Un cursillo y a detener

El proyecto de ley de seguridad privada elaborado por el Gobierno del Partido Popular y que fue aprobado el pasado martes en el Congreso dotará a los vigilantes de seguridad de capacidades que antes no tenían. Les colocará muy cerca de los agentes de las fuerzas de seguridad, puesto que les permite detener e identificar en la vía pública, patrullar en urbanizaciones, polígonos y zonas peatonales y tener acceso a información de ficheros policiales, e incluso abre la puerta a que el Gobierno o las consejerías de Interior recurran a los vigilantes de seguridad como complemento de la policía. Pero esa ampliación de capacidades no viene acompañado en la ley de un aumento de la exigencia de los requisitos formativos de ese personal, cuya formación y cuyos salarios siguen muy lejos de los de un mosso d'esquadra, un policía nacional, un guardia civil o un guardia urbano.

Así, mientras que un agente de los Mossos, además de superar unas oposiciones, tiene que aprobar un curso que dura nueve meses, al que le sigue un periodo de prácticas de un año, un vigilante solo debe realizar un cursillo de 180 horas lectivas en una de las academias habilitadas. Una vez completado, ha de someterse a pruebas físicas y de conocimientos, así como a un test psicotécnico, que lleva a cabo el Ministerio del Interior a través de la secretaría de Estado, y que son menos exigentes que las de acceso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Los requisitos de partida también son menores. Así, para ser vigilante no hay altura mínima y el límite de edad está en los 55 años. En cambio, los mossos no pueden medir menos de 1,65 metros ni tener más de 35 años.

La mitad del salario

Las mayores diferencias son de sueldo. Según Rafael Roldán, coordinador del sector de Seguridad de CCOO en Catalunya, el sueldo de salida suele ser de unos 800 euros y el salario medio está en torno a los 1.000. De hecho, los vigilantes sobreviven gracias a las horas extra. Esas condiciones están muy por debajo de lo que cobra un mosso recién acabado el año de práctica, que se sitúa en torno a los 1.800 euros.

Las divergencias atañen también a los horarios. Así, mientras que un mosso de seguridad ciudadana tiene una jornada de ocho horas entre semana y de 12 el fin de semana, muchos vigilantes, según este miembro del sindicato CCOO, trabajan jornadas extenuantes de 10, 12 y hasta 16 horas en algunas empresas, y a veces sin respetarse el descanso de 12 horas entre turno y turno.

En España, según datos de Aproser, la patronal de sector, hay habilitados 207.212 vigilantes de seguridad, de los que están en activo 88.250 y cuya media de edad ronda los 41 años.

El proyecto de ley ha generado división de opiniones en el colectivo de vigilantes privados. «La mayoría valoran el hecho de que se les dé en ocasiones la categoría de autoridad pública; aunque se lamenta que el Gobierno nos aumente las competencias sin que mejoren nuestras condiciones salariales», dice Roldán, quien señala que la profesión «está quemada». «Los salarios son muy bajos. Nuestra principal reivindicación es un mejor sueldo», dice Roldán.

Este representante sindical denuncia otra realidad: «La competencia salvaje entre empresas que ofrecen servicios por debajo del precio de coste y luego lo compensan estrangulando el sueldo de los vigilantes o pagando en negro horas extras». Y también enumera otras demandas. «Exigimos una mejor y más amplia formación continua», apunta. Actualmente, los vigilantes deben realizar cada año un cursillo de 20 horas. Si no lo hacen se arriesgan a perder su habilitación profesional.

El prestigio del colectivo

«Hay que prestigiar esta profesión», comenta Jaime, un vigilante con 25 años de experiencia en el sector, que reconoce la existencia de «una mala imagen injustamente amplificada». «La mayoría actuamos como profesionales. Que la gente piense con cuántos vigilantes trata al día y con cuántos tiene algún problema, y verá que estos son muy pocos», sostiene.

En su opinión, es imprescindible mejorar la imagen de los integrantes de este oficio antes de dotarles de mayores capacidades: «Si a la gente ya le molesta que le identifique o detenga un policía, imaginemos lo que pasará cuando el que le pare sea un vigilante».

Otro de los aspectos del proyecto de ley de seguridad privada que más polémica han levantado ha sido la posibilidad de que las fuerzas de seguridad del Estado puedan ceder datos a las empresas de seguridad privada. Fuentes de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades explicaron que la ley actual «no autoriza ese tipo de cesión de datos». Pero señalaron que si la nueva ley equiparara de algún modo a los vigilantes con agentes de la autoridad o establece un estatus de cooperación «sí se podría contemplar esa cesión de información, que habría de ser proporcionada, muy controlada y determinada caso por caso».