Unió cree demostrado que no se financió ilegalmente
El partido descarta asumir responsabilidades porque UDC "no tuvo conocimiento" de las ilegalidades del 'caso Pallerols'
![La portavoz de Unió, Marta Llorens, en la rueda de prensa de este miércoles. EFE / TONI ALBIR](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/2545bbab-c050-4486-ac77-1fd8923f5f2a_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
La portavoz de Unió, Marta Llorens, en la rueda de prensa de este miércoles. EFE / TONI ALBIR
UnióDemocràtica no solo da porzanjado el'caso Pallerols' con el pacto alcanzado entre el fiscal y los acusados, sino que sostiene que la letra de ese acuerdo deja perfectamente demostrado que no se produjo financiación irregular del partido. La portavoz de los democristianos,Marta Llorens, se ha escudado en queUDC, comopartido, "no ha estado nunca imputado ni ha sido condenado", sino que se le considera "responsable civil subsidiario" deldesvío de fondosurdido por el empresarioFidel Pallerols. Es decir, que ha quedado probado que el partido deJosep Antoni Duran Lleida "no tuvo conocimiento" de las ilegalidades cometidas por unos militantes que ahora ya se han dado de baja.
Bajo estos argumentos, Llorens ha rechazado que Unió asuma nuevas responsabilidades políticas. Duran afirmó en el año 2000 que dimitiría si se demostraba la financiación irregular, pero con la resolución del caso, "esta premisa no se da". La portavoz ha recordado, además, que cuando estalló el caso, UDC ya tomó medidas contra los imputados del partido. Expulsó al entonces secretario de organización,Vicenç Gavaldà, y destituyó al presidente del consejo nacional. No obstante, Llorens ha confirmado que Unió pedirá un crédito para retornar el dinero que le reclama la justicia.
Asimismo, la portavoz democristiana se ha jactado de ser "el primer partido que resarce a la Administración pública" por un caso de desvío de fondos, "cosa que no han hicieron en el pasado otros partidos en situaciones similares", ha subrayado. También ha lamentado el "juicio paralelo" y el "ataque a la honorabilidad" que han sufrido los imputados al haberse prolongado el proceso judicial casi dos décadas.
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