POLÍTICA PRESUPUESTARIA
Rajoy deja en herencia la necesidad de un ajuste extra de 25.000 millones
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID
El Gobierno en funciones de Mariano Rajoy deja a su sucesor la patata caliente de tener que acometer un ajuste descomunal, de 25.000 millones de euros, para lograr rebajar el déficit público desde el 5,2% del PIB –hasta donde se desbordó en el 2015- hasta el 2,8% en el 2016, que es la meta que Bruselas exige a España.
Según los datos difundidos por Hacienda, en el 2015 se desvió el déficit de las autonomías (que alcanzó el 1,66%, casi un punto por encima de su objetivo del 0,7%) y el de la Seguridad Social, que derrapó hasta el 1,26% (objetivo del 0,6%) por la debilidad de las cotizaciones. Estos excesos fueron compensados solo parcialmente por la administración central, que mejoró su registro en una décima (2,76% frente al 2,9% fijado) y por los ayuntamientos, que en lugar del equilibrio presupuestario previsto, lograron un superávit del 0,44%.
BUSCANDO CULPABLES
En total, el déficit público alcanzó los 55.755 millones de euros en el 2015 (5,2% del PIB) y en el 2016 debería quedar reducido hasta el entorno de los 31.000 millones (el 2,8% del PIB). La necesidad de un ajuste de unos 25.000 millones de euros en un solo año, tras la larga crisis de ocho años, se antoja casi imposible (en los cuatro años de legislatura el déficit se ha ajustado en unos 43.000 millones).
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Previendo que no se logrará esa meta, sobre España pende ya la amenaza de que la Comisión EuropeaComisión Europea abra un expediente sancionador por el incumplimiento del objetivo de déficit (con multas que pueden llegar al 0,5% del PIB, unos 5.400 millones). Para intentar evitar una multa, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, bajo la presidencia del mismo Rajoy, ha aprobado este jueves un paquete de medidas de mayor disciplina contable para las autonomías, a las que el Gobierno culpa del desparrame del déficit con carácter general y, muy especialmente, a Catalunya.
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El PSOE, sin embargo, relaciona el desvío del déficit con las rebajas fiscales “electoralistas”, en el IRPF y el impuesto de sociedades que el Gobierno adoptó en el 2015, según el socialista Jordi Sevilla.
La propia Agencia Tributaria, en su Informe de Recaudación de diciembre del 2015 publicado este jueves, estima que la rebaja fiscal “tuvo un coste para la recaudación de 2015 de 5.984 millones, de los cuales 4.906 tienen su origen en las medidas iniciales y 1.078 corresponden a las que entraron en vigor en julio”. El sindicato Gestha de técnicos de Hacienda cifra en otros 3.000 millones el impacto pendiente en el 2016.
El secretario de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, exculpado a las autonomías de la desviación. “Las comunidades no pueden ahogarse con objetivos de déficit imposibles de cumplir sin seguir deteriorando más estos servicios”. “Además -ha añadido- las comunidades representan un tercio del gasto, y si les correspondiera un tercio del déficit, su objetivo habría sido del 1.4% para este año, prácticamente el mismo que han tenido”.
LOS PEORES PRONÓSTICOS
Los datos del déficit difundidos por Hacienda han superado con mucho los peores pronósticos. El objetivo de déficit del 2015 era el 4,2% del PIB. El presidente en funciones, Mariano Rajoy, admitió en febrero que podría alcanzar el 4,5%. La Comisión Europea calculó que el desvío iba a ser mayor, hasta el 4,8%. Este jueves se ha sabido que el desbordamiento llega al 5,2% y eso significa que el déficit se ha desviado en más de 10.000 millones de euros sobre el objetivo marcado.
"Los datos publicados confirman las preocupaciones de la Comisión sobre la trayectoria presupuestaria de España, tal y como lo expresamos en la opinión adoptada el mes de octubre”, ha advertido Pierre Moscovici, el comisario europeo de Economía que en otoño fue acusado por el PP de querer interferir en la campaña electoral española en beneficio del PSOE.
DISCIPLINA AUTONÓMICA
La Comisión Europea ha lanzado a España una advertencia para que en el Programa de Estabilidad 2016-2019 que el Ejecutivo debe presentar en abril incorpore medidas de disciplina sobre las autonomías, so pena de recibir una sanción.
Este mismo jueves el Gobierno ha adoptado estas medidas, encaminadas a que el gasto de las autonomías no crezca en el 2016 por encima del 1,8% de modo que todos los ingresos adicionales (10.000 millones, según Hacienda) se destinen a reducir el déficit. Además, las autonomías acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) deberán acogerse de forma obligatoria a los techos de gasto establecidos para el gasto sanitario y el farmacéutico.
RENEGOCIAR CON BRUSELAS
Además, el Gobierno en funciones del PP ya admite sin disimulos la necesidad de renegociar los plazos con la Unión Europea. Rajoy admitió esta posibilidad en febrero, en el documento negociador con cinco propuestas de pacto de Estado que ofreció a PSOE y Ciudadanos para que apoyaran su investidura.
Hasta ahora, se le había puesto sordina a esta opción que sí demandan abiertamente PSOE, Ciudadanos y Podemos. Ahora, sin embargo, el ministro Montoro, ha recordado la existencia de ese documento; y su homólogo en Economía, Luis de Guindos, ha hablado de ello sin disimulo.
De Guindos ha explicado en París que sin "adelantar acontecimientos", lo que España está pactando con Bruselas estos días, a través de distintas reuniones de trabajo, es hacer una "proyección de lo que puede ser la evolución del déficit en 2016", añadiendo las medidas adicionales para recortar el desvío en las comunidades autónomas en 2015.
Según Luis Garicano, de Ciudadanos, la “gravedad” del dato del déficit urge a la formación de un Gobierno que adopte medidas con urgencia. La formación naranja ha lanzado una campaña en la red social twitter para denunciar las “mentiras” de Rajoy sobre el déficit y la “irresponsabilidad” del líder de Podemos, Pablo Iglesias, por querer aumentar el gasto público en al menos 60.000 millones de euros.
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