PATRIMONIO EN LITIGIO
El Govern pide la nulidad de la sentencia sobre Sijena
La Generalitat presenta batalla judicial para evitar que las obras que conservan el MNAC y el Museu de Lleida no sean trasladadas al monasterio de Huesca
El 'conseller' de Cultura, Santi Vila, ha anunciado esta tarde en Lleida, que la Generalitat ha iniciado un nuevo procedimiento judicial para evitar el traslado de los bienes del monasterio de Sijena que se conservan en el Museu d'Art Nacional de Catalunya (MNAC) y el Museu de Lleida, que consiste en una petición de nulidad de actuaciones, en concreto contra las resoluciones del juzgado de Huesca que ordenó el retorno provisional de las piezas artísticas el próximo 25 de julio.
INDEFENSIÓN Y DERECHOS VULNERADOS
Este procedimiento, según ha comentado Vila en una rueda de prensa en el Museu de Lleida, ante tres de los sepulcros reclamados por Huesca, se basa en que las dos sentencias oscenses que reclaman la entrega de las piezas "nos sitúan en una clara posición de indefensión, trato desigual e injusto y, además, vulneran derechos fundamentales constitucionales".
La petición de nulidad, que solicita que se suspenda la ejecución provisional de la sentencia, se ha presentado ya en el juzgado número 1 de Huesca y argumenta que este, en sus resoluciones no ha dado respuesta a siete de los ocho requerimientos hechos por abogados de la Generalitat durante el proceso y, por tanto, se han tomado decisiones obviando "cuestiones fundamentales".
ARGUMENTOS
El documento señala que en las sentencias no hay referencias a la devolución de los 300.000 euros que costaron las obras cuando las compró la Generalitat, que se ha resuelto el traslado al monasterio a pesar de que ahora está alquilado a terceros ajenos al litigio, que en el traslado no se respetarían las normas de Patrimonio catalán ni se han valorado las condiciones de conservación y seguridad en la nueva ubicación.
El 'conseller' ha vuelto a insistir en que es "inasumible" cumplir la fecha del 25 de julio y ha afirmado que si fuese necesario las instituciones afectadas recurrirán el fallo a la Audiencia de Huesca y al Tribunal Supremo. "Estamos convencidos de que lo que se ha hecho siempre se ha hecho de buena fe, se ha actuado correctamente y algún tribunal nos lo reconocerá".
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