Nuevos cambios en la política de Ensenyament
Herencia educativa y de clase
Una de las primeras medidas de CiU frenará la escolarización de extranjeros en determinados centros
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Xavier Bonal
Profesor de Sociología de la UAB.
XAVIER BONAL
Poco ha tardado el nuevo Govern en dar señales del tipo de política educativa que pretende desplegar en los próximos años. Dos decisiones son especialmente llamativas: la creación de una dirección general específica para centros concertados y privados, y la introducción de un nuevo criterio de de-sempate en el proceso de preinscripción escolar que otorga cinco puntos adicionales a los alumnos cuyos padres, tutores o hermanos se escolarizaran en el centro solicitado.
La primera evidencia el entierro definitivo del Pacte Nacional per l'Educació del 2006 y del consenso conseguido entre todos los sectores de la comunidad educativa en torno a la creación de un servicio educativo de interés público. El interés público, subrayado en el pacto, ya desapareció sorprendentemente del léxico de la ley de educación del 2009. La nueva separación de ventanillas confirma la voluntad de este Gobierno de diferenciar entre redes escolares en función de su titularidad, y expresa la intención de dispensar un trato diferenciado a cada sector.
La segunda medida supone directamente la introducción de un criterio de discriminación en el acceso en condiciones de igualdad a los centros sostenidos con fondos públicos y un mecanismo nada sutil de reproducción de clase. Para justificar la introducción de este criterio el acuerdo del Gobierno arguye que pretende mejorar la implicación familiar en las escuelas, un hecho que «se da» (sic) entre aquellas familias cuyos hijos van a la misma a la que los padres fueron en su día. Lo que se oculta tras este criterio, sin embargo, es la pretensión de asegurar que algunas familias que se quedan a las puertas del centro deseado para sus hijos no tengan que ver cómo esa plaza es ocupada por otro al que le ha favorecido el sorteo. Las escuelas con más demanda dispondrán de este modo de un mecanismo indirecto de selección, formalmente legítimo, pero muy discriminatorio para las familias que nunca pisaron una escuela catalana o que, por distintas razones, han cambiado de barrio o ciudad de residencia. Así, muchos centros concertados (y algunos públicos) reducirán la aleatoriedad que ahora supone tener que otorgar un elevado número de plazas (a menudo más de la mitad) a los beneficiados por el sorteo.
El nuevo criterio es, en definitiva, un mecanismo para que determinados grupos sociales aseguren su escolarización en centros considerados de excelencia o, cuanto menos, a salvo de una presencia excesiva de alumnado en situación de riesgo educativo, que, dicho sea de paso, es mayoritariamente de origen inmigrante. La medida supone un abuso de la normativa vigente respecto a los criterios que regulan los procesos de admisión en los centros públicos y concertados.
El sociólogo francésPierre Bourdieupublicó en 1964, junto aJean-Claude Passeron, un importante libro tituladoLes héritiers(Los herederos), traducido al castellano con el títuloLos estudiantes y la cultura.BourdieuyPasseronse sirvieron de diversas investigaciones para demostrar cómo el origen social condicionaba ampliamente los usos, las elecciones y las expectativas educativas. Las estrategias de elección de escuela o de estudios difieren en función del capital cultural y social de las familias. Y los resultados educativos reproducen ampliamente la capacidad de los distintos grupos de desarrollar dichas estrategias. Ello les otorga una posición de ventaja en una carrera educativa que se presupone neutra y que es determinante de la posición social futura. La democratización del acceso a la educación ha facilitado, de forma progresiva, que más grupos sociales que anteriormente no conseguían superar los obstáculos de la carrera educativa alcancen hoy niveles educativos tradicionalmente inaccesibles. Tanto es así que aquellos grupos que siempre gozaron de una situación de privilegio en su proceso de escolarización se ven obligados hoy a activar nuevas estrategias de distinción educativa y social para allanar el camino que les conduzca a la reproducción de la posición social de sus padres.
Paradójicamente, es harto probable que esa reproducción tuviera lugar sin la necesidad de ir a las mejores escuelas, porque, como nos demuestra la investigación educativa, más del 75% del rendimiento educativo se explica por el origen social de los padres.
Sin embargo, la reproducción de estos grupos sociales no admite riesgo alguno, y cuanto antes se allane el camino, mucho mejor. Es en esta lógica en la que hay que interpretar el nuevo criterio, así como otras medidas del programa educativo de CiU, como la de recoger las preferencias educativas de las familias en el momento del nacimiento del hijo para planificar no en función de las necesidades educativas, sino de la demanda.
Consolidar vías de privilegio educativo es socialmente injusto. Es una política que debilita a la escuela como institución de oportunidades para ascender socialmente. Y sin movilidad social, poca cohesión social puede esperarse. Profesor de Sociología. UAB.
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