Los menores no acompañados en el Reino Unido, un asunto pendiente para el nuevo Gobierno laborista

Las solicitudes de asilo de menores extranjeros no acompañados en el Reino Unido alcanzaron un pico en 2022, con 5.242 peticiones. Esta cifra representó un aumento del 39% respecto a los datos anteriores a la pandemia, aunque desde entonces el número de solicitudes se ha ido reduciendo. Los últimos datos aportados por el Gobierno británico señalan que, en el periodo de abril de 2023 a marzo de 2024, se registraron un total de 3.285 peticiones (un 5% del total): un descenso pronunciado que coincide con la reducción en el número total de llegadas irregulares al Reino Unido en 2023. El repunte registrado en lo que llevamos de año, sin embargo, provocará previsiblemente un nuevo aumento en los próximos meses.

La acogida de los menores no acompañados en el Reino Unido corresponde a las autoridades locales, según la Ley de Infancia de 1989, las cuales deben llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las necesidades del menor a su llegada al país. La asistencia puede incluir la provisión de alimentos, alojamiento, familias de acogida, ocio, clases de inglés y acompañamiento psicológico. Las administraciones locales reciben el apoyo económico del Gobierno central, que entrega entre 114 libras esterlinas (135 euros) y 143 libras (170) por persona y por día en función de la cantidad de jóvenes acogidos. Si la cifra supera el 0,07% del censo de menores de cada municipio, el Gobierno entrega la cantidad más alta.

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Ayuntamientos saturados

El aumento del número de llegadas en los últimos años, sin embargo, ha provocado las críticas de las administraciones locales más afectadas. El condado de Kent, situado en el sureste de Inglaterra, se negó en 2021 a acoger a más menores no acompañados debido a la saturación de sus servicios sociales y reclamó al Gobierno central mejoras en el National Transfer Scheme (NTS), el sistema de reparto voluntario de menores entre administraciones. 

El Ejecutivo ordenó poco después la participación en el NTS a todas las autoridades locales con servicios para la infancia y dotó de más recursos al condado de Kent para adquirir siete propiedades como alojamientos temporales, algo que los representantes del condado consideran insuficiente para hacer frente al aumento de llegadas a través del Canal de la Mancha. “Los ayuntamientos reciben algunos fondos del ministerio del Interior, pero estos no cubren el coste real de atender al creciente número de niños que llegan y no satisface las necesidades de los que abandonan el sistema de acogida y vinieron solos”, aseguró a finales de mayo un portavoz de la Asociación de Gobiernos Locales (LGA, en sus siglas en inglés), en un comunicado recogido por la BBC. 

El anterior Gobierno conservador aprobó el uso de hoteles para alojar a algunos menores no acompañados, en un intento de dar respuesta a los problemas reportados por las administraciones locales. Una medida que limitó la atención administrativa y psicológica recibida por los menores y que fue prohibida por el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales el año pasado. “[Esta solución] no puede utilizarse de forma sistemática o rutinaria en circunstancias en las que se pretenda que funcione como un sustituto de la atención de las autoridades locales”, aseguró el juez en la sentencia. Casi medio millar de menores alojados en hoteles habían desaparecido en ese momento del radar de las autoridades, de los cuales casi un tercio no habían sido localizados. 

Ley de Inmigración Ilegal

La aprobación de la Ley de Inmigración Ilegal por parte del anterior Ejecutivo el pasado julio, sin embargo, contempla la posibilidad de que la administración central reabra los hoteles para alojar a menores no acompañados en casos de emergencia, hasta que una autoridad local los acoja bajo su tutela. La ley incluye además una disposición que permite la deportación de los jóvenes antes de que cumplan los 18 años, algo que ha sido muy criticado por las organizaciones de defensa de los refugiados, aunque recalca que debe hacerse caso por caso y sólo cuando sea por motivos de reunificación familiar o por el regreso a su país de origen, siempre que sea considerado un destino seguro. 

A pesar de su aprobación el año pasado, algunas disposiciones más importantes de la ley siguen sin estar en vigor. El nuevo Gobierno laborista ya ha anunciado el fin de algunas de las medidas más polémicas del anterior Ejecutivo en materia migratoria, pero falta por ver si la ley será derogada completamente o si, por el contrario, mantendrá algunos de sus artículos, incluidos los referentes a los menores no acompañados.

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