PRESUNTA ESTAFA
El fiscal acusa a nueve altos cargos de constructoras por el fraude millonario del Port
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J. G. Albalat
Redactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
J. G. ALBALAT / BARCELONA
La Fiscalía de Barcelona solicita de siete a 10 años de prisión para nueve altos cargos y técnicos de dos uniones temporales de empresa (UTE) por un presunto fraude de 29 millones de euros cometido en las obras de la prolongación del dique Est del Port de Barcelonadique Est del Port de Barcelona, que se iniciaron en el 2001 y finalizaron en el 2008. El juicio está pendiente de fecha.
A los investigados se les imputa haber falseado facturas por unas piedras que no se llegaron a utilizar y por el cobro de otras rocas para construir una instalaciones cuando en realidad se utilizaron escombros. La Autoridad Portuaria, que ejerce la acusación particular y está representada por el abogado Rafael Entrena, eleva la presunta estafa a 47 millones de euros. La fiscalía acusa a todos los encausados de falsedad documental en relación con un delito de estafa, por los que les pide siete años de cárcel. A un jefe de departamento le añade dos delitos de fraude a Hacienda y reclama para él 10 años de prisión
La Autoridad Portuaria adjudicó en septiembre del 2001 la obra de prolongación del dique a una UTE Dique Este formada por las empresas FCC Construcción, Ferrovial-Agromán, Construcciones Rubau y Copisa por un importe de 165 millones de euros, con la financiación de 83 millones del Fondo de Cohesión de la Unión Europea. Posteriormente, en el 2013, se amplió esa cantidad hasta los 197 millones de euros.
La fiscalía sostiene que se falsificaron facturas por la compra de 865.000 toneladas de piedras a una empresa que “no se correspondían con operaciones reales”, ya que estas rocas nunca existieron ni se utilizaron. A pesar de ello, este material fue incluido en las certificaciones emitidas por la UTE al Puerto de Barcelona por un importe de 9 millones más el margen industrial y gastos generales, por lo que la facturación por las “piedras inexistentes” se elevó a 11 millones de euros.
UN MATERIAL POR OTRO
{"zeta-legacy-despiece-vertical":{"title":"Un muro del Tibidabo a Col\u00f3n","text":"El dique Est que ha investigado la justicia es solo una parta de las gigantescas obras de ampliaci\u00f3n del puerto de Barcelona que se iniciaron con el desv\u00edo del r\u00edo Llobregat. Para proteger los nuevos muelles se hicieron 6,8 kil\u00f3metros de diques: los 2,1 del Est y los 4,7 del Sud. Si ambos muros, de los que solo emerge una peque\u00f1a parte, se colocaran en l\u00ednea recta unir\u00edan el\u00a0Tibidabo y Col\u00f3n\u00a0con una altura de siete pisos. El gran arco del dique Sud es el que protege el muelle Prat, donde en la actualidad est\u00e1 instalada la terminal Best."}}
Por otro lado, para la construcción del dique era preciso realizar instalaciones auxiliares (dos plataformas) para la ejecución del material de las obras. Dichas instalaciones se construyeron sobre escombros y no sobre escollera (piedra de cantera), cuyo precio es inferior. Sin embargo, la UTE cobró una cosa por la otra y percibió casi 18 millones de euros.
El fiscal Fernando Maldonado también incluye en su escrito de acusación a miembros de otra UTE que fue contratada para el control “cuantitativo y cualitativo” de la escollera. Señala que es “significativo” que el único material que no fue objeto de control en la entrada de la obra eran las piedras teóricamente suministradas por un proveedor y que nunca existieron.
Según las acusaciones, no consta ni hora de entrada de camión, ni pesaje, ni matrículas, ni cualquier otro dato que permitiera la identificación del transportista. Los investigadores, además, comprobaron que las matrículas que si se hacían figurar eran falsas, al igual que los albaranes que acreditaban la supuesta entrega del material.
El presunto fraude fue detectado por la Agencia Tributaria al escrutar las cuentas de una empresa subcontratada por la UTE que hizo la obra. En concreto, al cotejar el IVA pagado en materiales por esa firma con el que había recibido tras la certificar las obras.
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