La familia de Miguel Hernández pide al Gobierno anular el sumario que condenó a muerte al poeta

Ochenta y cinco años después de la detención de Miguel Hernández su memoria está todavía pendiente de la Justicia. Dos sumarios, dos procesos, sentenciaron el destino del poeta: Una pena de muerte, conmutada, pero en realidad camuflada bajo el agónico periplo carcelario que serviría para ejecutarla.

Ahora distintos colectivos solicitan al Gobierno de España la anulación de los sumarios por los que el poeta de Orihuela fue condenado y que se efectúe una declaración de reconocimiento y reparación personal a favor de su familia.

Familia

Han transcurrido más de ochenta años desde su muerte pero su nombre, y el de los suyos, espera todavía el gesto, la restitución, el reconocimiento de la sinrazón.

El escrito firmado por Joan Pàmies López, Lucía Izquierdo -hija política de Miguel Hernández-, María José Hernández y Miguel Hernández -nietos del poeta-; y distintos colectivos defensores de la Memoria histórica, expertos en su legado y su vida y obra, y dirigido al Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, sostiene que “está demostrado objetivamente que los procesos seguidos contra Miguel Hernández no tienen ningún rigor jurídico, los hechos atribuidos en los sumarios nunca se pueden considerar delitos y la pena de muerte sentenciada se apoyaba en aspectos ideológicos, de opinión o de su clara alineación en la defensa del orden establecido”.

Primer sumario

El primer sumario comenzó el mismo día que el poeta llegaba a la prisión habilitada de Torrijos. Había sido detenido por la policía portuguesa de Salazar el 30 de abril en Moura (Alentejo), y entregado a la Guardia Civil de Rosal de la Frontera, un pueblo de la raya onubense, tres días después acusado de pasar clandestinamente al país vecino.

Hacía un mes que había comenzado la paz de los vencedores y en su intención estaba el exilio. Pàmies López señala que ese sería el inicio de un primer periodo carcelario para Hernández que se extendería hasta su puesta en libertad el 15 de septiembre de ese mismo año.

Esta libertad, sin embargo, tenía fecha de caducidad porque “Su segundo y definitivo período se inicia al ser detenido en Orihuela, el 28 de septiembre de 1939 y termina con su fallecimiento en la prisión alicantina del barrio de Benalúa”. La calificación penal de los cargos: Delito de adhesión a la rebelión militar. Penas que se piden: Muerte.

Esa pena de muerte "se apoyaba en aspectos ideológicos, de opinión o de su clara alineación en la defensa del orden establecido y el apoyo a la elección de la ciudadanía de la II República, así como la utilización de sus palabras y escritos frente a los golpistas franquistas", remarca el colectivo solicitante en su escrito al Gobierno.

Pena de muerte

El investigador hernandiano explica que los sumarios de aquellos años, como el del propio Miguel Hernández, no recogían ningún testimonio de defensa de los encausados y que los consejos sumarísimos de urgencia se desarrollaban sin ningún tipo de garantía jurídica para los acusados.

El historiador y catedrático de Literatura de la Universidad de Alicante Juan A. Ríos Carratalá señala que la suerte del poeta fue compartida con miles de republicanos represaliados, “la premura de la represión impedía los distingos”.

El profesor, especialista en la etapa franquista, ha sido editor de la obra de recopilación documental “Los Consejos de Guerra de Miguel Hernández”, afirma que las irregularidades de los instructores de estos sumarísimos de urgencia eran notables sin que el tribunal las corrigiera antes de dictar sentencia .”La suerte de Miguel Hernández estaba decidida desde el mismo momento de la detención".

Los instructores y quienes finalmente le sentenciaron a muerte el 18 de enero de 1940, encabezados por el comandante Pablo Alfaro como presidente del Consejo de Guerra Permanente n.º 5, sabían de la relevancia del acusado". Proceso en el que también participó el alférez jurídico Antonio Luis Baena Tocón.

Gestiones

Y añade: “Nadie, absolutamente nadie, realizó gestiones que resultaran fructíferas para mejorar la suerte jurídica o carcelaria del condenado, al margen de algunas ayudas materiales. El propio Miguel Hernández cayó en el desánimo y fue consciente de la soledad del derrotado. Sus últimos días, hasta el fallecimiento en el reformatorio de adultos de Alicante, estuvieron presididos por una tragedia mezclada con una indigencia que llegó a extremos difíciles de comprender”.

La última gestión para reconocer su extraordinaria dignidad está en marcha. De producirse la declaración institucional de Reconocimiento y Reparación personal a favor de su familia los firmantes de la solicitud, más de doscientos, proponen el día 30 de octubre de 2024 día del nacimiento del escritor en Orihuela”.

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