Europa y la inmigración
Xenofobia: ¿qué hacer en Catalunya?
El Govern y los partidos sensatos deben ser activamente antirracistas y establecer líneas rojas
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Ricard Zapata-Barrero
Profesor de Ciencia Política de la UPF y director del Grup de Recerca Interdisciplinari en Immigració.
RICARD ZAPATA-BARRERO
Los discursos políticos xenófobos están aumentando en Europa. Incluso están en la puerta principal de varios gobiernos nacionales y pueden ser el próximo quebradero de cabeza de las instituciones europeas si la alianza de partidos xenófobos gana visibilidad parlamentaria tras las elecciones del 25 de mayo. En un momento de crisis económica generalizada, de desprestigio de las instituciones democráticos y de incertidumbre sobre la capacidad de los partidos tradicionales para manejar los problemas sociales, los inmigrantes y las minorías étnicas son un recurso fácil de manipulación emocional colectiva, de incitación de opiniones negativas y comportamientos racistas. La xenofobia no es una realidad social, sino una realidad construida políticamente. Tenemos la necesidad urgente de buscar mecanismos políticos que nos ayuden a defender las líneas rojas de lo que nuestra sociedad puede tolerar.
El discurso político xenófobo descansa básicamente sobre tres criterios básicos: interpela muy directamente a los ciudadanos nacionales, polariza a la sociedad entre un nosotros-positivo y un ellos-negativo y constantemente fomenta una representación deshumanizadora y criminal de los inmigrantes. Visto en general, se solapan dos procesos. Uno de tipo territorial en el que el voto xenófobo ha pasado de lo local a lo nacional y ahora a lo europeo. Y un segundo que ve la xenofobia europea como el resultado de varias olas que culminan ya en el 2002, cuando en Francia se evidencia que el voto puede convertir al Frente Nacional en alternativa real del poder. Luego vino otra ola en la que el discurso xenófobo pasó a contaminar especialmente a los partidos de derecha tradicional. Y ahora, finalmente, los gobiernos adoptan en sus políticas estos discursos y los pasan de forma alarmante a su práctica de gobierno.
Este discurso tiene básicamente dos retóricas: una conservadora y tradicionalista, basada en la defensa de una supuesta esencia identitaria nacional, y otra más populista que moviliza emociones más primarias y que recurre a la manipulación de la información para escenificar que estamos ante un conflicto de intereses en el que «obviamente» debe prevalecer el interés de los ciudadanos.
En España, este discurso tiene peculiaridades y no está, curiosamente, vinculado al euroescepticismo. Combina el populismo y el conservadurismo, aunque en este último caso no apela abiertamente a la identidad española sino, sutilmente, a sus dimensiones implícitas: preferencia por inmigrantes procedentes de países no musulmanes y de habla castellana y recelo hacia una etnia gitana europea. Criterios que, por cierto, nos llevan a la noción de hispanidad y al tiempo de la reconquista y los Reyes Católicos, que son las fuentes de inspiración del PP. Estamos en un escenario histórico muy cercano a la Inquisición. Vistos en larga perspectiva histórica, los inmigrantes sin derechos son tratados como nuevos herejes que no tienen derecho ni moralidad, y por tanto tampoco a ser considerados como humanos.
Ante esto, ¿qué podemos hacer si los mecanismos sociales y legales no son efectivos? Pedir que los gobiernos y los partidos sensatos no se escondan simplemente detrás de discursos no racistas, porque deben ser activamente antirracistas y pasar a la acción que pide gran parte de la sociedad civil. Propongo dos medidas rápidas y viables. Primera: que la Generalitat declare que Catalunya es un país donde no se tolerará que se vulneren derechos humanos y en el que, por tanto, se combatirán aquellas prácticas de otros gobiernos que sí los vulneren. Segunda: que el Parlament introduzca un procedimiento para los partidos y les haga firmar una carta de valores y de respeto por los derechos humanos, y también que explícitamente los partidos se comprometan a no utilizar el foro público y de representación de la sociedad para legitimar discursos y prácticas xenófobas.
Sin estos compromisos no tenemos posibilidades de reducir el espacio de la xenofobia Ya se ha visto que la sociedad sola, sin la complicidad de los partidos y de los gobiernos, no tiene fuerza suficiente ni se la respeta. Recuérdese la imagen intolerable de toda la cúpula de un partido acompañando al alcalde de Badalona a los tribunales por un asunto de xenofobia. Con la misma contundencia que escucha la voz del pueblo de Catalunya en el proceso de transición nacional, el Govern debe escuchar a la sociedad civil que quiere poner freno al voto xenófobo. Catalunya tiene aquí de nuevo una oportunidad para hacer valer su marca de derechos humanos y de combate antixenófobo ante toda Europa. Aún estamos a tiempo de no banalizar la xenofobia.
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