Venezuela y las relaciones diplomáticas interrumpidas

El 28 de julio se viven momentos de tensión en Caracas mientras se esperan los resultados oficiales de las elecciones presidenciales para el período 2025-2031. Entrada la noche, el Consejo Nacional Electoral anuncia que, con el 80% de las actas transmitidas, existe una “tendencia contundente e irreversible” que da la victoria de Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos. El candidato más votado de la oposición, Edmundo González, alcanza el 44,2%. El abanico de reacciones internacionales no se hizo esperar: desde aceptación y apoyo, pasando por el pedido de transparencia, imparcialidad y garantías en los resultados, así como la búsqueda de acuerdos que permitan una solución política, hasta cuestionar los resultados presentados por el Poder Electoral y apoyar expresamente al mencionado candidato opositor. 

El día siguiente, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana emiten un comunicado contundente: exigen “la revisión completa de los resultados con la presencia de observadores electorales independientes que aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano que participó masiva y pacíficamente”. Asimismo, solicitan una reunión urgente del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en la cual se discuta el tema. Desde la región, a estas declaraciones se suman las del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien afirma que su país no reconocerá “ningún resultado que no sea verificable”. 

A partir de este momento, el escenario cambia drásticamente en términos diplomáticos: el gobierno de Nicolás Maduro rechaza las “injerencistas acciones y declaraciones” y determina el retiro inmediato del personal diplomático de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay en territorio venezolano. ¿Qué significa? ¿Cómo está regulado internacionalmente este tema? ¿Cómo continúa el vínculo entre los estados involucrados? 

Relaciones diplomáticas

Las relaciones diplomáticas entre estados son reguladas por la Convención de Viena de 1961, un tratado que regula las relaciones diplomáticas y la inmunidad del personal diplomático, así como la inviolabilidad de los locales de la misión. Los 193 miembros de la Organización de las Naciones Unidas y sus observadores permanentes son parte de la convención. En estados como Palaos o Sudán del Sur, que no son signatarios, sus disposiciones se aplican como parte de la costumbre internacional. En 1963 este tratado se complementó con la Convención sobre Relaciones Consulares que regula la protección de los intereses del estado que envía y sus nacionales, el fomento de las relaciones comerciales y culturales, la extensión de pasaportes y documentos de viaje y la asistencia a los nacionales, entre otras cosas. 

Ahora bien, volviendo a la situación en Venezuela y la intimación de retiro de los funcionarios diplomáticos, es importante precisar que, conforme al artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, el estado receptor “podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata, o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable”. La premura y la polémica ocasión en que se comunica la decisión es, sin duda, fuente de cuestionamientos. De hecho, fue calificada como “injustificada y desproporcionada” por Uruguay, y como una demostración de “profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia”, por Chile. 

¿Esto significa que se rompieron las relaciones diplomáticas? El comunicado de Venezuela no contiene una declaración expresa en tal sentido, si bien los funcionarios diplomáticos venezolanos también fueron retirados de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Jurídicamente, los vínculos se mantienen y la interrupción es temporal. Entonces, ¿cómo continúan las relaciones entre las partes, en particular, en materia diplomática y consular? ¿Quién protegerá en territorio venezolano los intereses de los nacionales de los estados mencionados o los atenderá en caso de requerir un pasaporte, por ejemplo? 

La situación de Argentina es un ejemplo ilustrativo. El 1 de agosto, la Cancillería anuncia que Brasil se encargará de “la custodia de los locales de la misión argentina en Caracas, incluyendo la Embajada y la Residencia Oficial, sus bienes y archivos, así como la protección de sus intereses y los de los nacionales argentinos en territorio venezolano”, en seguimiento del artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y los artículos 8 y 27 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. 

Brasil también se encargará de la protección de los asilados, aspecto de particular relevancia en el contexto actual. Desde el 20 de marzo, en la Embajada de Argentina en Caracas se encuentran asilados seis miembros de la campaña de los opositores María Corina Machado y Edmundo González. Incluso el 29 de julio, uno de ellos denuncia en la red social X que efectivos de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas intentaban ingresar por la fuerza al local de la misión, complementando con una transmisión en vivo de Instagram para documentar los momentos de tensión. 

Aunque hasta el momento no hay pronunciamiento desde el gobierno argentino, cabe señalar que también es de aplicación la Convención sobre Relaciones Diplomáticas, ya que en su artículo 22 indica que los locales de la misión son inviolables, y los agentes del estado receptor solo pueden ingresar con autorización del Jefe de Misión. Asimismo, el estado receptor tiene la obligación de proteger los locales de las misiones diplomáticas acreditadas. 

El futuro incierto

Una semana después de los comicios, los cuestionamientos y las reacciones políticas continúan y los diplomáticos retirados retornan a sus países —en el caso de Argentina con dificultades por el cierre del espacio aéreo venezolano para aeronaves de matrícula de ese país—. Sin embargo, las preguntas sobre cómo se resolverán las relaciones diplomáticas interrumpidas aumentan. En Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay viven casi dos millones y medio de migrantes venezolanos, conforme a datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela. Para los venezolanos en el exilio la incertidumbre sobre el destino de su país, y el propio, se acrecienta.