Dudas en el TC sobre los avisos de suspensión a 21 autoridades de Catalunya
Algunos jueces consideran que no es su función realizar esas advertencias
El pleno del Tribunal Constitucional acordará la suspensión de la declaración independentista aprobada por el Parlament, pero dedicará más minutos de discusión a la pretensión del Gobierno Gobierno de notificar personalmente a 21 autoridades catalanas, entre ellas Artur Mas y Carme Forcadell, que serán suspendidos o imputados si desobedecen el mandato del alto tribunal.
Fuentes jurídicas han explicado que algunos magistrados son reticentes a convertirse en "agentes judiciales" al transmitir a esas personas que el Gobierno usará dos vías para responder a sus intenciones de seguir adelante con la declaración de independencia. El Abogado del Estado les ha solicitado que se notifique personalmente a Mas, Forcadell, los miembros de la mesa de la cámara catalana y a los 'consellers' que pueden ser suspendidos en sus funciones o se les puede abrir un proceso por desobediencia "en caso de incumplimiento" del mandato del alto tribunal.
CONOCIMIENTO A TERCEROS
Esas fuentes han recordado que sus decisiones se publican en el BOE, en el Boletín Oficial del Parlament y en el Diario Oficial de la Generalitat por lo que consideran que su mandato es conocido por todos. Las fuentes consultadas han expresado sus dudas sobre la conveniencia de que el Tribunal Constitucional haga este papel ahora sobre todo porque si finalmente el Gobierno pide la suspensión de estas personas, por no haber acatado la decisión del alto tribunal, tendrán que pronunciarse en este momento.
Los jueces tienen ya a su disposición la demanda del Gobierno en la que pide la suspensión y nulidad de la declaración de independencia por ser "claramente inconstitucional". Para el Abogado del Estado dicha declaración "ordena la secesión de España por medios no democráticos". Y es que sostiene que "el pueblo catalán existe porque el español reconoció el derecho de autonomía de las nacionalidades y regiones".
También rechaza que una reforma constitucional "que permita dar salida a las diversas inquietudes políticas" se haga de forma "unilateral" e ignorando "al pueblo, su soberanía y sus derechos".
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