Barcelona en Comú plantea unas ordenanzas sin muchos cambios para lograr apoyos

En el ayuntamiento les dio el miércoles por hablar de música. Seguramente porque es más amable que referirse a negociaciones, pactos o cesiones. Y más aún teniendo en cuenta que la tarde anterior el gobierno de Barcelona en Comú (BC) volvió a salir escaldado de las negociaciones por las empresas participadas por BSM. Con una nueva derrota bajo el brazo fruto de su soledad en el pleno, Gerardo Pisarello, el primer teniente de alcalde (dirige las áreas de Presidencia, Economía, Hacienda, Trabajo, Régimen Interno, entre otras, además de ejercer de negociador con la oposición), se plantó con la mejor de sus sonrisas para presentar su propuesta de ordenanzas fiscales para el año próximo.

Hace días que BC esboza qué impuestos y tasas quiere modificar. Su principal baza es la congelación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). "Se trata de un documento de partida pero con la voluntad de alcanzar acuerdos. No obstante, la filosofía es que no toquemos el bolsillo de los ciudadanos", resumió Pisarello. La otra idea es beneficiar a los colectivos más castigados, además de impulsar bonificaciones ambientales.

SIN CONTEMPLAR EL NO

BC se ha presentado con este proyecto inicial de ordenanzas fiscales ante la mayoría de los grupos municipales. Con la CUP todavía no lo han hecho por razones de agenda. Por la otra parte han recabado propuestas "que tienen una música que suena bien aunque todavía se tiene que ver la letra", describió Pisarello. El número dos del consistorio se refirió a la oferta del PSC de aplicar una "zona cero" de impuestos para los nuevos empresarios durante el primer año, así como la idea de ERC de plantear una "fiscalidad progresiva". El regidor sostuvo que ambas eran iniciativas dignas de ser estudiadas.

"No contemplamos la idea de que la oposición se oponga a unas ordenanzas que por primera vez en años congela el IBI. El margen es suficientemente abierto pero no creemos que haya argumentos de peso para que los rechacen", aventuró el responsable de Economía.

EL TEMOR DEL CATASTRO

No obstante, las primeras reacciones de los partidos no fueron de adhesión. CiU, Ciutadans, PSC y PP salieron pocos minutos después de la presentación del gobierno a evaluarla. La concejala de CiU y predecesora de Pisarello, Sònia Recasens, usó el símil artístico: "La música de las ordenanzas no suena bien". A continuación sostuvo que no hay ninguna novedad y alertó de que la congelación "demagógica" del IBI esconde en realidad la revisión del catastro del 2017, un hecho que BC defiende para lograr que sea un impuesto mejor distribuido.

Esta misma prevención acerca del catastro fue pronunciada por la edil socialista Montserrat Ballarín, que además habló de leer "la letra pequeña" por si acaso la congelación podía repercutir en los gastos sociales. La líder de Ciutadans, Carina Mejías, se quejó de que no se aprovechen las ordenanzas para rebajar la presión fiscal a los barceloneses, una interpretación que, una vez más, coincidió con el PP. Su concejal Javier Mulleras lamentó que el equipo de Colau no haya aprovechado para bajar impuestos y tasas y de este modo la capital catalana se consolide «como la ciudad más cara de España».

OBJETIVO: DAR TRÁMITE

Ya por la tarde del miércoles, el presidente del grupo de  ERC en el ayuntamiento, Alfred Bosch, sostuvo en un comunicado que creía que las ordenanzas presentadas por BC eran mejorables y que la línea a seguir es que aporten más "quienes más tienen". Aunque el gobierno de Colau ya tiene entre sus prioridades la apuesta por la fiscalidad verde, el hecho de que se haya introducido un deseo explicitado días atrás por los republicanos hace prever que hay posibilidades firmes de que por lo menos ellos se sumen.

Con ERC, el PSC y al menos un voto de la CUP (sean afirmativos o abstenciones), BC necesita como sea dar trámite a las ordenanzas en la comisión de la semana próxima e igualmente en el pleno del 30 de octubre.