Hungría descarta de plano discutir la oficialidad del catalán, euskera y gallego durante su presidencia de la UE

Hungría, que ocupará la presidencia semestral rotatoria de la Unión Europea a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2024, no se plantea incluir en la agenda de trabajo del segundo semestre del año la propuesta española sobre la oficialidad del catalán, euskera y gallego. “No tenemos la intención” aunque “se incluirá en la agenda si hay una necesidad (de debatirlo)”, ha dicho el embajador permanente de Hungría ante la UE, Bálint Ódor, durante la presentación de las prioridades de la presidencia en Bruselas.

Ódor, que no se ha extendido en sus explicaciones, ha recordado que “en los últimos seis meses”, la propuesta española tampoco se ha discutido en el Consejo. La única vez en ,o que llevamos de año en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez planteó la cuestión al resto de Estados miembros fue en el Consejo de Asuntos Generales del pasado 19 de marzo, aunque entonces no se produjo ningún debate ni ninguna otra delegación intervino y lo único que hubo fue la exposición de un nuevo memorándum distribuido por España exponiendo todos y cada unos de los "sólidos argumentos” a favor de la oficialidad de las tres lenguas.

“Es una reivindicación que el Gobierno de España no va a abandonar porque es nuestra identidad nacional y porque la Unión Europea debe proteger tanto la identidad nacional de todos los Estados como el multilingüismo”, alegaba en vísperas de la presentación el ministro de exteriores español, José Manuel Albares, que durante la presidencia española incluyó el punto de las lenguas en prácticamente todos los consejos de asuntos generales que presidió el Gobierno español.

Su intento de reactivación, en todo caso, no surtió efectos. Pese a las palabras de esperanza prometiendo “avanzar” en la oficialidad que dio a finales del año pasado Bélgica, que ha ocupado este primer semestre del año la presidencia de la UE, la cuestión no se ha incluido en los debates y el gobierno belga descartó en la primera oportunidad que tuvo incluirla en la agenda hasta no disponer de informes sobre las consecuencias financieras y jurídicas de aceptar su incorporación al régimen lingüístico 1/58 de la UE, que solo puede ser modificado por unanimidad entre los Estados miembros.

El problema al que se enfrenta la propuesta española es el poco apetito que tienen la mayoría de los gobiernos europeos a hincarle el diente a un debate que en algunos países es problemático por el impacto que podría tener en sus propias lenguas regionales o por el coste, pese al compromiso de España de asumirlo. Algunas delegaciones consultadas por este periódico dan por arrinconado y consideran poco probable que avance en los términos planteados. Aún así, España, según aseguraba hace unas semanas el secretario de estado, Fernando Sampedro, no ha abandonado la iniciativa y sigue con consultas.