La mujer que decidirá sobre la minería submarina: "Mi mayor miedo es el impacto a largo plazo"

El 1 de enero de 2025 la oceanógrafa brasileña Leticia Carvalho (Río de Janeiro, 1973) será la nueva Secretaria General de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de regular actividades que afectan al suelo oceánico, como la minería submarina. Esta industria –que aún no ha arrancado, a la espera de la regulación– ha despertado, por un lado, altas expectativas entre los países y empresas ansiosas por extraer minerales estratégicos como el manganeso, el cobalto o el níquel. Y, por otro lado, ha suscitado críticas y temores de que pueda alterar uno de los pocos lugares del planeta que quedan intactos, y de cuyos ecosistemas no se sabe demasiado.

Carvalho atiende a EfeVerde por videollamada desde Nairobi, donde trabaja como coordinadora de Asuntos Marinos y de Agua Dulce en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con sede en la capital keniana. La diplomática reemplazará en cuatro meses al británico Michael Lodge como dirigente de la ISA, en un momento que es “crítico” para el organismo, admite.

La ISA debe ultimar a lo largo de 2025 el controvertido código que regulará la minería submarina

Aunque la entidad lleva existiendo tres décadas, y el debate sobre la minería submarina tampoco es nuevo –apunta Carvalho–, la ISA debe ultimar a lo largo de 2025 el Código que regulará la minería submarina, y que una vez sea implementado dará el pistoletazo de salida a esta nueva industria, hasta ahora en fase de exploración.

El debate ha llegado con más fuerza a la opinión pública en los últimos dos años, señala, pero lamenta que quizás lo haya hecho “con una agenda más negativa que positiva”.

El mandato fundamental de la ISA es gobernar los fondos marinos y el suelo oceánico, que desde hace 42 años se consideran patrimonio de la humanidad, según lo estableció en 1982 la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés), una suerte de "Constitución de los océanos".

“No hay ninguna otra entidad o principio similar que dé derecho a un espacio del mundo a ser patrimonio común de la humanidad”, subraya Carvalho. Y esto, a su juicio, hace que la discusión sobre lo que se debe hacer –y cómo– allí abajo sea “extremadamente especial”.

Cómo y cuándo arrancará la minería submarina

La duda en este punto no es si la minería submarina será una realidad o no, confirma la oceanógrafa. La pregunta es, más bien, cuándo será posible y de qué manera se permitirá. Los países representados en el Consejo de la ISA tienen hasta finales de 2025 para presentar un reglamento minero ante la Asamblea. Pero algunos estados, como Nauru –un país insular del Pacífico–, llevan años presionado a esta autoridad internacional para que se den prisa en la conclusión del código minero y así poder explotar cuanto antes esos recursos que se han encontrado en el suelo oceánico.

En los fondos de una zona cercana a esta isla del Pacífico se han hallado metales valorados entre 8 y 16 billones de dólares: nódulos polimetálicos que contienen manganeso, cobre, níquel y cobalto, entre otros materiales esenciales para el despliegue, por ejemplo, de energías renovables y de coches eléctricos, pero también para la producción de teléfonos móviles o de otros dispositivos electrónicos.

Se trata de un área conocida como Clarion-Clipperton, que se extiende desde Hawái hasta México y colinda con la zona económica exclusiva de Nauru. El país, asociado a la empresa canadiense The Metals Company, será previsiblemente uno de los primeros en solicitar ante la ISA la explotación de Clarion-Clipperton, augura Carvalho.

El organismo lo integran 168 estados miembros (además de la Unión Europea), aquellos países que han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y cuenta también con otros 29 países observadores, entre ellos Estados Unidos.

Una vez el código minero haya sido aprobado en la Asamblea, el Consejo de la ISA podrá valorar, en base a ese reglamento, si una solicitud como la de Nauru puede o no proceder.

Ambiente polarizado

La polarización ha crecido en las negociaciones en Kingston (Jamaica), sede de la ISA. Algo que Carvalho, como otros diplomáticos, atribuye a la gestión de Lodge, que ha sido Secretario General del organismo durante los últimos ocho años. El abogado británico ha sido muy criticado por haber tomado partido en las negociaciones y posicionarse claramente del lado de la industria minera. Funcionarios de Alemania y Costa Rica recriminaron a Lodge haber desafiado a los diplomáticos que llamaron al principio de precaución para ralentizar la regulación y postergar así el inicio de la minería submarina, una actividad a la que, por cierto, se opone España.

