El Gobierno de Perú cierra filas con la presidenta Boluarte tras una denuncia por cohecho

El Gobierno peruano cerró filas este martes alrededor de la presidenta interina Dina Boluarte, cuyo horizonte se ha ensombrecido mucho más después de que el fiscal Juan Carlos Villena presentó una denuncia constitucional en su contra por el supuesto delito de cohecho pasivo impropio con agravio al Estado. Detrás del lenguaje jurídico se esconde un escándalo, el llamado "Rolexgate". Boluarte, quien sustituyó a Pedro Castillo tras su destitución en diciembre de 2022 enfrenta el mismo escenario de su antecesor por haber recibido tres relojes de lujo y una joyería muy costosa. Según la fiscalía, estas alhajas fueron la moneda de cambio que permitió acelerar una serie de medidas económicas favorables al gobierno regional de Ayacucho, que encabeza su 'amigo' Wilfredo Oscorima.

Boluarte dijo primero que los objetos eran suyos y el fruto de una vida laboral que había comenzado a los 18 años. Luego aseguró que solo los llevó en su muñeca y en su cuello y orejas en calidad de préstamo. También se dijo que eran falsos. La presentación de Villena puso punto final a la comedia de enredos. El Gobierno ha intentado evitar el curso de los acontecimientos. El Tribunal Supremo de Perú desestimó, sin embargo, un recurso en contra esta investigación. El escándalo queda en manos de un impopular Congreso que maneja Keiko Fujimori. Sin embargo, el desprestigio de la mandataria provisional es mayor: solo un 5% de los encuestados la respalda.

El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, aseguró que Boluarte es objeto de una "persecución sistemática" y confió que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento declarará "improcedente esta pretendida denuncia". El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, calificó a su vez de "apresurada" la decisión del fiscal. "Esta historia se cierra a nivel mediático", dijo en tanto Joseph Campos, abogado de Boluarte en otra causa, la que se ha abierto por las muertes durante las protestas sociales de comienzos de 2023.

Otros frentes abiertos

La avanzada judicial contra la mandataria interina se aceleró tras la destitución de Patricia Benavides como Fiscal de la Nación. Según el influyente portal Hildebrandt, la salida de Benavides supuso un "duro revés" para Boluarte y "también para las agrupaciones políticas que mueven los hilos del Congreso".

Este mismo martes tuvo que presentarse a declarar ante el mismo Villena por otro episodio controvertido: la desactivación del equipo de policías que prestaba apoyo al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder. Por esta causa han sido arrestados y luego liberados el hermano de la jefa de Estado, Nicanor Boluarte y su abogado Mateo Castañeda, ambos acusados de tráfico de influencias.

En tanto, Ruth Luque, congresista de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, anunció su decisión de presentar otra denuncia constitucional contra Boluarte para que se aclare su ausencia en el cargo para presuntamente someterse a un procedimiento estético en su rostro. Ella se negó a ser investigada. "La Constitución establece un derecho fundamental de todo ciudadano: el derecho a la intimidad personal, este derecho también le asiste a la presidenta. Por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre aquellos actos que formen parte de la esfera privada de un ciudadano".

La gestión de la presidenta provisional, accidentada desde el inicio, tiene la peor evaluación de los peruanos en la historia republicana del país. Para el ministro de Educación, Morgan Quero, la baja popularidad es el resultado del "acoso político y la violencia contra la mandataria". En su editorial de este martes, el diario La República califica de absurda esa explicación. "Habría que recordarle a Quero que cada acto presidencial que ha llevado cada vez más abajo a la mandataria y que la ha convertido en la peor calificada de la historia ha sido cometido por ella abusando de su posición, mintiendo reiteradas veces para excusarse, responsabilizando a otros y descuidando su labor, para dar espacio a cirugías y procesos de embellecimiento".

El déficit institucional

El hecho de que la supervivencia de Boluarte dependa en buena parte de un Congreso cuya imagen también es altamente desfavorable en las calles peruanas da cuenta, según diversos analistas, de los serios problemas institucionales que existen en Perú desde la caída del autócrata Alberto Fujimori, hace 24 años. El retorno a la democracia no terminó por corregir los problemas endémicos de la política. El primer presidente de la transición iniciada en 2001, Alejandro Toledo, fue extraditado de los Estados Unidos para enfrentar una causa por lavado de dinero. Su sucesor, Alan Garçia, se suicidó en 2019 antes de ser arrestado por la policía por un caso conexo. Ollanta Humala también tuvo problemas judiciales. Pedro Pablo Kuczynski dimitió en 2018 para no ser cesado por la legislatura, desenlace que no pudo impedir su sucesor en la presidencia, Martín Vizcarra.

El Congreso vuelve a tener la palabra, y de sus 130 integrantes, reveló La República, 67 son investigados por delitos contra la administración pública, patrimonio indebido y lavado de activos, entre otros hechos punibles.