproyectos impuestos e innecesarios'. Esa deuda que no beneficia a la población no debería pagarse. Deberían pagarla quienes la contrajeron ilegítimamente.
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