El acuerdo en la ONU
Contribución catalana a la seguridad
La sociedad y las instituciones se han movilizado por el tratado sobre el comercio mundial de armas
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Jordi Armadans
Director de Fundació per la Pau (Fundipau), periodista y politólogo.
Director de Fundació per la Pau (Fundipau), periodista y politólogo.
JORDI ARMADANS
Hoy en la sede de la ONU de Nueva York se inicia el proceso de firma del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), adoptado por la Asamblea General el pasado 2 de abril. Un tratado que debe poner las transferencias mundiales de armas bajo control, fijar unos criterios de obligado cumplimiento, exigir a los estados que se responsabilicen del impacto de sus ventas. El descontrol del comercio de armas permite que dictadores, criminales y mafias organizadas puedan abastecerse en el mercado mundial y, así, obtener armas con las que acaban vulnerando los derechos humanos. Exigir a los estados una evaluación rigurosa de los riesgos de estas ventas, obligarlos a mantener unos registros precisos y establecer mecanismos de supervisión generará una mejor seguridad global.
ES EVIDENTE: la consecución del TCA no ha sido una victoria fácil. No contaba con la adhesión inicial de las principales potencias armamentísticas, que recelaban de cualquier posible freno a su desbocado negocio. Y ha tenido que hacer frente a la fuerte y activa oposición del lobi de las armas y de la industria militar. Y, en esta doble tarea, la sociedad civil por la paz y los derechos humanos ha sido primordial: a mediados de los 90 puso el grito de alerta sobre las graves consecuencias de la desregulación del comercio de armas. A principios de la década del 2000 concretó la petición: lograr una normativa global que regulara las transferencias. En estos años, la campañaArmas bajo control ha sido altavoz de una conciencia ciudadana que, con los cientos de miles de víctimas, reclamaba una solución urgente a los estados. En el proceso diplomático, se han podido ver todo tipo de actitudes y tomas de posiciones por parte de las diversas delegaciones estatales que, en definitiva, son las que adoptaron el acuerdo. Claro, Catalunya no jugaba en esta liga. Pero, además de las delegaciones estatales, también han tenido un papel activo en todo el proceso las delegaciones de la sociedad civil. Y, en este ámbito, Catalunya ha tenido una presencia y un impacto muy superior, por ejemplo, a una decena de estados de Europa.
El apoyo al proceso del TCA generado desde la sociedad civil catalana no ha sido menor: en Catalunya, las tres organizaciones de la campaña, Amnistía Internacional, FundiPau (Fundación para la Paz) e Intermon Oxfam dieron a conocer el problema y generar un gran apoyo social e institucional: ayuntamientos, Parlament de Catalunya, oenegés, gente del mundo de la cultura y la comunicación mostraron su apoyo a la regulación del comercio de armas. Y durante el proceso diplomático (cuatro reuniones preparatorias y dos conferencias) además de la tarea de incidencia de FundiPau también se ha contado con el trabajo de análisis del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP). Todo ello sin olvidar que, el precedente inmediato de la campaña armas bajo control, se ensayó hace casi 20 años en Barcelona, ¿¿con la coaliciónHay secretos que matanque, con el impulso deVicenç Fisas, reunió por primera vez en un trabajo de incidencia conjunto diversas oenegés no estrictamente de paz pero sí preocupadas por el impacto de la venta de armas.
El proceso del TCA también nos permite aportar un poco más de perspectiva a un debate que en los últimos meses se ha abierto en nuestro país: ¿en caso de que Catalunya avanzara hacia cotas de soberanía, qué política de seguridad y defensa debería asumir? El debate se ha formulado demasiado deudor de una concepción de la seguridad que lo asocia a fuerza militar. Tradicionalmente, las políticas de defensa se han centrado en garantizar los intereses de los estados, entendidos como maquinaria, obviando su dimensión de comunidad humana. Y, así, el papel del Ejército y el militarismo siempre han estado sobredimensionados. Pero una política seria de seguridad debe poner a las personas en su centro, identificar los riesgos y amenazas que pueden afectar la vida de la gente y tratar de aportar soluciones.
DESDE ESTA perspectiva, el TCA es una gran noticia: si el descontrol y la proliferación de las armas supone cada año la muerte de más de 500.000 personas, poner herramientas y mecanismos de prevención para evitar que esto suceda es una capital contribución a la seguridad global.
Y en este proceso, Catalunya no es que pueda jugar un papel en un futuro hipotético. Es que ha jugado un papel ya ahora. Y, si solo en clave de sociedad civil, Catalunya ha hecho una aportación relevante en uno de los procesos más fundamentales de los últimos 15 años, esto quiere decir que más allá del debate del ejército, si se dotara de estructuras de Estado y tuviera voluntad política, podría hacer una aportación aún más significativa en la construcción de la paz, la promoción de los derechos humanos y la creación de seguridad global.
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