PRESUNTO DESVÍO DE FONDOS PÚBLICOS
Urdangarin se opone a la fianza de la fiscalía
Lanza duras críticas al Gobierno balear por ejercer la acusación
MARISA GOÑI / PALMA
J. G. ALBALAT / BARCELONA
Iñaki Urdangarin se opone a la fianza de 8,1 millones de euros que le exige la fiscalía, según el escrito de alegaciones presentado ayer por su abogado, Mario Pascual Vives. En el texto, el duque de Palma alega «falta de indicios racionales de criminalidad» en su actividad en Nóos y, por tanto, «inexistencia de responsabilidad civil», y lanza duras críticas a la actuación a las acusaciones, especialmente a la ejercida por el Gobierno balear de José Ramón Bauzá.
«Entra en el terreno deldelirium tremensque la propia Administración que decidió la forma jurídica en que debía llevarse a cabo la colaboración, tenga la osadía de personarse como acusación», sostiene su defensa, quien contrapone esta actuación con la de la Comunidad Valenciana, ausente en la causa. Es más, considera que el Ejecutivo balear no puede ejercer de acusación porque los contratos no los firmó con la comunidad en sí, sino con Ibatur e Illesport, dos organismos públicos.
DESCARGO EN TORRES / En el escrito, el duque de Palma defiende la valía del trabajo e imputa a la Administración la elección de los tipos contractuales y a su exsocio, Diego Torres, y sus excolaboradores, Marco, Miguel y Luis Tejeiro, la responsabilidad de las tareas financieras, fiscales, laborales o administrativas. «Difícilmente puedo ser responsable, y menos penalmente, de haber llevado a buen puerto tres proyectos sucesivos sin exigir aportaciones económicas superiores a las presupuestadas», sostiene. Urdangarin se muestra dispuesto a asumir el pago de posibles errores de tributación.
El juez instructor del caso, José Castro, pidió ayer tiempo para tomar una decisión. La fiscalía y Manos Limpias solicitan para el duque y su exsocio una fianza de 8,1 millones por el presunto desvío de fondos públicos captados por el Instituto Nóos en Valencia y Baleares entre el 2004 y el 2007, bajo los gobiernos de Francisco Camps y Jaume Matas.
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