¿La acción exterior catalana: s. XX o s. XXI?
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Miquel Carrillo
Representante de Àgora Nord Sud
MIQUEL CARRILLO
Es curioso cómo se parecen los extremos. Cuando Margallo se ha puesto a redactar la ley que pretende ordenar la acción exterior española, no ha contado para nada con la sociedad civil, que lleva décadas trabajando en decenas de países en labores de paz, derechos humanos y desarrollo. Quizás tuviera suficiente con intentar ordenar su propio enjambre de actores, los diplomáticos y los terrenales, como para encima llamar a consultas a unas organizaciones que de un tiempo a esta parte no están precisamente contentas con la gestión del gobierno. La construcción de la Marca España ha hecho pasar a un segundo plano todo aquello que no sea la promoción comercial, la caza de contratos y la apertura de mercados en el exterior, en lo que respecta a la acción de su ministerio. La cooperación sigue su caída en barrena y el desinterés institucional por esta política pública cada vez muestra síntomas más evidentes: a un par de semanas vista, todavía no se sabe si Rajoy estará en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, donde se van a discutir los objetivos internacionales de desarrollo para las próximas décadas.
La acción exterior del s. XXI parece calcada a la del siglo anterior, por lo menos en lo que respecta a los Estados, las situaciones y reacciones de las últimas semanas no dejan lugar a ninguna duda. La sociedad civil se ha empeñado desde el final de la Segunda Guerra Mundial en construir otro tipo de relaciones internacionales, que no estén marcadas por el afán de vender trenes o pistolas a cualquier sátrapa, que intenten extender derechos y mejoras en la calidad de vida por todas partes. Parecía que incluso se atendía a este requerimiento, en los últimos años, con la consolidación de una política pública de cooperación, pero la crisis económica ha devuelto las cosas a su sitio, por lo menos en España. La diplomacia es un asunto muy serio como para abrirlo a la participación, perfilándose claramente otro límite de nuestro imperfecto sistema democrático.
Hace unos días, el Govern de la Generalitat aprobó el proyecto de Ley de Acción Exterior. Desde principios de año, las organizaciones catalanas con proyección internacional habían venido trabajando en un Pacte Nacional per a l'Acció Exterior, orientado a construir una política exterior catalana realmente participativa y centrada en la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo. El Pacto fue discutidos con los partidos y presentado antes de las vacaciones en el Parlament. Como Margallo, Homs consideró que todo tiene un límite en esta vida y ponerse a pensar entre todos cómo íbamos a relacionarnos con el mundo era llevar las cosas demasiado lejos. Dret a decidir pero no cualquier cosa. Y, total, la prioridad está clara, hacerse menos dependientes económicamente del mercado español, para lo cual parece que hay que construir la Marca Catalana.
Queda la esperanza de que en su paso por el Parlament podamos evitar el déja vu y empezar en serio la regeneración democrática, al menos en este apartado. Con estado propio o no, y en la medida de sus posibilidades, Catalunya tiene la responsabilidad de hacer algo diferente en el plano internacional. O nos ponemos todos a trabajar para resolver las desigualdades e injusticias en el mundo, o nos van a seguir estallando conflictos 'secula seculorum'. La realidad es tozuda, construyamos ya la política exterior de este siglo.
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