El último obstáculo del pacto de asilo europeo: voluntad política y garantizar su aplicación

La gran coalición, que forman en el Parlamento Europeo el Partido Popular Europeo, la Alianza de los Socialdemócratas y los liberales de Renovar Europa, tenía prisa por cerrar antes del final de la legislatura la reforma del pacto de asilo e inmigración, una de las negociaciones más divisivas y contenciosas de la última década en Bruselas. Los sondeos auguran desde hace meses un fuerte repunte en las elecciones europeas que se celebran entre el 6 y el 9 de junio de una extrema derecha que ya está en muchos gobiernos europeos y que ha llevado a endurecer la respuesta, así que era "ahora o nunca". Lo lograron el pasado 10 de abril, ocho años después de la gran crisis de refugiados desatada por la guerra en Siria, y lo avalaron in extremis en mayo los Veintisiete --con el voto en contra de Hungría y Polonia y la abstención de República checa y Eslovaquia-- pasando página (al menos de momento) a uno de los grandes logros de la legislatura cuyo principal desafío será ahora ponerlo en práctica y garantizar que funciona.

Se trata de uno de los paquetes legislativos de mayor calado --compuesto por una decena de reglamentos y directivas-- que han logrado cerrar las instituciones europeas este último lustro y cuyo objetivo es poner orden en la gestión del asilo y la inmigración, gracias a un marco de reglas común que clarifica qué hacer desde que un inmigrante o refugiado pone un pie en Europa hasta que las autoridades toman la decisión de su expulsión o la concesión de la protección internacional. Todo para evitar las infructuosas batallas que hemos vivido desde la crisis de 2015 cuando algunos Estados miembros se negaron en redondo a acoger inmigración y aliviar la presión de países como Grecia o Italia.

La vasta reforma, planteada por Bruselas en 2020, incluye un reglamento sobre gestión de asilo e inmigración con requisitos armonizados para los 27, procedimientos de examen acelerado de solicitudes que se realizarán en "centros de recepción" ubicados en las fronteras exteriores, un mecanismo de crisis para abordar situaciones de emergencia ante posibles flujos masivos que permitiría a los Estados miembros prolongar los procedimientos de examen, y una revisión de la base de datos Eurodac con la inclusión de información --también de menores a partir de los 6 años frente a los 14 actuales-- para garantizar que las autoridades disponen de una "foto más clara" de quién está en Europa y dónde ha pedido asilo.

Además, y para remediar la falta de voluntad política del pasado, y del presente en el caso de algunos Estados miembros que ya han reiterado que no aceptarán la reubicación de solicitantes de asilo, el pacto establece un sistema de solidaridad obligatoria, pero 'a la carta'. Es decir, los países que no quieran acoger refugiados podrán esquivar el compromiso --la idea es reubicar a 30.000 cada año-- pagando una contribución de 20.000 euros por persona rechazada o financiar el equipamiento, las instalaciones o el personal en los países de primera línea.

Obstáculos por delante

Pese al alivio que supuso la aprobación del pacto, las nuevas políticas no gustan a parte del hemiciclo. En la bancada de la izquierda y los verdes consideran que socava el derecho al asilo, que abrirá la puerta a una vulneración sistemática de los derechos de los inmigrantes y que no garantiza una verdadera solidaridad. Para la extrema derecha, y aunque la política migratoria se ha endurecido y es más restrictiva, no es lo suficientemente dura.

El voto en contra y la abstención de los países más díscolos así como el endurecimiento del tono en una quincena de Estados miembros que solo unos días después de aprobar el pacto reclamaron "fórmulas" para externalizar las solicitudes de asilo, trasladando fuera de la UE a los inmigrantes rescatados o que llegan a la frontera exterior de la UE, presagia muchas dificultades a la reforma, que no entrará en vigor hasta mediados de 2026 y que tiene por delante todavía varios obstáculos por superar: empezando por su implementación y terminando con la negociación de una directiva de retorno que permita aumentar las tasas de deportación, una de las grandes asignaturas pendientes que según la Comisión tiene la UE.

A esto se suma que las tres próximas presidencias semestrales de la UE --Hungría desde el 1 de julio de 2024, Polonia desde el 1 de enero de 2025 y Dinamarca desde julio del próximo año-- o se han opuesto al pacto o han pedido, antes de que entre en vigor la reforma, cambios y la firma de acuerdos con terceros países, como el firmado por Italia y Albania, para transferir a ese país a los solicitantes de asilo. Mientras tanto, la siguiente etapa llegará en los próximos días con la presentación por parte de la Comisión Europea de un plan de aplicación en el que esbozará los elementos jurídicos y operativos necesarios para llevar a la práctica el nuevo pacto.

Según el calendario de trabajo del Ejecutivo comunitario, aunque por confirmar, está previsto que el vicepresidente Margaritis Schinas presente una comunicación el próximo 12 de junio sobre la implementación del plan con el calendario y los objetivos que tendrán que alcanzar los Estados miembros. Una vez que Bruselas desvele sus orientaciones cada Estado miembro tendrá que elaborar y presentar, para enero de 2025, su propio plan nacional en el garantizar que tienen capacidad de gestionar el sistema de forma eficaz (infraestructuras fronterizas) y de forma respetuosa con la legislación de la UE y las obligaciones jurídicas internacionales (procedimientos administrativos).