Barcelona investiga posibles irregularidades en su Instituto de Informática

El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto una investigación para revisar la gestión del Instituto Municipal de Informática (IMI) en los años 2014 y 2015, tras conocer que hay facturas pendientes de pago por valor de 1,4 millones de euros por importes no reconocidos en el ejercicio que les correspondían y contrataciones de personal externo presuntamente irregulares.

El grupo de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona ha defendido la gestión del IMI durante los años que ocupó la alcaldía y ha avisado de que no tolerará "cazas de brujas" ni propagación malintencionada de rumores, datos incompletos o manipulados.

El primer teniente de alcalde de Economía, Gerardo Pisarello, ha señalado que ésta es la segunda gran auditoría de una organismo municipal que encarga el gobierno de Barcelona en Comú, después de la de Barcelona Regional, Barcelona Regional aún en marcha.

Pisarello ha destacado que, en ambos casos, la dirección política de los dos organismos municipales estaba a cargo del exconcejal de CiU Antoni Vives, que dejó el consejo municipal el pasado mes de octubre.

"Hay que detectar si hay un patrón común de actuaciones irregulares y eventuales malas prácticas", ha explicado Pisarello, que ha asegurado que es necesario "llegar hasta el final" para aclarar los hechos y detectar las responsabilidades que se deriven "por el bien del ayuntamiento y de estos organismos".

ANALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha firmado un decreto donde encarga a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas del Ayuntamiento analizar los procedimientos empleados por este organismo municipal para llevar a cabo su gestión económica financiera durante los ejercicios de los dos últimos años.

El consistorio ha abierto un expediente "para determinar y exigir, en su caso, responsabilidades de todo orden que puedan derivarse de la realización de gastos sin la correspondiente partida presupuestaria y sin utilización de los procedimientos establecidos legalmente".

El expediente analizará "el cumplimiento de la legalidad en la contratación de personal y de servicios según la ley de Contratos del Sector Público, así como con respecto al Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común", ha informado el consistorio.

Esta voluntad de revisión arranca a partir de un informe de los servicios técnicos del IMI que constató la existencia de una serie de facturas pendientes de pago emitidas por diferentes proveedores al instituto por valor de 1,4 millones de euros, por importes no reconocidos en el ejercicio que les correspondían.

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Una primera auditoría realizada por los servicios municipales apunta "una alta proporción de contratación directa y negociada sin publicidad, sin considerar la oferta del mercado y con riesgo de fraccionamiento contractual, al tiempo que marca también posibles irregularidades en la contratación de personal externo".

La alcaldesa ha nombrado por decreto también dos responsables de Intervención y Servicios Jurídicos municipales como instructores del expediente y al cargo de la actuación administrativa de oficio en caso de detectarse alguna irregularidad.

El decreto firmado por la alcaldesa también prevé dar cuenta al primer plenario del Consejo Municipal de la resolución de este expediente.

RESPUESTA DE CiU

En una nota de prensa, CiU ha manifiestado su "absoluta disposición a colaborar en la revisión e investigación del trabajo realizado en el IMI a los largo de los 4 años del mandato del gobierno de Trias" y a la vez reclama al Gobierno de Colau toda la información sobre la investigación que ha abierto y la "máxima transparencia en la auditoría a la gestión", con el objetivo de defender el "trabajo extraordinario" que se ha hecho en los últimos cuatro años. Asimismo, ha advertido de que no tolerará una "cazas de brujas".