La dura ley migratoria provoca una crisis en el Gobierno de Macron

"Tengo una sensación de resaca". Con estas palabras, el diputado macronista Sacha Houlié ha reconocido este miércoles el desgaste provocado por la adopción de la ley migratoria en la coalición del presidente francés, Emmanuel Macron. Después de ocho días de todo un culebrón, la Asamblea Nacional aprobó el martes cerca de la medianoche la conocida como ley Darmanin —en referencia al ministro del Interior—, uno de los textos migratorios más duros de las últimas décadas en Francia. Lo hizo gracias a los votos de la Reagrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen. Para sacarlo adelante, el Ejecutivo centrista hizo numerosas concesiones a la derecha republicana y la ultraderecha. Y eso ha desembocado ahora en una crisis de Gobierno.

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Las primeras grietas han aparecido este mismo miércoles con la dimisión del ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau, por su disconformidad con la nueva ley, según ha anunciado el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Rousseau, que será sustituido al frente de Sanidad por Agnès Firmin-Le Bodo, ya había advertido el martes que renunciaría si la controvertida norma salía adelante. Este miércoles por la mañana se ausentó del Consejo de Ministros, lo que disparó unos rumores que finalmente se han confirmado horas más tarde. Otros cuatro ministros del ala menos conservadora del Gobierno (Cultura, Universidades, Industria y Transportes) han hecho planear la misma posibilidad, pero de momento no parecen dispuestos a ir tan lejos. 

Dimisión del ministro de Sanidad

Verán ha negado este mediodía que "haya una fronda ministerial" y ha intentado quitar hierro a la renuncia del ministro de Sanidad. Poco conocido para la mayoría de los franceses, Rousseau —un alto funcionario que había militado en el pasado en el Partido Comunista— era una pieza importante en el Gobierno. Hasta julio ejercía como director de gabinete de la primera ministra, Élisabeth Borne. Es decir, se trataba de uno de sus principales colaboradores.

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"Este texto es el fruto de un compromiso con cosas serias y otras que no me gustan, pero que no van en contra de nuestros valores", aseguró Macron durante la reunión ministerial, según uno de los participantes. Durante ese encuentro en el Elíseo, el presidente reprochó a los ministros molestos con la ley que "no pueden dar lecciones". "No ha sido una victoria ideológica de la RN, sino una maniobra grosera" por parte de la extrema derecha, ha defendido esta tarde en una entrevista para la cadena France 5. En esa intervención, ha reconocido que, por ejemplo, no le gusta que la ley incluya finalmente el pago de "una fianza" para los estudiantes extranjeros de fuera de la Unión Europea.

Tras haber tragado el martes un sapo difícil de digerir —una legislación con numerosos artículos impuestos por Los Republicanos (LR, afines al PP), con un discurso radical en temas migratorios—, el Gobierno de Macron intenta ahora echar balones fuera. Circulen, todo va bien.

Eso no quita que la ley Darmanin incluye finalmente medidas consideradas como líneas rojas para el macronismo hasta hace pocas semanas. Después de un primer voto en contra por la Asamblea el 11 de diciembre, su contenido final se negoció en una comisión compuesta por 14 diputados y senadores. Como LR son claramente mayoritarios en el Senado, tenían la sartén por el mango en esa negociación. Y eso se reflejó en el diseño final del texto, presentado por Le Pen como una "victoria ideológica". 

Posibles "medidas anticonstitucionales"

El Gobierno elaboró inicialmente esta legislación para facilitar y acelerar las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular, así como aquellas personas extranjeras que hayan cometido delitos graves. También pretendía crear un permiso de residencia especial para aquellos que trabajen en profesiones con escasez de mano de obra, algo que desapareció del texto durante el tortuoso paso por el Parlamento. Al final, incluye medidas defendidas desde hace décadas por la ultraderecha. Por ejemplo, exige unas condiciones más restrictivas a los extranjeros para pedir ayudas sociales —cinco años de residencia para solicitar las ayudas al alquiler—, elimina el acceso automático a la nacionalidad para aquellos que nazcan en Francia o endurece las condiciones para permitir la reagrupación familiar de los extranjeros.

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Unos 32 departamentos (provincias), gobernados por la izquierda, han anunciado que no aplicarán el polémico endurecimiento de las condiciones para pedir ayudas sociales, una medida que establece de facto una clara diferencia entre los franceses y los no franceses. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha advertido que hará lo mismo. Incluso la Conferencia de Obispos de Francia ha pedido que "no se trate a los migrantes como delincuentes". 

Borne ha reconocido que algunas de esas medidas podrían ser inconstitucionales. "El presidente de la República consultará al Consejo Constitucional (equivalente del Tribunal Constitucional) y veremos lo que responde", ha declarado en una entrevista esta mañana en la emisora de radio France Inter. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ya había insinuado el martes que las partes más duras resultarían muy difíciles de aplicar y que él mismo se encargaría de ello con los decretos de aplicación que elaboraría. Darmanin lo dijo para calmar las tensiones internas en el macronismo. Y evitar un gran número deserciones en la votación en la Asamblea.

A pesar de ello, 62 diputados afines a Macron (de un total de 248 de la coalición presidencial) se negaron a respaldar la ley, 27 votaron en contra y 35 se abstuvieron. Fue la iniciativa que ha generado una mayor división en el macronismo en este segundo mandato. Sin duda, representó la guinda del pastel para un año horribilis para el presidente.