Bruselas lanza un concurso público para vigilar el odio a las mujeres y la violencia sexual en las redes

El ciberacoso, el ciberacecho, la humillación pública con imágenes falsas o auténticas, las amenazas… Europa analizará sistemáticamente, durante tres años, redes sociales, buscadores de internet, grandes plataformas online para buscar agujeros en los que se ataque a las mujeres, los menores y el resto de la sociedad con contenidos tóxicos y delictivos.

La violencia de género online es una de las áreas de preocupación que integran una nueva contrata, dotada con 12 millones de euros y con una duración de tres años, que la Comisión Europea acaba de hacer pública para grupos de expertos en inteligencia y seguridad digital.

La Comisión busca asistencia para construir un corpus de información sobre conductas perniciosas o criminales en la red, en el marco de la Ley de Servicios Digitales, y con la violencia de género como una de las áreas clave de este embrionario servicio europeo de inteligencia digital.

El ciberacoso, la discriminación, la difusión no consentida de contenidos íntimos serán materia de vigilancia, pero también lo que los expertos policiales llaman “ciberincitación a la violencia o al odio”.

El encargo es, además de elaborar anañisis detallados, monitorear los principales motores de búsqueda y las plataformas online para encontrar “actores estatales y no estatales”, sus “grupos, redes y espectro ideológico” y las tácticas que usen para generar discursos de odio de género, acoso sexual, sextorsión, suplantaciones de identidad, y la llamada “desinformación de género”.

En cada cada uno de estos tipos de actuación criminal o maliciosa, la Comisión Europea se plantea conseguir información detallada de los daños. Entre esos daños, en la contrata que ha convocado cita “el efecto de silenciar y obstaculizar la participación social y política de las víctimas y de los supervivientes”, pero también el impacto de los casos en “su bienestar físico y mental, la situación económica, la vida educativa y profesional” de esas víctimas.

Relación con el terrorismo

En el marco del Acta europea de Servicios Digitales, las autoridades europeas van a encargar a los expertos contratados la búsqueda de conexiones entre la violencia de genéro online y tecnológica (conocida en la UE como TFGBV (Technology Facilitated Gender-Based Violence, en la que intervienen internet y la inteligencia artificial) y la difusión de “discursos de odio ilegales”.

También, los vigilantes del espacio digital tendrán la orden de buscar “intersecciones y conexiones” entre esa violencia de género virtual y la “difusión de contenido terrorista y extremista violento”.

Los vigilantes que trabajen acumulando información para proteger a la Unión tendrán que analizar si funcionan las “medidas de mitigación” que se desplieguen a estos efectos.

Lenguaje misógino

Pero no solo recopilarán sitios, cuentas, perfiles tóxicos… También analizarán la cultura interna de estas corrientes que circulan en el mundo virtual. A tal fin, la contrata millonaria de la Comisión incluye la elaboración de un lexicón de palabras y expresiones misóginas.

La licitación prevé el encargo de un análisis especial “interseccional” considerando el cruce de la violencia de genéro online con características protegidas legalmente: la raza, la religión, la etnia, la discapacidad, la orientación sexual…

Los análisis deberán detenerse en los ataques a figuras políticas y públicas LGTBQ+, periodistas, activistas, investigadores y defensores de los Derechos Humanos. Todo ello, también con la intención de que la Comisión Europea pueda analizar los riesgos.

Pornografía

Las grandes plataformas de difusión de contenidos porno estarán también bajo esta vigilancia. Todos los grandes difusores de material X en las redes serán catalogados y clasificados en un archivo al alcance de las autoridades europeas para la elaboración de estrategias de prevención o el seguimiento de incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales.

El nuevo contrato de Bruselas se plantea generar alertas internas sobre “contenidos con efectos negativos reales o previsibles” que puedan afectar al ejercicio de derechos fundamentales, el discurso cívico, los procesos electorales y la seguridad pública.

Pero donde el encargo de la Comisión Europa pone el acento en esta área concreta de vigilancia es en la “protección de la salud pública y los menores”, y en posibles “consecuencias graves para el bienestar físico y mental de la persona” a la hora de consumir contenidos en internet.

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