Seis jóvenes portugueses denuncian judicialmente a 32 países por su "inacción climática"

La sociedad civil, y especialmente los jóvenes, está movilizándose también ante la justicia para detener el cambio climático. Hace solo un mes, un grupo de estudiantes de Montana (EEUU) logró una histórica victoria ante los tribunales, que obligaron a dicho estado a reforzar sus políticas climáticas. Ahora toca a Europa. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) empezó a examinar esta semana una denuncia presentada por seis jóvenes portugueses contra 32 países (entre ellos, España) a los que acusan de no hacer lo suficiente para detener el calentamiento global.

«El caso se refiere al impacto del cambio climático que los demandantes consideran imputable a los Estados, especialmente el calentamiento global traducido en olas de calor e incendios forestales que afectan a sus vidas y su salud», declaró a la agencia AFP Siofra O’Leary, presidenta de la Gran Sala del tribunal.

La demanda, en línea con otras acciones recientes que reclaman “justicia climática”, tuvo como desencadenante los masivos incendios forestales de 2017 en Portugal, que mataron a más de cien personas.

Los denunciantes, que tienen de 11 a 24 años, se consideran directamente afectados por esta situación y, en concreto, alegan que sufren ansiedad por su salud ante la crisis climática, así como otras dolencias.

Vulneración del derecho a la vida

Algunos de ellos alegan alergias y problemas respiratorios, tanto durante los incendios como después de ellos, y sostienen que sus enfermedades persistirán si el planeta sigue calentándose.

«Los gobiernos europeos no nos protegen», lamentó André Oliveira, de 15 años, uno de los denunciantes.

André y sus cinco compañeros acusan a los 27 países de la Unión Europea, así como a Rusia, Turquía, Suiza, Noruega y Reino Unido de no haber limitado suficientemente las emisiones de gases de efecto invernadero, pese a que así lo exigen las evidencias científicas por la gravedad de la situación.

En términos jurídicos, aseguran que esta inacción vulnera su derecho a la vida y su derecho al respeto a la vida privada y familiar, establecidos por los artículos 2 y 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

«Los gobiernos europeos no nos protegen», lamentó André Oliveira, de 15 años, uno de los denunciantes

Más de 80 abogados y juristas de los Estados incriminados acudieron a la audiencia, salvo Rusia, que no ha presentado defensa.

Inicialmente, la denuncia también incluía a Ucrania, pero este país fue retirado de la lista tras el inicio de la guerra.

El TEDH catalogó el caso como «cuestión prioritaria» y lo encomendó a la Gran Sala, la de mayor jerarquía dentro del tribunal, integrada por 17 jueces.

Los países denunciados se defienden

Por su parte, los países denunciados alegan que el TEDH es una corte a la que se recurre cuando se agotan las vías judiciales nacionales, algo que no habría ocurrido en este caso, porque los jóvenes elevaron directamente la causa ante ese tribunal europeo, sin acudir antes a los tribunales nacionales.

Ricardo Matos, representante del gobierno portugués, aseguró que los jóvenes «no han demostrado que sean directamente víctimas. Las simples conjeturas no son suficientes».

Los jóvenes «no han demostrado que sean directamente víctimas; las simples conjeturas no son suficientes», afirma el gobierno portugués

Los denunciantes argumentan que intentar presentar casos separados en los 32 países sería una «carga excesiva y desproporcionada» en un caso que requiere atención urgente.

Los abogados de los seis jóvenes declararon que tales argumentos son la respuesta típica de los gobiernos en casos climáticos como este, añade la AFP.

«Es un patrón con el que intentan evitar la investigación de sus políticas climáticas, pues únicamente se centran en los criterios de admisibilidad», indicó Gearoid O Cuinn, director de la oenegé británica Global Legal Action Network (GLAN), que respalda a los denunciantes.

«El mejor resultado es que se declare que estos 32 países han violado los derechos de estas personas y que el tribunal emita una decisión jurídicamente vinculante que les obligue a cambiar sus políticas, a promulgar recortes profundos y urgentes de las emisiones de gases de efecto invernadero», añadió.

Es probable que pasen varios meses antes de que el tribunal decida si puede admitir el caso.

Hasta ahora, las decisiones del tribunal en materia de medio ambiente no abarcaban el calentamiento global, sino cuestiones como las catástrofes naturales y la contaminación industrial. Sin embargo, los activistas recurren cada vez más a la justicia para forzar a los gobiernos a actuar contra el cambio climático.

El precedente de Montana (EEUU)

En agosto, un juez del estado de Montana en Estados Unidos falló a favor de un grupo de jóvenes que acusan a las autoridades locales de violar sus derechos a un medio ambiente limpio.

El juez dio la razón a los activistas ambientales que denunciaban que las agencias estatales estaban violando su derecho constitucional a un medio ambiente limpio y saludable, al permitir el desarrollo de combustibles fósiles sin considerar su efecto sobre el clima.

El fallo, que es el primero de este tipo en EEUU, se suma a una pequeña cantidad de decisiones legales en todo el mundo que han establecido el deber del gobierno de proteger a los ciudadanos del cambio climático.

La jueza del tribunal de distrito Kathy Seeley consideró inconstitucional la política que usa el estado de Montana para evaluar las solicitudes de permisos de combustibles fósiles, que no permite que las agencias evalúen los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero.

El juez Seeley escribió en el fallo que “se ha demostrado que las emisiones y el cambio climático de Montana son un factor sustancial que causa impactos climáticos en el medio ambiente de Montana y daños y lesiones” a los jóvenes.

«El gran avance de los últimos años fue aclarar que esta conexión entre derechos humanos y cambio climático es muy obvia, muy clara», dijo Maria-Antonia Tigre, coautora de un informe sobre esta cuestión publicado por el Sabin Center de la Universidad de Columbia.

«Podemos usar la ley de derechos humanos (…) para forzar a los Estados y las empresas a tomar más acciones», añadió.

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Contacto de la sección de Medio Ambiente: crisisclimatica@prensaiberica.es