Europa recluta expertos para vigilar la desinformación, campañas desestabilizadoras y delitos online

La Comisión Europea (CE) se ha lanzado a la búsqueda de ayuda técnica para peinar las redes sociales, buscadores y plataformas de Internet en busca de evidencias de contenidos ilegales, discursos de odio, campañas de desinformación y amenazas híbridas contra los Estados de la Unión y sus poblaciones, sus mercados y sus procesos electorales. Y para ello ha lanzado una contrata dirigida a equipos de expertos en inteligencia digital dotada con 12 millones de euros.

La licitación, aprobada el pasado día 26 en el marco de la aplicación de la Ley europea de Servicios Digitales, busca reforzar la seguridad en el entorno online. Se divide en tres lotes, tres contratos que tendrán una duración de 36 meses. El primero, de 3,5 millones, busca hacer “inteligencia de mercado”, para que el gobierno de Europa esté informado y pueda elaborar alertas tempranas no solo sobre tendencias económicas y novedades tecnológicas, también de “amenazas digitales” en plataformas y redes.

El segundo, de cinco millones, está más enfocado a los “riesgos prominentes y recurrentes” contra los Estados de la Unión, entre ellos las campañas de desinformación.

El tercer lote, de otros 3,5 millones, se dirige a la vigilancia de la venta online de productos ilegales y de la publicidad engañosa.

Proteger las elecciones

Hay una parte de la contrata que mira de reojo a Moscú, pero no solo a la injerencia rusa: también a otras influencias desestabilizadoras sistemáticas, como pudiera ser la china o la iraní.

Se trata de seguir y evaluar “riesgos para el discurso público, procesos electorales y seguridad pública”. Después de esta vigilancia, la Europa que vivió su primera gran ruptura con un referendum de Brexit cribillado por mentiras y medias verdades de presunto origen ruso, querrá estar en condiciones de “mitigar el posible uso indebido” de servicios en línea “por parte de actores maliciosos”, y la ayuda que a esos actores les puedan prestar los algoritmos de las redes sociales.

Entre las medidas preventivas, la posibilidad de etiquetar o imponer una marca de agua a las llamadas “deep fakes”, falsedades construidas con el poder de la inteligencia artificial, alterando caras y voces o escenas, y suplantando la identidad de personas.

En materia de desinformación, manipulación e injerencia extranjera, esta contrata busca blindar a Europa contra “el riesgo sistémico”. El texto de la convocatoria exuda una intención defensiva, en estos tiempos de ambiente bélico y guerras híbridas.

En este sentido, Europa se hará dotar de informes periódicos sobre las que llaman “amenazas contra el discurso cívico”, que son las campañas de bulos y tergiversaciones. Los contratantes deberán ser expertos en desinformación, pues la CE puede requerirles análisis de campañas que se detecten.

Se trata también de vigilar si los motores de búsqueda y las grandes plataformas de internet cumplen con las medidas de control de la mentira o los discursos de odio que les exige Europa, así como pensar en cómo se puede abrir también espacio a la denuncia individual y anónima de los internautas.

En este campo de inteligencia, los observadores que contrate la CE deberán analizar cómo responden las entidades europeas “en el contexto de un incidente, como, por ejemplo, un ataque terrorista, el estallido de un conflicto o un desastre natural”.

Violencia machista online

Una de las áreas de la asistencia para este embrionario servicio europeo de inteligencia será la violencia de género online.

La contrata contiene un encargo de monitorear los principales motores de búsqueda y las plataformas online para encontrar “actores estatales y no estatales”, sus “grupos, redes y espectro ideológico” y su práctica de discursos de odio de género, acoso sexual, sextorsión, suplantaciones de identidad, y la llamada “desinformación de género”.

El ciberacoso, la discriminación, la difusión no consentida de contenidos íntimos serán materia de vigilancia, pero también lo que los expertos policiales llaman “ciberincitación a la violencia o al odio”. Los especialistas que resulten contratados buscarán para la UE conexiones entre la violencia de genéro online y tecnológica y la difusión de “discursos de odio ilegales” en internet, con o sin ayuda de la inteligencia artificial. También las “intersecciones y conexiones" entre esa violencia de género virtual y la “difusión de contenido terrorista y extremista violento”.

Pornografía y menores

Todos los grandes difusores de material porno en las redes serán ecaminados y clasificados en un archivo con el que las autoridades europeas puedan prevenir riesgos.

En esta área de prospección interesan la “protección de la salud pública y los menores”, y las posibles “consecuencias graves para el bienestar físico y mental de la persona”.

La CE pretende, al cabo de estas prospectivas, dotar de herramientas de control a los padres y crear mecanismos de filtro por edad para consumidores de ciertos contenidos.

Crispación adictiva

Relacionado con estos objetivos, el bienestar mental es un capítulo del contrato; y las redes sociales, principales sospechosas. El objetivo de este encargo de vigilancia y acopio de información es investigar sus efectos en los menores, pero también en los adultos.

Forma parte de esta labor de inteligencia a nivel europeo averiguar, por ejemplo, “cuánto tiempo dedican los usuarios a las aplicaciones de las diferentes plataformas”, cuánto de ese tiempo es excesivo, o cómo de intenso es el riesgo de “adicción o uso compulsivo”.

De todas esas preguntas a las que los encargados de seguridad digital de la CE tratarán de encontrar respuesta, hay una de especial relación con la política, la polarización y los efectos de las campañas de bulos: si el algoritmo de las plataformas lleva a los ususarios europeos a frecuentar “madrigueras de contenido dañino”, y qué tipo de contenido es ese. Puede que, en ese caso, se retraten los esquemas de funcionamiento de bulos conocidos en España, como el que sostiene que la mayoría de inmigrantes son expresidiarios, o el de “pucherazo”, que periódicamente ataca a la credibilidad del recuento de votos.

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