El fiscal pide que se investigue la relación de Martorell y Método 3

El fiscal de Barcelona Pedro Ariche pretende investigar en profundidad los encargos que el actual director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat, Xavier Martorell, hizo a Método 3 cuando era jefe de seguridad del FC Barcelona, y abre la puerta a su imputación. Ariche ha pedido al juez Emilio Vila Mayo, que investiga un presunto delito de apropiación indebida en el club, que requiera al Cuerpo Nacional de Policía la confección de un informe que «analice y describa» los trabajos «reales» que resulten de la facturación del Barça con la agencia de detectives y en base al material confiscado en los dos registros efectuados en Método 3. Entre el material incautado hay facturas supuestamente abonadas por el club que no tienen nada que ver con la entidad deportiva, como las publicadas por EL PERIÓDICO relacionadas con el espionaje a dos exconcejales de Unió Democratica de Catalunya (CDC) en Sant Cugat del Vallès y a un alto cargo de este municipio, entre otros.

Ante esta petición y a requerimiento del fiscal, el juez suspendió ayer la declaración como testigo de Martorell prevista para hoy. El fiscal estima que la «situación procesal» de el alto cargo, al igual que la de otros testigos, «pudiera variar» en función del resultado de las indagaciones policiales sobre los trabajos que Método 3 facturó al FC Barcelona. En total, la agencia de detectives cobró por estos encargos 408.000 euros entre abril del 2008 y mayo del 2010. Un gasto que el club no considera suficientemente justificado, al igual que otros dos millones de euros que percibieron del 2005 al 2009 las empresas de seguridad Intelligence Bureau Services (IB) y Cybex Esperience.

La fiscalía considera que la facturación de Cibex e IB podría referirse a trabajos de «análisis de correos electrónicos y ordenadores de los empleados del club». Sin embargo, sostiene que más allá de una lista de palabras clave para detectar una fuga de información no consta soporte alguno en relación con el servicio prestado a la entidad azulgrana.

SORIANO Y OLIVER / El juez tomó ayer declaración como imputados al exvicepresidente económico del club Ferran Soriano y el exdirector general Joan Oliver, que han sido acusados por el Barcelona de los delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta y descubrimiento y revelación de secretos. Según la querella presentada por el club, estos dos dirigentes de la época de Joan Laporta «autorizaron personalmente el pago de una serie de gastos por cantidades muy importantes de las que ha sido imposible saber la relación con el objeto y los intereses del club». Esas cantidades son las abonadas a las tres agencias de detectives.

Soriano, que estuvo asistido por el abogado José Ángel González Franco, admitió que él validó algunas de las facturas investigadas y, en concreto, las giradas a las empresas Intelligence Bureau Services y Cybex Experience. Los pagos a estas dos firmas habrían servido, en parte, para abonar el coste de la instalación y mantenimiento de un programa informático para controlar los mensajes entrantes y salientes de los correos electrónicos de los empleados del club. Estas empresas también hicieron otros trabajos, como la búsqueda de micrófonos en las dependencias del Barcelona.

ENCARGOS VERBALES / Soriano justificó ese gasto, afirmó que los trabajos se realizaron y apuntó que si no existe minuta concreta es, precisamente, por precaución y porque los encargos «eran verbales». El exalto cargo azulgrana, que se negó a contestar a las preguntas del abogado del club, Jorge Navarro, detalló que había mantenido reuniones con los empleados de estas dos empresas para acordar los servicios a realizar y que en alguna ocasión asistió el vicepresidente Alfons Godall.

Joan Oliver, por su parte, admitió que había validado las facturas de Método 3 pero dijo que conocía el contenido de solo cuatro de ellas, las que corresponden a los informes elaborados sobre cuatro vicepresidentes del club, con un coste de 16.200 euros cada una. Sobre el resto de facturas, el imputado, defendido por el exfiscal general Eligio Hernández, atribuyó la responsabilidad a Martorell y aseguró que el entonces jefe de seguridad del Barça se las entregaba y él las validaba sin saber a qué trabajos correspondían.