Colau aplaza dos años el desarrollo de la ordenanza de terrazas de Barcelona
El cambio, que evitará que se sumen cientos de nuevos casos de reducciones de mesas a las que ya se han producido, no convence al sector
Patricia Castán
Periodista
Periodista en El Periódico de Catalunya desde 1996. Ha ejercido de redactora y jefa de sección en Gran Barcelona. Especializada en los ámbitos de economía local, comercio, turismo, vivienda, ocio, gastronomía y tendencias urbanas.
PATRICIA CASTÁN / BARCELONA
A menos de dos semanas del 2016, el Ayuntamiento de Barcelona ha confirmado que cumplirá con lo prometido y aplazará hasta el 2018 la entrada en vigor de nuevos artículos de la polémica ordenanza de terrazas que afectan a la ubicación de las terrazas con respecto a las fachadas que ocupan los bares y restaurantes. La medida evitará que se sumen cientos de nuevos casos de reducciones de mesas a las que ya se han ido produciendo este año, cuando empezó a aplicarse el apartado de las distancias respecto al mobiliario urbano (semáforos, bancos, contenedores…).
En un comunicado, el consistorio explica también que ha introducido ajustes en estas distancias, que afectan a unos 2.200 operadores. Como ya avanzó EL PERIÓDICO EL PERIÓDICO, esos puntos fueron presentados hace unos días al Gremi de RestauracióGremi de Restauració, que junto con el Consell de Gremis, PIMEC y el Gremi de Forners los rechazaron en el marco de la comisión técnica de terrazas, aunque lograron luz verde con los votos de los representantes municipales. La tenienta de alcalde Janet Sanz ha explicado que esta será una primera revisión, pero con la prórroga de dos años se pretende disponer de tiempo para realizar una modificación más profunda de la regulación.
SEPARACIÓN MÍNIMA
Según el sector, estos pequeños cambios introducidos ahora solo salvan a un 10% de los afectados. Una de las medidas es que la separación mínima entre terrazas contiguas pase de 1,8 metros a 1,5. También se introducirán “novedades” en las distancias con el mobiliario urbano, “en base a criterios técnicos de movilidad, seguridad y accesibilidad”. Se trata de precisiones respecto al artículo 10 de la ordenanza y que establece numerosas mediciones respecto a paradas de bus, pasos de cebra, semáforos y demás elementos. Son revisiones que prevé la propia normativa y que se aprobarán en breve por comisión de gobierno.
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El ayuntamiento espera así “corregir disfunciones detectadas” en la normativa heredada del mandato de Trias, que “en algunos casos se consideran demasiado exigentes y en otros demasiado flexibles”. No obstante, el ayuntamiento asume que se “aumentará el margen de interpretación de cada caso en función del territorio y la congestión”. Un reto complejo porque la casuística es enorme y el objetivo inicial de la regulación fue unificar el máximo de criterios.
Para el Gremi de Restauració, el paso dado por el consistorio “resuelve algo de los próximos años pero no soluciona el problema actual”. Consideran que alguno de los ajustes incluso perjudica a más restauradores.
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El aplazamiento de los artículos que habrían entrado en vigor el próximo enero supone que de momento los veladores que ocupan más amplitud que la fachada del establecimiento pueden continuar así. También se traslada a enero del 2018 el artículo que tendría que haberse aplicado desde enero del 2017 sobre accesibilidad y número de lavabos. Estos cambios tendrán que ser aprobados inicialmente en la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad que se celebrará el próximo martes, y pasar después los correspondientes periodos de alegaciones y retoques antes de la aprobación final. No habrá afectaciones aunque se apruebe entrado enero.
El sector exhibió ayer su enfado con la iniciativa municipal, al considerar que el ayuntamiento debería haber congelado también el asunto de las distancias, para poder abrir así un debate más sereno sobre las modificaciones de futuro. "Lamentamos que no se ponga fin a la pérdida de mesas y de puestos de trabajo", criticaron. A su juicio, el equipo de Ada Colau no ha hecho el mínimo avance porque "se limitan a materializar lo que ya anunciaron en septiembre".
El conflicto de las terrazas ha abierto un frente político en el ayuntamiento, con Ciutadans, el PP , el PSC y Esquerra en desacuerdo con la alcaldesa, y que ya votaron aplazar la aplicación de las restricciones de distancias en la anterior comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad.
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