El Consejo de la UE cuestiona la prórroga del déficit a España

El balón de oxígeno que la Comisión Europea concedió a España hace quince días -en forma de un año extra para rebajar el déficit por debajo del 3% (hasta 2017) y de aplazamiento de una eventual multa de hasta 2.100 millones- le acaba de amargar la campaña electoral al presidente en funciones y candidato por el PP, Mariano Rajoy. Los servicios jurídicos del Consejo han puesto en entredicho el procedimiento utilizado por Bruselas y la primera consecuencia será aplazar al mes de julio la adopción de las recomendaciones específicas a España y, por tanto, también la prórroga de un año que Moncloa pedía para reducir el déficit.

El pasado 18 de mayo el Ejecutivo de Jean-Claude Juncker decidió incluir en sus recomendaciones específicas por país la concesión de un año adicional a España y Portugal para corregir el desvío presupuestario, pero al mismo tiempo aplazó “a principios de julio” la decisión sobre si multar o no a ambos países por no haber adoptado medidas efectivas en 2015. En el caso español, el gobierno cerró el ejercicio con un déficit del 5,1% cuando debería haber sido del 4,2%. Bruselas argumentó entonces que “no era ni el momento político ni económico adecuado” y que contaba con el aval de sus juristas.

La doble decisión dio aire al gobierno en funciones, ante la próxima cita electoral del 26J, pero generó un profundo malestar en algunas delegaciones, especialmente entre Alemania o el Banco Central Europeo que vieron la mano política de Juncker detrás de la decisión y una aplicación de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento demasiado a la carta y flexible. El ministro alemán Wolfgang Schäuble se quejó públicamente tanto en Bruselas como en Berlín y la presidencia holandesa de la UE decidió encargar un dictamen jurídico a los servicios del consejo y volver a analizar la situación en el Consejo de ministros de economía y finanzas (Ecofin) del próximo 17 de junio.

El dictamen, remitido esta semana a las capitales europeas y que ahora nutrirá el debate entre los gobiernos, alimenta todavía más la controversia y deja en evidencia el trabajo del equipo de Jean-Claude Juncker. Según han confirmado fuentes europeas, el texto de siete páginas no entra a valorar si la decisión adoptada por Bruselas es legal o no, pero sí examina si las decisiones que adoptó el Ejecutivo comunitario son “coherentes”. La conclusión no deja ninguna duda sobre lo que piensan los abogados del consejo: no es posible ampliar el plazo para corregir el déficit público y al mismo tiempo no tomar una decisión sobre el procedimiento sancionador.

Dicho de otro modo, ambas decisiones -que Juncker se empeñó en desvincular aunque estaba todo preparado para lanzar el proceso sancionador- deberían haber ido de la mano. Concretamente, lo que reprochan a la Comisión Europea es que no debería haber utilizado como base para conceder un año extra a España el artículo 121 del Tratado, relativo a las recomendaciones específicas por país que presenta cada año, sino el 126 que es el que regula el procedimiento por déficit excesivo. Es decir, Bruselas debería haber dado un paso más en el proceso sancionador dentro del brazo correctivo del pacto en vez de conceder un nuevo margen a España utilizando el brazo preventivo.

La primera consecuencia de este análisis se verá el 17 de junio cuando el Ecofin, según han explicado fuentes comunitarias, tiene previsto aprobar las recomendaciones de política económica dirigidas a todos los Estados miembros salvo las de España y Portugal que tendrán que aplazarse a una reunión posterior. La Comisión Europea ha eludido entrar en el debate y ha reiterado que su decisión respeta las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, teniendo en cuenta la discreción política, y que presentarán su propuesta a principios de julio, una vez pasadas las elecciones españoles. “El vicepresidente Dombrovskis y el comisario Moscovici estuvieron aquí el 18 de mayo y dijeron claramente lo que decidimos hacer con las recomendaciones específicas para cada país y que volveríamos sobre ello a principios de julio. Es nuestra posición”, ha dicho el portavoz de Juncker.

REACCIÓN EN LA MONCLOA

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado en la reunión del Consejo de Ministros que los servicios jurídicos solo expresan dudas por el "mero procedimiento" y no por la nueva senda del déficit ni por la multa, informa Pilar Santos. "Dicen que esa senda se ha incluido en las recomendaciones al país y que, sin embargo, deberían haber ido por la vía del programa de déficit excesivo, que se dará dentro de unas semanas", ha argumentado.