INSTITUCIONES EUROPEAS
La UE recalca que no olvida la multa a España
El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, sostiene que no habrá más retrasos y que la decisión llegará a principios de julio
Multa o no multa. La posible sanción a España del 0,2% de su PIB, entorno a 2.100 millones, por no adoptar medidas efectivas para corregir el desvío del déficit público se ha convertido en las últimas semanas en foco de preocupación y en una de las preguntas más repetidas en Bruselas. Si uno confía en las palabras del ministro de economía en funciones, Luis de Guindos, España no será multada por desviarse casi un punto del objetivo de déficit en 2015. Pero si se atiende a las del vicepresidente Valdis Dombrovskis, e incluso al comisario Miguel Arias Cañete, el perdón parece imposible.
Lo único seguro es que el procedimiento sancionador –incluido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento- no se activará hasta pasadas las elecciones del 26J. A partir de esa fecha se abre la veda y todo apunta que la propuesta llegará para la reunión del colegio de comisarios del 5 de julio, a tiempo para que el siguiente Ecofin del 12 de julio se pronuncie.
Si los gobiernos apoyan el dictamen –solo puede ser rechazado por una mayoría cualificada de países en contra- España tendría 10 días para exponer sus argumentos y pedir la paralización del proceso, y la Comisión Europea un máximo de 20 para proponer la sanción, que podría quedar en cero si el gobierno español lo pide. Dombrovskis ya ha dejado claro que harán todo lo posible para no dañar la economía española lo que significa que España puede esquivar el castigo económico aunque difícilmente la reprobación moral de ser el primer país sancionado.
DECISIÓN EN CONTRA
La Comisión Europea tendría que haber decidido el 18 de mayo, tras un debate previo celebrado el 10 de mayo, en el que Domvrovskis y el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, lograron el apoyo de sus colegas para sacar adelante un dictamen negativo, según figura en la anotación de la reunión. Una decisión con dos consecuencias: avanzar en el proceso sancionador que desencadena automáticamente la multa y la congelación de fondos estructurales.
Sin embargo, la política entró en escena y una carta del presidente en funciones Mariano Rajoy a su colega y presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con quien comparte familia política, consiguió paralizar el procedimiento. Aunque España cerró 2015 con un desfase del 5,1% frenta al 4,2% pactado con la UE, Rajoy convenció al democristiano de meter en el congelador la multa hasta pasada la cita electoral a cambio de "nuevas medidas" en la segunda mitad del año si gana las elecciones.
Paralelamente, embargo, el colegio si accedió a dar un año más a España –hasta 2017- para rebajar el déficit por debajo del 3% del PIB a cambio de un ajuste estructural de 8.000 millones en el marco de las recomendaciones económicas de 2016. La decisión enfadó al ministro de finanzas alemán, que pidió explicaciones durante la última reunión de ministros de economía y finanzas de la UE, lo que llevó al presidente del Ecofin, Jeroen Dijsselbloem, a pedir un informe jurídico sobre la decisión de desvincular la prórroga del proceso sancionador por déficit excesivo.
"Ha habido preocupaciones frente a decisiones recientes sobre Portugal y España", admitía de nuevo Dijsselbloem este martes ante la Eurocámara. "La Comisión tiene que darse cuenta de que el pacto está en sus manos. Si la gente percibe que hay un doble rasero es muy dificil pedir a todos que cumplan con lo pactado. Se lo dije a la Comisión y los comisarios son conscientes de mi preocupación", añadía. "No hay planes para posponer de nuevo las decisiones", respondía poco después el vicepresidente Valdis Dombrovskis. "No me puedo adelantar a la decisión de la Comisión de principios de julio pero la Comisión como guardiana de los Tratados tiene la obligación de velar por el cumplimiento", señalaba el letón.
El análisis del equipo jurídico del Consejo concluye que ambas decisiones deben ir de la mano lo que deja poco margen a la Comisión y significa que el año extra incluido en las recomendaciones de política económica para España (y también para Portugal) no se podrá adoptar provisionalmente en el Ecofin de este viernes –esta previsto aprobar provisionalmente las 27 recomendaciones- y quedará aparcado hasta julio, una vez que Bruselas adopte el dictamen en el que debe constatar si España no adoptó medidas eficaces en 2015. El documento, al que ha tenido acceso El Periódico, incluye las cuatro recomendaciones realizadas por Bruselas pero mantiene entre corchetes el primer punto relativo a la nueva senda fiscal que sitúa el objetivo de déficit para este año en el 3,7% y en el 2,5% para 2017.
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