LA NUEVA ADMINISTRACIÓN ESTADOUNIDENSE
Trump amplía los criterios para deportar a millones de inmigrantes
Los nuevos planes facilitan los arrestos y sientan las bases para acelerar las expulsiones
Ricardo Mir de Francia
Periodista
Especialista en política internacional y reportero. Fue corresponsal en Washington durante una década, donde cubrió las presidencias de Obama, Trump y los inicios de Biden. Antes estuvo otros seis años en Oriente Medio. Licenciado en Periodismo por la Pompeu Fabra y con estudios de posgrado en Derecho Internacional, se ocupa actualmente de la guerra en Ucrania. Interesado también en temas de investigación, geopolítica de la energía, cambio climático y economía.
RICARDO MIR DE FRANCIA / WASHINGTON
La ansiedad que se había apoderado de las comunidades de inmigrantes en Estados Unidos está llamada a dar paso al miedo más crudo y justificado. Casi un mes después de que Donald Trump esbozara con varios decretos inmigratorios sus intenciones de perseguir con dureza a los indocumentados, el Departamento de Seguridad Interior ha hecho públicas las nuevas directrices para poner en práctica los planes del presidente. Las dos directivas amplían los criterios para arrestar y deportar a simpapeles, crean mecanismos para acelerar las expulsiones e instan a contratar a 15.000 agentes de fronteras adicionales. La Casa Blanca ha negado que persiga “deportaciones masivas”, pero la veda se ha abierto para que millones de personas puedan ser expulsadas.
Los nuevos criterios alteran las prioridades de las agencias de seguridad. En los últimos ocho años, la Administración de Barack Obama priorizó la expulsión de los inmigrantes condenados por delitos graves y los recién llegados aprehendidos en la frontera. Pero con Trump, prácticamente todos son susceptibles de ser repatriados. Eso incluye a los inmigrantes acusados de cualquier delito, antes incluso de que un tribunal los haya juzgado; a aquellos que hayan violado las leyes inmigratorias presentando documentación falsa o reentrando en el país tras una primera expulsión; o cualquier inmigrante que, a juicio de un agente de fronteras, constituya una amenaza para la seguridad.
SIN DIFERENCIAS
“El Departamento ya no excluirá a clases o categorías de ilegales susceptibles de ser deportados a la hora de aplicar la ley”, dice una de las directivas. “El personal tendrá plena autoridad para arrestar a un extranjero cuando presente indicios de haber violado las leyes inmigratorias”. En una conferencia telefónica con los medios, altos cargos de la Seguridad Interior han explicado que las nuevas directrices tardarán tiempo en implementarse y se llevarán a cabo de forma humana. “No necesitamos que se cree una sensación de pánico en las comunidades”, ha dicho uno de esos funcionarios de forma anónima. “No tenemos ni el personal, ni el tiempo ni los recursos para hacer redadas masivas en las comunidades y poner a la gente en autobuses. Eso solo es producto de la imaginación de algunos”.
Esas redadas, sin embargo, ya se están produciendo, pero hasta ahora el número de arrestos es muy parecido al que dejaron los primeros meses de Obama en el poder, un presidente que deportó a cerca de dos millones de simpapeles, lo que le valió el sobrenombre de “deportador en jefe”. Hace dos semanas, las autoridades detuvieron a 680 personas en 12 estados, una cifra muy similar a las 675 de media semanal que fueron aprehendidas durante el primer año de Obama en la Casa Blanca. El equipo de Trump también ha subrayado que mantendrá las salvaguardas concedidas por sus predecesores demócratas a los cerca de 750.000 inmigrantes que llegaron al país siendo unos niños, los llamados 'dreamers’.
REFORMA ENCUBIERTA
Las nuevas directivas no solo amplían los criterios de arresto. También socavan las garantías legales con las que contaban los inmigrantes y convierten a la policía y los 'sheriffs' locales en agentes de inmigración, al pedirles que colaboren en las tareas de deportación. También pretenden expeditar las deportaciones en caliente. Con las normas de la Administración de Obama, solo se podía expulsar a aquellos que hubieran sido detenidos a menos de 160 kilómetros de la frontera y siempre que llevaran menos de dos semanas en el país. Con Trump, la veda se expande a todos los inmigrantes que lleven menos de dos años en EEUU, independientemente de dónde hayan sido detenidos.
Esta reforma encubierta de la política inmigratoria, que no ha sido sancionada por el Congreso, está en consonancia con las promesas lanzadas por Trump durante la campaña, en la que culpó a los simpapeles de casi todos los males que asolan al país, desde la criminalidad a la escasez de empleos, y describió la situación en la frontera en términos apocalípticos. Los defensores de los inmigrantes se han apresurado a condenar las nuevas medidas, acusando a la Casa Blanca de utilizar a los inmigrantes como chivo expiatorio para crear miedo y "perseguirlos de forma indiscriminada". Es pronto para saber lo que está por venir, pero la veda está más abierta que nunca y las autoridades tienen ahora carta blanca para actuar con la máxima discreción y dureza.
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