España pide intervenir en el caso abierto de Sudáfrica contra Israel por genocidio

El Gobierno de España ha presentado oficialmente este viernes "una declaración de intervención" en el caso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención sobre el Genocidio durante sus operaciones militares en la Franja de Gaza.

En un comunicado, la CIJ, máximo tribunal de la ONU, explicó que España invocó el artículo 63 del Estatuto de la Corte para solicitar intervenir en el caso iniciado por Sudáfrica el pasado 29 de diciembre con denuncias sobre la violación de la Convención sobre el Genocidio de 1948.

En su solicitud, España, que ejerce su derecho a la intervención como Estado firmante del tratado en cuestión y país afectado por la interpretación que haga el tribunal del mismo, alega que la Convención es "un instrumento crucial en el derecho internacional para la prevención y sanción del genocidio". 

Además, subraya que la Convención "no es solo un tratado de derecho penal" sino que también "contiene elementos claramente vinculados a la protección y salvaguardia de valores y principios fundamentales del derecho internacional, incluyendo la protección de la dignidad humana y el principio de responsabilidad, e impone obligaciones sustantivas" a los países firmantes que "van más allá de garantizar la persecución penal del delito de genocidio".

Sudáfrica e Israel pueden presentar observaciones

Siguiendo el protocolo definido, la CIJ ha invitado ahora a Sudáfrica e Israel, las dos partes enfrentadas en este caso, a presentar observaciones por escrito sobre la petición española de intervención.

El artículo 63 del Estatuto permite formar parte de un proceso a otros países "siempre que se trate de la interpretación de una convención en la que sean partes Estados distintos de los interesados".

México, Nicaragua, Colombia, Libia y la propia Palestina ya han solicitado autorización para intervenir en este procedimiento contra Israel, aunque hay varios países que también han señalado públicamente su interés en este caso, pero aún no han formalizado su solicitud.

En una fase preliminar del caso, la CIJ exigió en mayo a Israel "detener de inmediato su ofensiva militar" en Rafah, en el sur de Gaza, para evitar "la destrucción física total o parcial" de los palestinos y "tomar medidas efectivas para asegurar la entrada sin impedimentos" de ayuda humanitaria.

Además, le exigió garantizar el acceso de misiones de expertos para investigar las denuncias de genocidio.

Las intervenciones de los países autorizados se producirán una vez la CIJ entre a estudiar el fondo del procedimiento para determinar si Israel ha violado o no la Convención sobre el Genocidio con su guerra en Gaza, algo para lo que todavía no hay fecha.