Guerra en Ucrania

La UE aprueba el uso de 1.400 millones de activos rusos congelados para ayudar a Ucrania

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El alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en la reunión de ministros de Exteriores de los 27 en Luxemburgo

El alto representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en la reunión de ministros de Exteriores de los 27 en Luxemburgo / Europa Press

Silvia Martinez

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“Ucrania necesita más ayuda y la necesita ahora, antes del verano”, ha advertido este lunes el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Un llamamiento de urgencia al que los ministros de exteriores de la UE han respondido aprobando el uso de un primer tramo de 1.400 millones de euros de los beneficios generado por los activos rusos inmovilizados en la Unión para financiar la compra de armas y munición para Ucrania. La decisión, según ha confirmado Borrell, ha sido posible tras esquivar el veto de Hungría y el dinero, que se utilizará para defensa aérea, munición y apoyo a la industria local, empezará a llegar en julio.

"Putin sigue atacando. Quiere demostrar que Ucrania es vulnerable" así que "tenemos que demostrar que vamos a apoyar a Ucrania", ha recordado el alto representante para la política exterior tras la reunión celebrada en Luxemburgo. Dado que Hungría no participó en la decisión "no es necesario que pueda participar en la aplicación de la decisión” y decida a qué "fines son asignados" los beneficios, ha explicado sobre la interpretación legal utilizada por el Consejo para eludir el bloqueo del Gobierno de Viktor Orbán que mantiene desde hace meses su veto a otras siete decisiones y a un paquete de ayudas de 6.600 millones de euros cuyo objetivo es financiar material militar para Kiev.

El Consejo adoptó en mayo formalmente la decisión de utilizar los beneficios derivados de los ingresos extraordinarios procedentes de los activos rusos congelados en manos de depositarios centrales de valores como Euroclear y acumulados desde el 15 de febrero. Según las estimaciones, de los 260.000 millones retenidos en los países del G7, la UE y Australia, más de dos tercios están bloqueados en la UE, principalmente en Bélgica.

Inicialmente, la idea era utilizar los beneficios -estimados en unos 3.000 millones anuales- en la reconstrucción del país, pero ante el vacío en los arsenales ucranianos y las acuciantes necesidades el debate rápidamente viró hacia la compra de material. “Tenemos un proceso para que funcione rápidamente. El primer tramo de dinero llegará la semana que viene, en julio. El segundo, unos meses después”, ha explicado Borrell.

Sanciones a hackers rusos

Los Veintisiete también han aprobado medidas restrictivas contra seis personas implicadas en ciberataques contra sistemas de información e infraestructuras críticas, funciones estatales críticas como sanidad o banca, almacenamiento o tratamiento de información clasificada y equipos gubernamentales de respuesta a emergencias en los Estados miembros. En total son 14 las personas y cuatro las entidades que han visto congelados sus activos y que tienen una prohibición de viaje a la UE en el marco del régimen de sanciones cibernéticas.

Entre los sancionados figuran dos miembros del ‘grupo Callisto’, formado por oficiales de inteligencia militar rusos que llevan a cabo operaciones cibernéticas contra países de la UE y terceros, mediante campañas de phishing para robar datos sensibles en sectores críticos, incluida la defensa o las relaciones exteriores. También miembros del llamado ‘grupo de hackers Armageddon’, apoyado por el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de la Federación Rusa y responsable de ciberataques que han afectado a los países de la UE y Ucrania. Y, por último a actores clave en el despliegue de los malwares 'Conti' y 'Trickbot' e implicados en 'Wizard Spider', responsable de importantes daños económicos.

Medidas contra el GNL ruso

Además, los ministros han confirmado el acuerdo de los embajadores de la UE sobre la decimocuarta ronda de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania con la que pretenden seguir limitando la capacidad de financiación de la maquinaria de guerra rusa y a la que el Kremlin ha respondido ampliando su lista negra de personas que no pueden entrar en territorio ruso. La nueva ronda golpea por primera vez al sector del gas natural licuado (GNL) al prohibir que los puertos europeos se utilicen para hacer trasbordo de hacia terceros países. La medida abarca tanto los transbordos de buque a buque como los de buque a tierra, así como las operaciones de recarga, aunque solo afecta a la reexportación y no a la importación. El paquete también prohíbe las nuevas inversiones y el suministro de bienes, tecnología y servicios para la finalización de proyectos de GNL en construcción, como Arctic LNG 2 y Murmansk LNG. Se introducen además restricciones a la importación de GNL ruso a través de terminales de la UE no conectadas al sistema de gas natural.

Además, por primera vez los 27 sancionan a 27 buques, acusados de contribuir a la guerra de Rusia contra Ucrania por transportar material militar, grano robado a Ucrania o trasbordos de GNL, que tendrán prohibido el acceso a los puertos europeos y la prestación de servicios. La medida está destinada a castigar a los petroleros que forman parte de la “flota oscura de Putin”, que eluden los límites de la UE y el tope al precio del petróleo al tiempo que adoptan prácticas de transporte engañosas.

La ronda también amplía la prohibición de vuelos en la UE y del transporte de mercancías por carretera, incluso en tránsito, para incluir a los operadores de la UE que sean propiedad en un 25% o más de una persona física o jurídica rusa. Por último, incorpora otros 69 individuos y 47 empresas a la lista negra europea, cuyos activos se verán congelados en la UE y a quienes se les prohibirá la entrada en la UE, amplía las restricciones de exportación e importación con Rusia de productos de doble uso, civil y militar y refuerza las sanciones financieras contra Moscú al prohibir a las entidades europeas que operan fuera de Rusia utilizar el sistema de mensajería SPFS, equivalente al Swift.

Por último, y para luchar contra la desinformación, los Veintisiete han acordado que los partidos políticos y las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales, incluidos los grupos de reflexión, o los proveedores de servicios de medios de comunicación de la UE, ya no podrán aceptar financiación procedente del Estado ruso y sus representantes.