INFORME SOBRE LA GESTIÓN
El Tribunal de Cuentas insta a controlar más el pago de pensiones a fallecidos
![Varios jubilados pasean por la Rambla.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/e1077cb6-2d2d-4b3a-b71c-0243ab4ddc9e_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
Varios jubilados pasean por la Rambla. / periodico
En plena tormenta por los reintegros reiterados de la hucha de las pensiones, un informe del Tribunal de Cuentas que apunta a deficiencias en el control de pensionistas fallecidos ha puesto a la Seguridad Social de nuevo en el ojo del huracán. El Tribunal de Cuentas ha alertado de la existencia de fugas en los controles de pensionistas fallecidos después de detectar que 29.321 personas ya muertas según el INE seguían 'cobrando' una pensión en el 2014, aunque reconoce problemas en las bases de datos que pueden alterar el resultado. El Ministerio de Empleo ha desmentido "rotundamente" esa conclusión y limita los problemas a desfases técnicos de corta duración por el desajuste entre la llegada de los partes de defunción y en casos muy concretos.
El Estado desembolsó a pensionistas muertos 25,3 millones de euros en diciembre del 2014, según recoge el informe de fiscalización del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) correspondiente al 2014, en el que se analizan los datos de fallecidos entre 1997 y agosto del 2015, y en el que el Tribunal de Cuentas concluye que existen una serie de "lagunas y deficiencias" en el control que ejerce la Seguridad Social sobre las defunciones de pensionistas y, en consecuencia, recomienda mejoras para impedir que se paguen prestaciones a personas ya muertas.
El mismo análisis asegura que de los 29.321 pensionistas que en diciembre del 2014 figuraban con el mismo DNI en la nómina de la Seguridad Social y como fallecidos en la base de datos del INE, "seguían en la de octubre del 2015 un total de 27.860, que equivalen al 95%". Sin embargo, el mismo informe reconoce que únicamente en 766 de esas personas había coincidencia del DNI y el nombre y algún apellido debido a múltiples errores en la base de datos del INE. Por ello, el INSS pidió la revisión de las conclusiones del informe.
La Seguridad Social sí admite la existencia de casos de abonos de pensiones a beneficiarios ya fallecidos por motivos técnicos o desfase entre la llegada de la información y la orden de pago que afectaron a 27.525 casos en el 2014 que se redujeron a 5.045 en el 2015. El importe abonado de más, que luego se reclama a los bancos, fue de 27,3 millones en el 2014 y de 11,8 millones en el 2015.
CARENCIA DE INFORMACIÓN
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha cargado contra las conclusiones del informe: "Es un disparate lo que el Tribunal de Cuentas plantea en su informe y sobre todo en la presentación pública de ese informe". "Todos los procedimientos son mejorables, pero el titular que hay 30.000 pensionistas fallecidos que están recibiendo una pensión no tiene absolutamente nada que ver con la realidad", ha asegurado Burgos en declaraciones a la Cope.
"El riesgo de que haya una falta de detección del fallecimiento de unos pensionistas en nuestro país y, desde luego, en un plazo superior a años, es inexistente, absolutamente ínfimo. Podríamos estar hablando de casos muy contados". El secretario a instado al Tribunal de Cuentas a que diga "quiénes son esas personas, y si no lo puede hacer es porque no existen".
BASES DE DATOS
El Tribunal de Cuentas recomienda al INSS analizar las coincidencias de pensionistas que figuran como fallecidos en la base de datos del INE; instar a las entidades financieras a que efectúen un control de vivencia de los pensionistas y remitan la correspondiente comunicación; y emplazar a las direcciones provinciales a realizar de manera sistemática un control de vivencia, al menos trianual, para interrumpir los plazos de prescripción.
El organismo también aconseja al INSS elaborar un manual de gestión de cobros indebidos de prestaciones; diseñar una aplicación informática integral para su utilización por todas las direcciones provinciales; analizar si los recursos materiales y humanos dedicados a la gestión de cobros indebidos son los adecuados; realizar actuaciones para conciliar y, en su caso, depurar el saldo de la deuda en gestión de cobro por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), y perfeccionar los procedimientos de comunicación entre ambas entidades.
