El Reino Unido y Ruanda tratan de esquivar a la justicia británica con un nuevo tratado sobre inmigración

El Gobierno británico continúa en su empeño de llevar a cabo su plan para deportar a solicitantes de asilo a Ruanda a cualquier precio. La firma de un nuevo tratado entre el Reino Unido y el país africano marca un nuevo capítulo en la batalla judicial que comenzó en junio de 2022, cuando el Tribunal de Estrasburgo paralizó en el último momento el primer vuelo de deportación, impulsado por el entonces primer ministro Boris Johnson. Desde entonces, la justicia británica ha puesto trabas al plan por el riesgo de que las autoridades ruandesas lleven a cabo deportaciones forzosas de solicitantes de asilo legítimos a sus países de origen, donde están expuestos a sufrir persecución e incluso a la muerte.

El nuevo acuerdo tiene por objetivo esquivar los obstáculos puestos en última instancia por el Tribunal Supremo a mediados de noviembre. En este caso, el pacto se elevará a un tratado internacional, que deberá ser refrendado por los parlamentos de los dos países, y que pretende ofrecer garantías de que ningún solicitante de asilo procedente del Reino Unido será devuelto a su país de origen de forma injusta. Para ello, el tratado incluye la creación de un comité de supervisión, formado por jueces ruandeses y de países de la Commonwealth, que examinarán los procesos de tramitación y garantizarán que se presta el apoyo y el acompañamiento necesario a los inmigrantes.

Legislación de emergencia

En paralelo a la firma del tratado, el Ejecutivo británico ha presentado este miércoles un proyecto de ley que establece que Ruanda es un país seguro y que obliga a los tribunales a tratarlo como tal. El texto incluye cláusulas que impiden la aplicación de la Ley de Derechos Humanos británica en el plan de Ruanda y que ofrecen mecanismos al Gobierno para desobedecer medidas provisionales dictadas por el Tribunal de Estrasburgo, como la que bloqueó la salida del primer vuelo con destino a Ruanda en junio del año pasado. Sunak pretende contentar así al ala más dura de su partido, muy crítica con la Convención Europea de los Derechos Humanos, aunque el primer ministro ha rechazado por ahora la posibilidad de abandonar el convenio internacional.

Esta decisión ha molestado al secretario de Estado de Inmigración, Robert Jenrick, quien ha presentado a última hora su dimisión. Según ha explicado Jenrick en su carta de renuncia, que ha publicado en X, la legislación "no va lo suficientemente lejos". "El Gobierno tiene la responsabilidad de poner nuestros intereses nacionales vitales por encima de cuestionables interpretaciones de la ley internacional".

El objetivo del Ejecutivo es aprobar cuanto antes la nueva norma en el Parlamento y poner en marcha las deportaciones en los próximos meses, según ha confirmado el ministro del Interior, James Cleverly. "Hemos abordado las cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo, por lo que no veo ninguna razón para que haya más obstáculos a la hora de hacer lo correcto, que es apoyar a Ruanda en la resolución de este asunto internacional", ha dicho Cleverly, quien ha evitado sin embargo garantizar que las deportaciones se pondrán en marcha antes de las próximas elecciones, previstas para 2024.

Promesas inclumplidas

Los planes del Gobierno tienen como principal prioridad cumplir con una de las grandes promesas del Brexit, la de acabar con la llegada irregular de inmigrantes a través del canal de la Mancha. Un objetivo que está lejos de alcanzar. A pesar de que el número de llegadas en 2023 se ha reducido cerca de un 30% respecto al año pasado, el país ha registrado la segunda cifra más alta de su historia. A las llegadas irregulares de inmigrantes se suman las entradas por la vía legal, que alcanzaron un nuevo récord en 2022 con 745.000 llegadas netas. Sunak es consciente de que deberá reducir al máximo estas cifras para tener alguna posibilidad de remontar en las encuestas y ganar las próximas elecciones. 

El Ejecutivo ha anunciado nuevas restricciones en la concesión de visados para trabajadores extranjeros y sus familiares en un intento por reducir la migración legal en 300.000 personas. Aún así, el primer ministro está lejos de convencer a muchos de los votantes que dieron la mayoría absoluta a Johnson en 2019 y que podrían decantar su voto hacia el partido Reform UK, heredero del United Kingdom Independence Party (UKIP). Según una encuesta publicada por YouGov a principios de este mes, los conservadores obtendrían el 22% de los votos en las próximas elecciones, tres puntos menos que en noviembre, mientras que Reform UK se colocaría como tercera fuerza política con un 10% de los sufragios, un punto más que en la encuesta anterior.