108 euros la noche en una residencia estudiantil

Miles de barceloneses hicieron números hace ya unos años. Por un piso de tres habitaciones se podían generar de 800 a 1.000 euros al mes (ahora probablemente más) con un alquiler convencional. Pero la cifra se elevaba potencialmente a 3.000, 4.000 o más (según temporada) si se arrendaba por días. Muchos corrieron a sacar una licencia que por poco más de 200 euros de tasa única se convertía en un chollo de por vida. La perversión del hostelero aficionado ha llevado a abrir pisos sin permiso (una vez cerrado el grifo de las licencias) y a convertir algunos legales en falsos hostales. Y a exprimir incluso residencias universitarias. 

La batalla de Ada Colau para el inmenso negocio doméstico que ha florecido en paralelo a los hoteles recuerda a la de Leónidas en la cruzada de las Termópilas. Solo que la alcaldesa no cuenta ni con 300 aguerridos espartanos para erradicar los miles de pisos de uso turístico fuera de la ley. De hecho dispone de 20 inspectores, más 20 visualizadores, más los inspectores de distritos (con más carteras que la trinchera turística). De forma que pese al esprint estival de detecciones, el seguimiento de los casos y la comprobación incluso de los casi 1.500 pisos pendientes de cierre es una labor titánica. 

Barcelona acumula casi 1.500 pisos turísticos ilegales con órdenes de cierre

La concejala Gala Pin ha metido hoy el dedo en la llaga al recordar que lo que brotó como economía colaborativa es ya un 'business' de campeonato en muchos casos, teniendo en cuenta -dice- que un usuario llega a ofertar 88 pisos. Suelen ser intermediarios, pero detrás hay grandes inversores con muchos pisos en explotación. Algo que el colectivo defiende para "profesionalizar" el servicio y la respuesta ante problemas. Y es que este verano, además de los 1.123 pisos turísticos sospechosos de ser ilegales denunciados por vecinos que recibieron la carta del ayuntamiento que invita a la delación, ha habido 56 situaciones en los que una queja telefónica por molestias (010 o 092) no se puede solventar porque no hay manera de localizar al supuesto gestor.

Con las residencias la cosa se complica, porque si están adscritas a universidades pueden tener convenio para ejercer de albergue en determinados periodos y cuotas. No obstante, las dos denunciadas de Melon District están en territorio de equipamientos y se publicitan como residencias de estudiantes de "estilo fresco y dinámico", aunque según el ayuntamiento funcionan como hoteles. Una habitación individual cuesta en su sede del Paral·lel desde 720 euros al mes; 843, si es un estudio. Pero si alguien desea dormir mañana martes en una de sus habitaciones (en capacidad doble) pagará 108 euros la noche. Según el día, la cifra sube o baja en su web. Es decir, una semana con turistas genera tantos ingresos como un mes con estudiantes.

El consistorio ha requerido al negocio para que restituya la actividad autorizada (residencia). Pero la dirección del establecimiento ha presentado alegaciones y replica que sus residencias (también en otros países) se basan en fusionar los dos usos para dar "viabilidad económica a una actividad de interés público" (los estudiantes) y mejorar la calidad del alojamiento. Afirma "entender" que están conformes a la regulación, "aceptada por la Administración desde el 2007". Y destacan que uno de sus valores es ofrecer distintos tipos de estancias.

RECELOS Y TRAMPAS

La suspicacia vecinal respecto a estos temas está tan a flor de piel que vecinos de Les Corts, por ejemplo, mantienen la guerra abierta a una residencia de investigadores cuyo proyecto ya cuenta con el visto bueno municipal. Está en terrenos del arzobispado, pero la normativa es tan ambigua en algunos casos que temen que cobije a turistas. 

La nueva ley del Govern, a la que han llovido alegaciones, tratará de ordenar el 'sidral' de tipologías turísticas nacidas en los últimos tiempos, incluidas las alegales hasta ahora habitaciones en casas particulares, con el anfitrión bajo techo.