El actual secretario general ha sido muy criticado por haber tomado partido y posicionarse claramente del lado de la industria minera

“No es tarea de la secretaría interferir en la toma de decisiones”, aseveró la secretaria de Estado alemana de Asuntos Económicos y Acción Climática, Franziska Brantner, en una carta enviada el 16 de marzo de 2023 a Lodge con la que se hizo el periódico The New York Times. “En el pasado, usted se ha posicionado activamente en contra de las posturas y propuestas de toma de decisiones de las delegaciones individuales”. El gobierno alemán, advertía Brantner, “está seriamente preocupado por este enfoque”.

“Los Estados miembros deben impulsar la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Las decisiones deben provenir de ellos y no deben ser impulsadas por quienes solo tienen funciones administrativas. La explotación de los fondos marinos no puede precipitarse [por] los intereses económicos de unos pocos”, sentenció por su parte, en una publicación en X, la representante permanente de Costa Rica en la ISA, Gina Guillén Grillo.

Custodiar el derecho sobre el mar y ser neutral

Carvalho, con un perfil más medioambientalista que pro-industria, promete, sin embargo, ser neutral en su puesto de Secretaria General. Pero no cree que esa neutralidad en los procesos implique dejar de velar por la protección de los océanos, pues la protección de los mares es, dice, elemento fundamental de su mandato y su deber de custodiar el derecho sobre el mar.

“En esta posición de Secretaria General, si me atengo al derecho del mar, estoy obligada a tomar las medidas para garantizar que las políticas de protección del océano se van a cumplir. Como Secretaria General no voy a tomar partido. Está completamente descrito en mi mandato de este cargo, por la ley al más alto nivel, que debo crear un proceso que cuide y proteja el medio ambiente por el bien de la humanidad. Esto es una obligación. No es una opción e, incluso, no depende de mis propias creencias sobre cuánto hay que proteger o cuánto hay que explotar”, defiende en la entrevista.

“La Convención de la ONU del Derecho sobre el Mar fue muy inteligente, muy diligente, en decir que no podemos tener esta actividad a costa de dañar el océano de forma que las generaciones futuras no puedan aprovecharse de sus beneficios”, agrega.

Amenazas de la minería submarina

¿Qué riesgos asociados a la minería submarina teme Carvalho, personalmente? Su mayor miedo, confía la oceanógrafa, es el impacto “acumulativo y a largo plazo” de esta actividad, algo que “es muy difícil de predecir”. “Por supuesto, como actividad minera, a medida que se escala y adquiere una forma comercial, puede ser muy perturbador”, advierte.

Como científica, insiste, su mayor preocupación son “los impactos acumulativos en el largo plazo, no solo de la minería en sí misma y de todos los diferentes contratos o de todas las empresas que actúan dentro del mismo espacio al mismo tiempo, sino también los impactos de esta actividad en relación con otras actividades”.

Gobernanza de los océanos

Carvalho trabajó también en el ministerio de medio ambiente de Brasil entre el año 2000 y 2018, y participó como delegada del gobierno brasileño –y, posteriormente, como directora de océanos y agua en el PNUMA– en las negociaciones sobre el acuerdo de biodiversidad más allá de la jurisdicción nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés), también conocido como el Tratado de Alta Mar, algo que celebra como un hito, y una pieza clave para la gobernanza de los océanos.

“Estoy absolutamente segura de que esta es la pieza que faltaba para la gobernanza de los océanos que preveía la convención sobre el derecho del mar. Ahora, con BBNJ, tenemos el marco ideal en la recopilación de todos los acuerdos”, alega. El Tratado de Alta Mar, dice, puede ser complementario a la función de la ISA como regulador de la minería submarina. BBNJ impulsará la designación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales, desde la superficie hasta el suelo oceánico, una tarea para la que Carvalho ofrece además los datos científicos que la ISA ha recopilado a lo largo de los últimos treinta años. Por otro lado, asegura que “gestionar bien la minería, consiguiendo un marco regulatorio que afiance el papel de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, será la mejor respuesta para asegurar la implementación de BBNJ”.