El fiscal considera que Garaganté puede ser acusado de falsedad en documento oficial
El ministerio público destaca que el médico coaccionado es un funcionario
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J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / BARCELONA
La Fiscalía de Barcelona considera que la actuación del concejal de la CUP Josep Garganté es más grave de lo que considera el juez, que la calificó de delito leve, y apunta que, además de las presuntas coacciones, al regidor se le podría acusar de un delito de falsedad en documento oficial, pues instó a un médico a faltar a la verdad en un informe oficial. La acusación pública ha recurrido la decisión del magistrado y sostiene que los hechos son un “delito menos grave”, un escalón superior al estimado por el juez.
El fiscal sostiene que Garganté iba acompañado de otras 10 personas que “de forma conjunta y coordinada accedieron” al CAP de Peracamps, aunque fuera el regidor “quien adquiriera mayor protagonismo” al dirigirse al facultativo para que cambiara la etiología de las lesiones padecidas por el mantero. En opinión de la acusación, no es “estéril, ni puede ser obviado” que es “un grupo coordinado” el que se sitúa frente al médico, lo que “aumenta la intensidad de la presión”.
ASISTENCIA ALTERADA
El escrito detalla que el incidente se produce en un centro médico en el que se presta una asistencia que “se vio alterada por los incidentes”. El grupo, incide el fiscal, con “su presencia y comportamiento”, dificultó el desempeño de las labores del personal sanitario en el servicio de urgencias, “con afectación de la atención" a los pacientes.
El recurso subraya que el médico se encontraba “revestido” de la condición de funcionario, hecho que “resulta altamente improbable” fuera desconocido por Garaganté por su condición de regidor. Y agrega: “Es evidente que el doctor, como funcionario, estaba siendo compelido a modificar, faltando a la verdad", un parte médico que tiene la condición de documento oficial.
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