Tragedias migratorias

Human Rights Watch acredita que Chipre y Líbano expulsan por la fuerza a refugiados de Siria

Un nuevo informe de la ONG documenta los mecanismos abusivos de las autoridades chipriotas y libanesas, que actúan en cooperación y financiadas por la UE

Archivo - Combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) cerca de Baghuz, en el este de Siria (archivo)

Archivo - Combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) cerca de Baghuz, en el este de Siria (archivo) / Aboud Hamam/dpa - Archivo

Andrea López-Tomàs

Andrea López-Tomàs

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Amir lo tiene claro. Este joven refugiado sirio quiere abandonar el Líbano. En el país donde reside desde que estalló la guerra civil en el suyo, no hay oportunidades para él y el racismo ya hace meses que se ha convertido en violencia en contra de los que son como él. “Quiero volver a intentarlo”, declara a este diario, mientras muestra vídeos de sus travesías. Amir llegó hasta las costas italianas, a más de 2.000 kilómetros de su puerto de partida. En otra ocasión, alcanzó las playas chipriotas, a 200 kilómetros de las libanesas. Pero, en ambos momentos, el sueño dulce de un futuro digno en el continente europeo apenas duró unos minutos. Amir y sus compañeros de travesías fueron devueltos al Líbano. Como ellos, ha habido muchos otros. Miles de refugiados sirios convertidos de nuevo en víctimas de aún más violaciones de sus derechos humanos.

En este caso, los perpetradores son las Fuerzas Armadas Libanesas y las autoridades chipriotas. Un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) muestra que los agentes de ambos países trabajan juntos para impedir que los refugiados lleguen a Europa y luego los deportan pese al peligro que corren en Siria. Atrapados entre un país natal en guerra y otro de acogida sumido en una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, algunos refugiados sirios optan por buscar una mejor vida en territorio europeo. Pero allí no son bienvenidos. Desde el Líbano, las costas europeas más cercanas son las chipriotas. En los últimos años, centenares de sirios se han embarcado en naves que comparten con entre 17 y 200 personas, según explican los refugiados entrevistados por HRW. Algunas de ellas también son desesperados ciudadanos libaneses y palestinos.

Siria no es segura

A lo largo del informe ‘“No puedo volver a casa, quedarme aquí o irme”: expulsiones y retiradas de refugiados sirios de Chipre y Líbano’, HRW denuncia que muchos de estos refugiados no logran ni llegar al mar. Tanto las Fuerzas Armadas Libanesas como las Fuerzas de Seguridad Internas realizan continuamente redadas que les impiden salir del Líbano cuando subían a los barcos que iban a salir o cuando se dirigían a los puntos de partida costeros. A través de estos arrestos y detenciones arbitrarias, los agentes libaneses violan el derecho a salir de estos refugiados sirios. Pero aquellos que logran lanzarse al mar hasta acercarse a Chipre no cuentan con la garantía del éxito. Algunos refugiados han denunciado que, mientras aún estaban en el agua, fuerzas libanesas y chipriotas les han atacado para intentar impedir su llegada. Una vez en la Unión Europea, continúan las violaciones de sus derechos humanos.

“En Chipre, las autoridades les niegan el derecho a los procedimientos para pedir asilo y son retornados por la fuerza al Líbano con el riesgo de que sean expulsados de nuevo a Siria”, explica Nadia Hardman, investigadora sobre derechos de refugiados y migrantes de HRW, a este diario. Además, estos refugiados han denunciado el “trato cruel, inhumano o degradante” que los agentes chipriotas usan contra ellos. Las autoridades actúan sin tener en cuenta su condición de refugiados o el riesgo de ser expulsados a Siria. “La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) ha declarado que Siria sigue sin ser un país seguro para el retorno de los sirios y ha pedido a los gobiernos que no devuelvan a sus ciudadanos allí”, añade Hardman. Pero tanto las autoridades chipriotas como las libanesas actúan ajenas a estas recomendaciones, porque, tal y como han denunciado las personas expulsadas, los oficiales del Ejército libanés que les reciban en el puerto de Beirut las entregan directamente a soldados sirios y hombres armados no identificados dentro del país vecino. 

Ni las autoridades libanesas ni las chipriotas les proporcionaron ninguna justificación clara, legal o de otro tipo, para su trato y les negaron el acceso a los procedimientos de protección internacional. Solo en 2023 ACNUR registró 13.772 personas expulsadas del Líbano o devueltas en la frontera siria. El país de los cedros, por lo tanto, viola el principio de no devolución y la prohibición de la expulsión colectiva de un colectivo tan vulnerable como los sirios. “Una vez en Siria, los refugiados expulsados se enfrentaron no solo a la detención por parte del ejército sirio, sino también a la extorsión por parte de hombres armados para que les pagaran por ser trasladados clandestinamente de regreso al Líbano”, apunta el informe de HRW. Esta organización ha documentado casos anteriores en los que sirios que regresaban y que estaban detenidos fueron perseguidos, torturados y, en algunos casos, asesinados por fuerzas del gobierno sirio.

Financiado por la UE

Todo este panorama se vuelve aún más problemático al recordar que el pasado mes de mayo la Unión Europea asignó un paquete de 1.000 millones de euros al Líbano hasta 2026. Este incluye dinero para las “Fuerzas Armadas Libanesas y otras fuerzas de seguridad con equipo y capacitación para la gestión de fronteras y para luchar contra el contrabando”. Entre 2020 y 2023, la UE y sus Estados miembros han proporcionado a diversas autoridades de seguridad libanesas hasta 16,7 millones de euros en financiación para implementar proyectos de gestión de fronteras destinados principalmente a mejorar su capacidad para frenar la migración irregular. “Con toda esta financiación, la UE es cómplice de los abusos de las Fuerzas Armadas Libanesas contra los refugiados sirios”, señala Hardman. “Pese a que este trato vejatorio es ampliamente conocido, las autoridades europeas no han implantado ningún mecanismo de monitoreo de los abusos ni condiciona la financiación de proyectos en caso del actor que la recibe viole los derechos humanos”, apunta la representante de HRW. 

Igual que Amir, los refugiados sirios entrevistados han intentado salir del Líbano en barco entre tres y cinco veces. Muchos lo han vuelto a intentar de nuevo incluso después de haber sido detenidos y expulsados por las autoridades libanesas o rechazados por las autoridades chipriotas. “Eso demuestra que cualquier tipo de medidas abusivas de control de la migración no va a funcionar, ya que una y otra vez se ha demostrado que no son eficaces y que no impiden que dejen de intentar llegar a las costas europeas; lo único que consiguen es que los viajes sean más peligrosos”, añade Hamdan. Como Amir, estos refugiados sirios “no tienen vías legales para irse, por lo que siempre utilizarán cruces irregulares en barco”, concluye la investigadora, que reclama “más vías de reasentamiento para los refugiados sirios en el Líbano”.

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