Entra en vigor la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza, que obliga a recuperar espacios degradados
Ahora, cada país miembro deberá concretar cómo aplica el contenido de la norma en su territorio
Los espacios degradados deberán ser recuperados / Europa Press/Edwin Remsberg
Por qué confiar en El Periódico La Comisión Europea ha anunciado la entrada en vigor este domingo de la esperada Ley de Restauración de la Naturaleza, destinada a devolver los hábitats a su estado natural, que fue aprobada a mediados de junio tras meses paralizada por falta de consenso en el Consejo.
Con este texto, la Unión Europea busca recuperar al menos el 20 por ciento de las zonas terrestres y marinas comunitarias para 2030 y todos los ecosistemas que lo necesiten para 2050.
A este fin, se contemplan medidas que van desde la repoblación de bosques, hasta la recuperación hídrica de humedales, pasando por la devolución de ríos a su estado natural, entre otros.
La eliminación de barreras artificiales en ríos, una de las medidas previstas / Agencias
El lado controvertido de esta iniciativa legal tiene que ver principalmente con el temor de los agricultores a que traiga consigo la imposición de fuertes restricciones para el sector.
No obstante, ha aclarado la Comisión, corresponderá a cada uno de los Veintisiete decidir las medidas concretas a aplicar en su territorio.
El 80% de los hábitats europeos están en mal estado
En la actualidad, en torno al 80 por ciento de los hábitats del territorio comunitario se encuentran en mal estado, según datos de la propia UE. Asimismo, el 70 por ciento de los suelos se encuentran en un estado insalubre y el 10 por ciento de las especies de abejas y mariposas sufren amenaza de extinción.
La ley, que había sido objeto de un largo y acalorado debate, fue finalmente aprobada por una estrecha mayoría el pasado 17 de junio, tras el cambio de posición de Austria, que terminó votando a favor de una versión suavizada del texto inicial.
Así, esta primera ley europea de biodiversidad ha salido adelante con el voto a favor de 20 Estados miembros, la abstención de Bélgica y el rechazo de Finlandia, Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Suecia, que alegaron su elevado gasto y su posible impacto sobre el sector agrícola como motivo de su rechazo.
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