CAMBIOS EN LA REGULACIÓN ENERGÉTICA
El Gobierno crea al menos tres tipos de usuario de la luz con derecho a ayuda
El recibo de los usuarios más vulnerables lo pagarán los servicios sociales y el bono social
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Agustí Sala
Redactor jefe de Economía
Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School
AGUSTÍ SALA / BARCELONA
El Gobierno crea tres tipos de usuario eléctrico con derecho a ayudas. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha presentado un real decreto ley mediante el que se modifica la financiación del bono social y los cortes de luz a los consumidores más vulnerables. El periodo de preaviso desde el impago hasta dejar sin suministro pasará de los dos meses actuales a cuatro.
Con las modificaciones se prohibirá el corte de suministro en determinados supuestos, el de los usuarios en situación más vulnerables que estén siendo atendidos por los servicos sociales. En estos casos los servicios sociales autonómicos y municipales se harán cargo de esos recibos, a cuyo pago contribuirá el bono social, que supera los 200 millones de euros anuales.
Actualmente, la ley del sector eléctrico ya prevé una serie de suministros considerados esenciales a los que en ningún caso podría suspenderse el suministro eléctrico (cárceles, hospitales, etc.). Con esta aprobada por el Ejecutivo se pasa a incluir también a los consumidores en situación de "vulnerabilidad severa". Se establece a la vez que las comercializadoras eléctricas cofinanciarán una parte de los gastos que las administraciones competentes estén ya realizando para atender a estos consumidores.
En cuanto a la financiación del bono social, esta se amplía a todas las comercializadoras. Así, además de los grandes grupos como Endesa, Iberdrola o Gas Natural deberán participar también un conjunto de compañías que suponen el 6% del mercado.
Nadal, que ha atribuido la reforma al acuerdo con distintas fuerzas políticas, ha explicado que hará una definición más variada del consumidor vulnerable. Los 2,4 millones de contratos que se benefician actualmente del bono social y que suponen un total de siete millones de personas, cuentan actualmente con un mismo descuento del 25% en el precio regulado (PVPC).
Con los cambios se darán intensidades de ayuda diferentes que, además estarán ligadas al nivel de renta del beneficiario nivel de renta del beneficiario, una vez que se apruebe el reglamento que desplegará la norma.
ÍNDICE PARA COMPARAR OFERTAS
El ministro también ha anunciado que se creará "una especie de índice" para que los consunidores ordinarios puedan comparar entre las ofertas de las distintas comercializadoras. Nadal ha comparado esta herramienta al TAE que se utiliza para comparar los créditos bancarios.
Gracias a la aprobación del decreto ley, la financiación del bono social queda garantizada. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo la puso en entredicho, por considerar que debía ser financiado por el conjunto de las comercializadoras. Otro fallo del 2021 obligó a reformarlo porque solo corría cargo de las empresas generadoras (productoras de electricidad).
En la configuración actual del bono social se incluyen los usuarios con una potencia contratada inferior a tres kilowatios (3 KW), pensionistas de más de 60 años con prestación mínima de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, familias numerosas y aquellas en las que todos sus miembros están en paro. En todos los casos disfrutan de un descuento del 25% sobre la antigua tarifa regulada, hoy denominada PVPC.
El real decreto da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, desarrolle la normativa necesaria "para establecer los términos y condiciones de aplicación de estas medidas de protección al consumidor, así como para impulsar medidas de protección y de mejora de la transparencia en la contratación del suministro de los consumidores vulnerables".
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