1,2 MILLONES DE MAYORES DE 85 AÑOS
La Seguridad Social alega que en el sistema "existen 1,2 millones de pensionistas de más de 85 años" a los que el control de vivencia presencial "les ocasionaría graves perjuicios y además, daría lugar a suspensiones probablemente injustificadas, dado que muchos de ellos serían incapaces de comparecer, o incluso ni siquiera tendrían conocimiento de la exigencia".
Destaca también que el número de pensiones que generan retrocesión frente a las bajas por fallecimiento asciende al 1,2%, "que es una cifra inevitable si tenemos en cuenta los fallecimientos que se producen en los últimos días del mes, con respecto a los cuales no da tiempo a suspender el pago".
"Parece, pues, un tanto desproporcionado acometer costosos controles de vivencia que ocasionarían serias molestias a un colectivo numeroso y especialmente vulnerable para evitar este pequeño tanto por ciento de retrocesiones, que son devueltas inmediatamente por las entidades financieras. Realizar controles de vivencia indiscriminados a los pensionistas o instar a las entidades financieras a la realización de los mismos carece de lógica e iría en contra de la vocación de servicio público que tiene que imperar en nuestra actuación", concluye el INSS.
COBROS INDEBIDOS
En relación a la detección de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, se señala que se estaban reclamando con dos años de retraso los complementos a mínimos de las pensiones percibidos indebidamente por incompatibilidad con los ingresos del beneficiario. Esto supone un riesgo de cobro indebido del complemento a mínimos en los años sucesivos, ya que la normativa vigente no permite la suspensión cautelar en los casos de reincidencia.
Además concluyen que el INSS no disponía, durante el periodo fiscalizado, de un manual interno para la tramitación de los cobros indebidos de prestaciones que contemplase aspectos como criterios de gestión, controles a realizar, forma de efectuar estimaciones y cálculos, custodia de la documentación, fuentes de datos disponibles, etc.
Por otro lado, al parecer no hay un criterio uniforme en las distintas direcciones provinciales ante supuestos idénticos o muy similares, debido a que la Dirección General no homogeneiza ni coordina las actuaciones "más allá de dictar instrucciones sobre aspectos parciales de la misma", dice el informe.
Asimismo, el inventario de deudores por prestaciones del INSS a 31 de diciembre del 2014 presenta una serie de incidencias como la omisión de la fecha de resolución de expedientes que ya han sido resueltos, la inclusión de expedientes sin saldo inicial de deuda ni movimiento en el ejercicio, entre otras.
MINISTERIO DE JUSTICIA
El INSS destaca en sus alegaciones que, desde que comenzó la informatización de los registros civiles en el año 2009, el sistema principal de detección de fallecimientos es el intercambio diario de información con el Ministerio de Justicia. Pero inmediatamente añade que la labor de control y detección de fallecimientos de pensionistas sigue haciéndose, paralelamente, de forma manual y por diversas vías desde las propias direcciones provinciales del INSS.
De hecho, el INSS defiende que el intercambio de datos diario con Justicia "no releva ni libera" en absoluto a las direcciones provinciales de su labor de control y que, por esta razón, el control de fallecimiento de pensionistas es siempre un objetivo anual que se fija a las direcciones provinciales y "cuyo grado de cumplimiento condiciona el complemento de productividad".
El INSS alega además que casi el 95% del total de fallecimientos que se produjeron en España en el 2014 se registraron informáticamente en el correspondiente Registro Civil y se trasmitieron al INSS diariamente, por lo que las bajas de pensión por fallecimiento alcanzaron un porcentaje igualmente elevado. Tras exponer todos estos argumentos y otra serie de datos, el INSS considera que los resultados obtenidos por el Tribunal en lo que respecta al control de fallecimientos "debe ser objeto de revisión" al no corresponderse con la realidad.
El Instituto sí reconoce que los recursos humanos destinados a la gestión de deudas son escasos y que está pendiente de introducir mejoras, pero advierte de que la escasez de personal exige dar prioridad a las áreas relacionadas con el reconocimiento y mantenimiento de las prestaciones.
recursos humanos escasez de personal
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