La batalla legal y burocrática de Meloni hace mella en las oenegés de salvamento: "Están violando el derecho internacional"

La cuenta numérica de la arremetida de Giorgia Meloni contra las organizaciones humanitarias que rescatan migrantes en el Mediterráneo central ya es impresionante. En el año y medio que va desde la entrada de la polémica Ley 15/2023 (conocida como 'decreto Piantedosi', por Matteo Piantedosi, actual ministro de Interior de Italia), suma ya unos 500 días de retenciones en puertos italianos de barcos de rescate dictaminadas contra nueve oenegés a través de 23 órdenes de detención y sus multas anexas, que también corresponden a una disminución de vidas salvadas en el mar, según datos analizados por este diario.

No es el único vuelco. Porque ahora la batalla también se libra como nunca en los tribunales, a los que las organizaciones humanitarias recurren para apelar contra las sanciones, desafiando procedimientos enredados y tretas burocráticas. Una guerra legal en el que, sin embargo, en al menos cuatro ocasiones los jueces italianos le dieron la razón a las entidades y suspendieron la decisión de las autoridades. Lo que ha así reconocido el argumento de las oenegés; eso es, que esas decisiones violan el derecho internacional al exigir el cumplimiento de las órdenes de los guardacostas libios u obligar a hacer solo un rescate a la vez (salvo que las autoridades decidan lo contrario), como establece el decreto Piantedosi. 

Ejemplo es una sentencia del Tribunal Civil Ordinario de Crotone de junio pasado que no solo revocó la sanción administrativa impuesta contra el barco de salvamento alemán 'Humanity 1', sino que también condenó al Estado al pago de las costas legales. "En la actualidad, con base en el Convenio de Hamburgo (el acuerdo internacional de 1979 sobre búsqueda y rescate en el mar), no es posible considerar a Libia un lugar seguro", escribió el juez Antonio Alberzio. "El corolario lógico es que la oenegé no es culpable de ninguna conducta obstructiva", continuó. En otro caso, relativo a un barco de Sos Méditerranée, una jueza del tribunal de Brindisi puso, en cambio, en discusión la constitucionalidad del decreto (sin que se haya llegado a una conclusión definitiva).

David contra Goliat

Juan Matías Gil, responsable de las operaciones de rescate de Médicos Sin Fronteras (MSF), lo describe, aun en caso de fallo positivo para las oenegés, como una victoria pírrica por el dinero y tiempo perdido y que podría haberse empleado en rescates de vidas humanas. La razón: "la sanción administrativa (el bloqueo del barco) se implementa inmediatamente mientras que los tiempos de las audiencias muchas veces son lentos y se celebran a menudo en tribunales desbordados y ante jueces no siempre bien preparados", dice a EL PERIÓDICO. "Es un proceso diseñado para hacernos perder tiempo. Nos ponen trabas pero no nos eliminan porque eso haría mucho más ruido mediático", sostiene. 

El problema, en su opinión, es que no hay muchas alternativas. "Si no lo hiciéramos, si no apeláramos, estaríamos aceptando como legítimas las acusaciones que nos hacen y las medidas que nos imponen, que contradicen el derecho internacional y son claramente ilegales", argumenta. Al menos tres grandes tratados multilaterales (firmados por Italia, que priman sobre el derecho nacional) fundamentan estas afirmaciones: la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR o UNCLOS, por su sigla en inglés); el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (SAR) de 1979 y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Pero nada de todo esto hasta ahora ha frenado al Gobierno de Meloni. Por el contrario, las retenciones de los barcos han sido continuadas (con una breve suspensión entre mayo y julio) y su duración ha oscilado de los 20 a los 60 días. En la lista, MSF, una organización reconocida internacionalmente por su labor humanitaria, figura como la primera y también la última afectada (de tres casos). El episodio más reciente remite a la detención administrativa del 'Geo Barents' en el puerto de Salerno efectuada el 26 de agosto por presunta violación de seguridad marítima (basada en información dada por los guardacostas libios, según MSF). La primera es del 23 de febrero de 2023 y se ejecutó por no haber compartido datos VDR (nunca antes solicitados) a las autoridades tras la asignación del puerto de Ancona. Eso es el norte de Italia a centenares de millas del punto de rescate.

Asfixia económica

Esa es la otra espada de Damocles que pende sobre las organizaciones, ya que también se les han disparado los costes por las medidas que sufren (el gasto de los abogados, más el del amarre mientras el barco está bloqueado y el del personal a bordo). "Lo que se suma al combustible extra que hemos de usar por la política de puertos lejanos (la asignación a los barcos de la oenegé a menudo a puertos situados a varios días de navegación del sitio del rescate)", subraya Francesco Creazzo de la ONG Sos Méditerranée. "Solo para el año 2023 estimamos un gasto añadido de 500.000 euros por el combustible extra que tuvo que usar nuestro barco a causa de esta política", afirma Creazzo.

Otra estimaciones (el cálculo depende del tipo de barco y de cuántos días se necesitan para ir y volver del puerto asignado) son incluso más altas: superan los 100 días de navegación y hasta un millón de euros extra. Lo que explica por qué las organizaciones más pequeñas no resisten. Ejemplo es el del 'Aita Mari' de la española Salvamento Marítimo Humanitario, que tiró la toalla en julio. Explicándolo así: "Desde el inicio de la misión, desde que zarpamos hasta el puerto de Ravenna, consumimos dos tanques enteros de combustible, lo que equivalió a 40.000 euros. Esta situación ha obligado al 'Aita Mari' a regresar a España dando por finalizada la misión 13".

Suscríbete para seguir leyendo