El Tribunal Supremo venezolano proclama a Maduro ganador de las elecciones

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) validó este jueves el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) que, sin presentar las actas, le dio la victoria a Nicolás Maduro en los comicios del pasado 28 de julio. La máxima instancia judicial, una prolongación política del Palacio de Miraflores vestida con togas, ratificó su "competencia" para certificar "de manera irrestricta e inequívoca" los resultados ya conocidos. Sostuvo que es "inobjetable el material peritado" y a su vez pidió al organismo electoral que publique la misma información que ha sido revisada. El dictamen del TSJ no provocó sorpresas. Tenía el signo de la previsibilidad. Edmundo González Urrutia, quien había competido en nombre de la Plataforma de Unidad Democrática (PUD), y la líder opositora, María Corina Machado, habían advertido que esa sentencia carecería de validez. El antimadurismo sostiene que se ha impuesto en la contienda por más del 60% de los votos.

"La Sala Electoral del TSJ no está facultada en circunstancia alguna para ejercer esas funciones. De hacerlo estaría violando el principio de separación de los Poderes Públicos, claramente establecido en fondo y forma en la Constitución. Estaría, además, invadiendo el exclusivo deber del CNE y pisoteando la decisión del pueblo expresada en las urnas", recordaron la víspera Machado y González Urrutia.

El ministro de Exteriores, Iván Gil aseguró, por el contrario, que el TSJ "ha expuesto ante los ojos del mundo una magistral sentencia que cierra un capítulo del proceso electoral". También aseguró que Venezuela fue escenario de un intento de "golpe de Estado" que "tuvo su origen desde Estados Unidos". "Es muy importante que el mundo lo sepa: en Venezuela han triunfado las instituciones. Exigimos respeto y no injerencia en los asuntos internos. Se lo hemos explicado al cuerpo diplomático", añadió Gil. 

Ofensiva oficial

El Gobierno se prepara para un reverdecimiento del conflicto político más allá de asegurar que controla la situación gracias a la presencia de uniformados en las principales ciudades de ese país. El fiscal general, Tarek Willam Saab, recibió no solo la sentencia del TSJ sino la orden de "determinar" las responsabilidades de aquellos que en las últimas semanas provocaron "zozobra" nacional. Saab debe investigar la "presunta comisión" de los delitos de "instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos e incitación para delinquir". Un claro mensaje hacia Machado y González Urrutia. "El dictamen es de acatamiento obligatorio", remarcó el fiscal. La oposición, añadió, tenía de antemano un "plan" para escalar sus acciones "terroristas". Las protestas contra los resultados provocaron 27 muertos y más de 2.000 arrestados. Para Saab, se trató de "crímenes de odio". En tanto, Diosdado Cabello, el número dos del madurismo en su condición de vicepresidente del Partido Socalista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró que las fuerzas que desconozcan el veredicto del TSJ quedan al margen de los próximos procesos electorales.

El TSJ entró en acción después de que el propio Maduro presentara ante esa instancia un recurso de amparo. La máxima instancia judicial realizó una auditoría de las actas entregadas por el CNE y que han sido objeto de sospecha de los expertos de Naciones Unidas y el Centro Carter, ambos invitados por el consejo para observar las elecciones. Antes de que el Supremo diera a conocer su dictamen, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas lamentó su falta de imparcialidad e independencia, al igual que el CNE. Estados Unidos, en tanto, advirtió que exigirá "responsabilidades" a quienes faciliten el "fraude electoral" y "la represión". Los dos aspectos no pueden ser a su criterio disociados del conflicto interno en Venezuela. Brasil y Colombia, que reclamaron sin éxito, al igual que la UE, una auditoría imparcial, se mantenían en silencio.

Nueva impugnación

La posición del Gobierno encontró otro importante cuestionamiento de parte de Dorothy Kronick y Walter Mebane, dos expertos que analizaron lo sucedido el 28 de julio y concluyeron que la teoría conspirativa esgrimida por el CNE para no presentar las actas no solo carece de fundamento: tampoco puede acreditarse el triunfo de Maduro. Kronick y Mebane adquirieron visibilidad años atrás cuando desafiaron un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) de noviembre de 2019 que cuestionaba la victoria de Evo Morales y que aceleró el golpe de Estado en su contra.

Los expertos examinaron las actas electorales venezolanas publicadas por la oposición sobre las bases de las propias características del sistema electoral venezolano, que contempla un protocolo de "triple verificación" que garantiza la integridad del proceso electoral. Este sistema, ponderado por el Centro Carter y su mentor, el expresidente norteamericano, asegura que los comprobantes de votación en papel, las actas impresas y los datos electrónicos deben coincidir para reflejar fielmente la voluntad popular. En ese sentido, Kronick sostuvo que no es posible una manipulación de los resultados por parte de la oposición.

Mebane ha analizado las 25.073 actas oficiales disponibles y encontró solo dos con posibles signos de fraude. Eso representa un número ínfimo en comparación con los 10,8 millones de votos analizados. Los datos arrojan a los ojos de Mebane una ventaja de González Urrutia de 3,9 millones de votos respecto del actual jefe de Estado.