La Audiencia condena a dos policías por el chivatazo a ETA

La Audiencia Nacional condenó ayer a los policías Enrique Pamies, exjefe superior de policía del País Vasco, y al inspector José María Ballesteros a un año y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación por revelación de secretos por el chivatazo a ETA en el bar Faisán, que frustró una operación contra la red de extorsión de la banda en mayo del 2006. Según el tribunal, ambos actuaron «con el designio de no entorpecer» el diálogo de paz abierto entre el Gobierno y ETA aprobado por el Congreso en el 2005, y para «acabar con la actividad» de la organización terrorista. El fallo irritó a las víctimas, que querían que Pamias y Ballesteros fueran castigados por colaborar  con ETA. Y el PP y UPD, lejos de sentirse satisfechos, volvieron a exigir responsabilidades a Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior en aquella época. Rubalcaba se limitó a mostrar su «respeto» por la decisión del tribunal, mientras que el actual titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, señaló que ambos policías se mantendrán en sus cargos hasta que el fallo sea firme.

La sentencia contextualiza el momento del soplo y recuerda que el Congreso de los Diputados autorizó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 17 de mayo del 2005 a iniciar un «diálogo con ETA siempre que esta dejara las armas» con el voto en contra de los entonces 147 parlamentarios del PP. Este acuerdo fue después respaldado por el Parlamento Europeo en octubre del 2006. Previamente, la organización terrorista había declarado una tregua que comenzó  el 24 de marzo de ese año.

Unos días antes, dice la sentencia, el 3 de mayo del 2006 se puso en marcha un dispositivo policial para detener a los miembros de una red de extorsión de ETA. Pamies fue informado de esta operación la tarde anterior y «con el designio de no entorpecer la situación política abierta de diálogo, para acabar con la actividad de ETA, desarrolló una actuación» para evitar la detención del dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, y de su contacto en Francia, José Antonio Cau, que iba a cruzar la frontera para recoger nueve millones de euros procedentes de la extorsión.

LA TAPADERA/ Por ello, según el tribunal, el exjefe superior del País Vasco buscó a un inspector para que avisara a Elosua y el elegido fue Ballesteros porque no pertenecía a la plantilla de San Sebastián. Los jueces dan por buenas las versiones de las acusaciones en el sentido de que Pamies reveló a Elosua los detalles de la operación a través de una llamada de teléfono móvil que le pasó Ballesteros tras localizar al presunto etarra en su bar. Los magistrados no se han creído las explicaciones de los agentes, que aseguraron que este día se iban a entrevistar con un confidente policial, quien confirmó esta versión ante el tribunal.

A pesar del chivatazo, los togados rechazan condenar a los policías por colaboración con ETA -como solicitó el fiscal y las acusaciones populares- por entender que su actuación iba encaminada a «proteger la convivencia pacífica de los ciudadanos», aunque sostienen que la misma supuso una revelación de secretos porque informaron de datos «de los que tuvieron conocimiento por razón de su cargo». También les reprocha que «entorpecieran» una operación policial que se frustró este día y que se llevó a cabo un mes más tarde.

Los policías anunciaron que recurrirán este fallo ante el Supremo, al igual que las acciones populares (PP, AVT y Dignidad y Justicia).  Los populares lamentaron que la sentencia no haya llegado «hasta el final» sobre «la verdad de quienes fueron los responsables reales» del chivatazo.