Análisis
Desconfianza, desigualdad
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Josep Maria Vallès
Catedrático de Ciencia Política de la UAB
JOSEP M. VALLÈS
Remedios contra la corrupción en 500 palabras: un reto adecuado para tuiteros y tertulianos. Para los menos dotados para la simplificación, el recurso es remitirse a trabajos elaborados por instituciones internacionales y entidades no gubernamentales. Por ejemplo, las del Consejo de Europa: Lessons learned from the three Evaluation Rounds (2000-2010) (www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/Compendium_ThematiArticles_EN.pdf). Es el balance de diez años de evaluaciones de expertos en países miembros.
Nuestro sistema político también ha sido evaluado y ha recibido recomendaciones. El más reciente es del 2011. Se refiere a defectos más que evidentes en la financiación de los partidos (www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3(2011)5_Spain_EN.pdf). Otro catálogo de remedios contra la corrupción es el confeccionado por Transparency Internacional: Marco de integridad institucional en España (2012) (www.transparency.org/whatwedo/pub/marco_de_integridad_institucional_en_espana). Contiene 44 recomendaciones y diez prioridades. Derivan de un diagnóstico reciente del caso español y de sus patologías.
No faltan, pues, ni análisis ni herramientas. Poco más aportará la constitución de nuevas comisiones o la convocatoria solemne de reuniones institucionales. Salvo la pendiente ley de transparencia y una nueva regulación de los partidos y de su financiación, las decisiones más urgentes deben apuntar al aumento de recursos para prevenir y perseguir la corrupción, sin detenerse ahora en la elaboración de normativas perfeccionistas. Hay normas disponibles en cantidad. Pero se echa de menos el potencial suficiente para obligar a su cumplimiento y sancionar su vulneración. Es más urgente dotar con mayor independencia y capacidad de inspección y de control a organismos como el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes, la Agencia Tributaria. Y en el ámbito penal es más perentorio dotar y organizar mejor el sistema que crear nuevos tipos delictivos o endurecer penas. De poco servirán si persiste la desigualdad de medios que pone a los juzgadores en inferioridad de condiciones respecto de los presuntos corruptos.
Pero hay más. El estudio de los sistemas políticos detecta que la corrupción -política y económica- coincide con el predominio de actitudes de desconfianza mutua entre ciudadanos y de desinterés por la política. Y que esta desconfianza y este desinterés abundan más allí donde más pronunciadas son las desigualdades entre grupos sociales. En el marco europeo, sociedades como Dinamarca, Noruega, Suecia o Finlandia presentan a la vez bajos índices de corrupción, sólidos indicadores de confianza recíproca y mayor igualdad económica. Por el contrario, las posiciones menos lucidas en cuestiones de integridad pública y privada suelen corresponder a las comunidades más desinteresadas de la política, más desconfiadas socialmente y más desiguales: Grecia, Portugal, Italia, España.
¿Coincidencia casual? En todo caso, una asociación llamativa que obliga a la reflexión. ¿Será posible extirpar o atenuar la corrupción si no se abordan también las causas de la desigualdad, la desconfianza y el desinterés por la cosa pública? Creo que no. Pero la transformación de las condiciones económicas, sociales y culturales que son su caldo de cultivo no es solo tarea de políticos: es compromiso colectivo de los ciudadanos. Y este es el reto de fondo que se nos plantea.
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