El fiscal pide un año de prisión para Garcia Albiol por xenofobia

El fiscal de Barcelona Miguel Ángel Aguilar solicita un año de prisión y una multa de 8.100 euros para el alcalde de Badalona y dirigente del PPC, Xavier García Albiol, acusado de incitar a la discriminación, el odio o la violencia a través de la distribución de unos panfletos presuntamente xenófobos, así como por unas declaraciones de la misma índole efectuadas en distintos medios de comunicación. Como pena accesoria, reclama imponer la inhabilitación para concurrir a unas elecciones durante el tiempo que durase la condena.

El escrito de acusación entregado en el juzgado relata que en marzo del 2010 y después, durante la campaña a las elecciones municipales, García Albiol, «movido por su ánimo de obtener el suficiente apoyo de la ciudadanía para ganar la alcaldía», autorizó la confección de un folleto en que se vinculaba a los rumanos de etnia gitana con la delincuencia, la inseguridad, «sabiendo y aceptando el menoscabo que suponía a la dignidad, el honor y la fama» de este colectivo de inmigrantes.

El alcalde «participó personalmente» en la distribución del folleto en los barrios de Llefià, San Roque y La Salut, sostiene el fiscal. Se encargaron 15.000 ejemplares para su reparto. En una de las imágenes del panfleto se ve una pancarta colgada en un balcón con la inscripción literal «no queremos rumanos» y en otra aparecen dos mujeres rumanas acompañadas por un hombre con gorra en la calle. Abajo, puede leerse la frase: «¿Tu barrio es seguro?»

POLÉMICA / Según la acusación, la distribución de estos folletos por parte de García Albiol generó, «tal y como había previsto», una gran polémica en amplios sectores de la sociedad «con gran repercusión mediática». El acusado, consciente de ellos, incide el fiscal, en los días anteriores y posteriores al reparto del panfleto continuó su campaña electoral y compareció ante diferentes medios de comunicación «con el fin de propagar y amplificar su mensaje de incitación a la hostilidad y al trato desigual e injustificado contra los integrantes del colectivo gitano de origen rumano». El proceso judicial se inició a raíz de la querella que presentó la oenegé SOS Racisme.