Alemania blindará su Tribunal Constitucional para evitar "bloqueos" ultraderechistas

Alemania se plantea blindar su Tribunal Constitucional (TC) ante bloqueos futuros desde la ultraderecha. La alianza de gobierno de Olaf Scholz, formada por socialdemócratas, verdes y liberales, ha consensuado con la oposición conservadora una reforma del TC para dotarlo de una estructura más definida, también en lo que a la elección de sus jueces se refiere. Su objetivo es impedir lo que el ministro de Justicia, el liberal Marco Buschmann, calificó de "obstruccionismo político", "orquestado por los enemigos de la democracia" para socavar la independencia judicial del país.

"El Constitucional nació como un experimento judicial hace 75 años. El experimento funcionó hasta ahora, pero hay que articular instrumentos nuevos para que siga haciéndolo", afirmó el ministro, al presentar su reforma junto a diputados de las filas gubernamentales y del bloque conservador, integrado por la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana de Baviera (CDU/CSU).

"Estamos ante partidos cuyo objetivo es destruir la democracia una vez alcanzan posiciones en instituciones democráticas", apuntó el jurista y diputado de los Verdes, Konstantin von Notz. Son "minorías destructivas", en definición del conservador Ansgar Heveling.

La extremista AfD, en el objetivo de la reforma

En el redactado del proyecto, denominado "Reforzamiento de la Resiliencia del Tribunal Constitucional", no se menciona a Alternativa para Alemania (AfD), único partido de la ultraderecha del Bundestag (Parlamento federal). Sin embargo, el proyecto se orienta claramente a frenar la posible influencia de esta formación en el TC. En las pasadas elecciones europeas, la AfD se disparó a la segunda posición a escala nacional. Se estima que en el este alemán podría convertirse en primera fuerza tras los comicios regionales que tendrán lugar el próximo septiembre.

Sí se mencionó reiteradamente en la presentación los casos de Hungría y Polonia, como ejemplos de reformas del poder judicial impulsadas por gobiernos ultraconservadores. En cuestión de años, sus ejecutivos han socavado la independencia de la justicia, recordó Buschmann.

El proyecto consensuado entre los principales partidos contempla anclar en la Constitución la estructura del TC. El número de jueces se mantendrá en 16, cada uno de los cuales podrá ejercer por un periodo máximo de 12 años y deberá jubilarse a los 68. Además, se articularán mecanismos para evitar que una "minoría destructiva" u "obstructiva", en palabras del ministro Buschmann, pueda bloquear o paralizar sus decisiones. Actualmente, la mitad de los jueces del TC es elegida por el Bundestag, o Cámara baja, y la otra por el Bundesrat, o Cámara alta. La elección surgía por mayoría simple, bajo el principio del consenso y nunca se habían producido hasta ahora bloqueos.

Recelos al articulado

La reforma prevé pasar a una elección por mayoría de dos tercios de la Cámara. De no conseguirse ese respaldo en una de las dos cámaras, la elección quedará a competencia de la otra. Buschmann y el resto de la comisión implicada en el proyecto consideran que con ello se evitará que una formación extremista pueda bloquear una decisión, en el caso de llegar a ocupar un tercio de los escaños.

La presentación de este proyecto, que deberá superar el trámite parlamentario en la presente legislatura, estuvo precedida por largas discusiones entre los miembros del gobierno y la oposición. Estuvo a punto de fracasar, ya que el líder de la CDU, el derechista Friedrich Merz, había mostrado recelos a su articulado. Finalmente, ha prosperado una formulación menos ambiciosa de lo que pretendían socialdemócratas, verdes y liberales, pero que según Buschmann logrará el objetivo de "proteger" al TC.

El Constitucional alemán es la institución nacional más respetada por los alemanes. Esta Corte es, además, la única con competencias para ilegalizar un partido a escala nacional. Al consenso entre las formaciones democráticas en torno a esa reforma siguieron las críticas de la AfD, que acusa al resto del espectro parlamentario de tratar de convertir el TC en un "instrumento político" en su contra.