Trump culmina su asalto a la ley clave de protección del medioambiente en EEUU

Uno de los mayores asaltos de Donald Trump a las regulaciones medioambientales, y ha lanzado ya un centenar en menos de cuatro años, ha culminado este miércoles. El presidente de Estados Unidos ha anunciado un cambio regulatorio, que ya avanzó en enero, por el que debilita la trascendental Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA por sus siglas en inglés) y limita, reduce y en algunos casos incluso elimina revisiones públicas de impacto ambiental de proyectos de infraestructura para acelerar la construcción de, por ejemplo, auopistas, plantas eléctricas u oleoductos y gaseoductos.

La necesidad de reactivar la economía estadounidense, duramente golpeada por el coronavirus, ha servido a Trump para justificar la necesidad de su acción, que ha calificado de "histórica" y "sin precedentes" en un acto sobre infraestructuras en Atlanta (Georgia), donde se estudia la ampliación de la autopista interestatal I-75. Lo cierto es que el plan estaba diseñado ya desde antes de que llegara la pandemia, satisfaciendo las demandas de diversos sectores interesados como el de la construcción o el de los combustibles fósiles y provocando las denuncias, y los avisos de retos en los tribunales, de activistas medioambientales y sociales que trabajan con las comunidades pobres y de minorías, las mayores víctimas del racismo medioambiental.

Obviar el cambio climático

En la diana de Trump está la ley que firmó el 1 de enero de 1970 Richard Nixon y que algunos comparan con la Carta Magna del derecho ambiental en EEUU. Y lo que hace, supuestamente para acabar con "innecesarias burocracias" que “han hecho perder billones de dólares”, es alterar algunas de sus directrices. Por ejemplo recorta a un estricto plazo máximo de dos años el tiempo permitido para que las agencias federales realicen sus estudios de impacto ambiental vinculados a obras y proyectos, valoraciones que de media suelen llevar actualmente cuatro años y medio. También acorta el plazo que se da para realizar comentarios y limita los tópicos que se pueden abordar en ellos. Asimismo, establece algunas categorías en las que ni siquiera será requerido que haya un estudio.

El elemento que los críticos consideran más destructivo, no obstante, está en otro de los cambios: eximir a las agencias federales de la obligación de considerar el impacto que los proyectos  bajo estudio podrían tener en el cambio climático. En concreto, se dice que “los efectos no se deben considerar significativos si son remotos en el tiempo o geográficamente o el producto de una larga cadena de causas”. Y  expertos como Brett Hartl, del Centro para la Diversidad Biológica, han declarado que “este puede ser el mayor regalo a los contaminantes en los últimos 40 años”.

El asalto de Trump a la NEPA en un momento en que ha quedado demostrado el impacto desproporcionado de la pandemia del coronavirus en minorías raciales y cuando el país vibra en una reflexión sobre la justicia racial y social también explica otra de las denuncias. Porque las comunidades de minorías, también víctimas del racismo ambiental (con los negros de EEUU con un 75% más de posibilidades que los blancos de vivir cerca de fuentes de polución, con riesgo incrementado de diabetes, asma, hipertensión y otras enfermedades), ven debilitada su voz en el debate de proyectos que marcarán esas comunidades. “En vez de escuchar el plan de la Administración Trump pretende silenciar esas voces”, ha denunciado en la radio pública NPR Sharon Buccino, una de las abogadas del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.

Asunto electoral

El anuncio de Trump se ha producido un día después de que su rival demócrata en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, el exvicepresidente Joe Biden, presentara las líneas generales de su plan para combatir el cambio climático. El demócrata ha prometido una inversión de dos billones de dólares para impulsar las energías limpias y reconstruir infraestructuras.  “Cuando Donald Trump piensa sobre el cambio climático la única palabra que alcanza a decir es “engaño”. Cuando yo pienso en ello la palabra en la que pienso es trabajos”, dijo.

El plan de Biden incluye lenguaje que sugiere que si llega a la Casa Blanca revertirá los cambios de Trump a la NEPA. Esa es una posibilidad dado que una ley da un plazo de 60 días al Congreso y al Ejecutivo para deshacer, con una mayoría simple en las cámaras, alteraciones en regulaciones federales. La otra opción, y ya está anunciada por grupos que defienden el medioambiente, es una avalancha de demandas en los tribunales.

Esa lucha judicial ya en marcha ha logrado precisamente en los últimos días hacer a Trump sufrir varias derrotas y han frenado operaciones en tres polémicos proyectos de oleoductos y gaseoductos: el Keystone XL, el Dakota Access y Atlantic Coast.