El Tribunal Supremo de Estados Unidos, bajo la sombra de escándalos éticos

Lo último que necesita el Tribunal Supremo de Estados Unidos, cuya reputación se hunde en los sondeos ante la imagen de partidismo y politización disparada desde que se asentó la sólida mayoría conservadora, son escándalos éticos. Pero no uno sino varios, y de gravedad, que señalan especialmente al juez Clarence Thomas pero también a Samuel Alito, han salido a la luz en los últimos meses gracias a varias investigaciones periodísticas.

Las sombras de corrupción, o cuando menos de conflicto de intereses, colocan a la poderosa y determinante institución en la penumbra y han impulsado un esfuerzo de los demócratas en el Congreso para establecer un código ético que ate a los jueces y adoptar otras medidas que incrementen la transparencia y la rendición de cuentas. Y aunque no tiene visos de prosperar dado el reparto de poder en las Cámaras, y el rechazo de muchos republicanos, contribuye a volver los focos y mantener el debate sobre la necesidad de establecer controles.

Viajes, dádivas, ¿conflicto de intereses?

Las compuertas las abrió en abril el sitio de investigación ProPublica, que detalló los múltiples viajes en aviones, yates y resorts de lujo a los que el juez Thomas y su esposa, Ginni, han sido invitados en las dos últimas décadas por Harlan Crow, un magnate inmobiliario tejano, megadonante del Partido Republicano y vinculado a laboratorios de ideas que defienden teorías legales conservadoras.

La publicación también reveló una cuestionable operación inmobiliaria, en la que Crow compró al juez una vivienda en Georgia que a día de hoy, y tras invertir el empresario de Dallas en mejoras, sigue usando la madre de Thomas. Y luego sumó la constatación de que el magnate había pagado al menos dos años la educación de un sobrino-nieto del magistrado al que este había criado “como a un hijo” en centros donde el coste de matriculación el tiempo que pagó Crow se calcula que asciende a 100.000 dólares.

Las compuertas se habían abierto y otros medios fueron sumando revelaciones. Y en agosto, finalmente, ProPublica lanzó otra de sus informaciones, que detallaba un total de 38 vacaciones, 34 vuelos en aviones y helicópteros privados, además de una docena de pases vip para eventos deportivos y profesionales, entre otras dádivas.

Thomas no había informado de ninguna de esas transacciones en sus declaraciones anuales públicas, según explicó porque “colegas” y “otros jueces”, sin dar nombres, le habían asegurado que no era necesario. Finalmente lo hizo este jueves, tras posponer 90 días esa declaración, pero el documento aparentemente no es exhaustivo y solo reconoce tres viajes y tres compras de propiedades, todos relacionados con Crow.

Thomas, además, acompañó el documento de un comunicado en el que defendió haber omitido la información "de forma inadvertida", y trató de justificar al menos uno de los desplazamientos en el avión privado del empresario sugiriendo que se le recomendó no usar vuelos comerciales "por los riesgos para la seguridad de los jueces" incrementados después de que en mayo de 2022 se filtrara el borrador de la decisión del Alto Tribunal que un mes después revocó la protección constitucional al derecho al aborto.

El magistrado negro, que entró en el Supremo en 1991, tampoco se recusó en casos que llegaron que afectaban a empresas de Crow, que además se ha revelado que donó la la mayoría de presupuesto de un grupo político formado por Ginni Thomas, la esposa del juez, que recibía de ese grupo un sueldo de 120.000 dólares anuales (y que se ha visto salpicada por su propio escándalo al revelarse contactos que mantuvo con el jefe de gabinete de Donald Trump, Mark Meadows, presionando para que se anulara el resultado de las elecciones presidenciales del 2020, que tildó de "robo").

También Alito

Respecto a Alito, otro de los seis magistrados conservadores, ProPublica informó de que en 2008 fue invitado a un viaje a Alaska por Paul Singer, un multimillonario inversor y como Crow megadonante del Partido Republicano y de causas conservadoras. Igual que Thomas, Alito no informó públicamente en su día, y se defendió del artículo incluso antes de que viera la luz en un ensayo publicado en ‘The Wall Street Journal’. Tampoco se recusó en casos que Singer tenía ante el Alto Tribunal y, por ejemplo, su voto contribuyó a una sentencia en 2014 por la que el fondo del inversor obtuvo 2.400 millones de dólares en una disputa con Argentina.

Otro elemento común es que los dos magistrados han coincidido en esas vacaciones pagadas con influyentes personajes, incluyendo Leonard Leo, uno de los líderes de la Federalist Society, el poderoso grupo que lleva décadas trabajando para expandir el peso conservadurismo en el mundo del derecho y la judicatura y que preparó la lista de la que Donald Trump sacó a los tres magistrados con los que logró instalar la sólida mayoría conservadora actual.

Una situación única

Nada de lo que han hecho Thomas y Alito es considerado, al menos por ahora, ilegal, aunque la organización no partidista Campaign Legal Center ha solicitado a la Conferencia Judicial que tome cartas en el asunto. Ese es el principal órgano de gobierno de los tribunales federales y podría referir el caso de Thomas al Departamento de Justicia para que abra una investigación, algo que pocas veces se ha hecho con magistrados del Supremo, pero que en 1969 llevó al juez Abe Fortas a dimitir. También Alexandria Ocasio-Cortez y otros cuatro congresistas demócratas enviaron tras la publicación de ProPublica en agosto una carta al fiscal general, Merrick Garland, urgiéndole a abrir una investigación federal de Thomas.

Se ha intensificado además el escrutinio, tanto público como político, de la falta absoluta de regulación para los jueces del Supremo. Estos no están sometidos a requerimientos a los que sí están obligados miembros del ejecutivo y del legislativo, a los que una ley federal aprobada tras el escándalo del Watergate obliga, por ejemplo, a obtener aprobación de un comité ético antes de aceptar de amigos regalos por valor de más de 250 dólares, así como informar públicamente de la mayoría de dádivas que reciben, tanto ellos como cónyuges y dependientes.

Los magistrados del Supremo, con cargo y sueldo vitalicio (de 285.000 dólares anuales, y 298.500 en el caso del presidente) tampoco están sujetos al mismo código de conducta que sí aplica a otros jueces federales, que obliga a evitar “siquiera la apariencia” de algo impropio, aunque John Roberts, el actual presidente, ha asegurado que usan ese código como “guía”. Pero eso no ha evitado, por ejemplo, que Neil Gorsuch vendiera una propiedad al jefe de un bufete de abogados que a menudo tiene casos ante el tribunal, y tampoco revelara públicamente la identidad del comprador, o que ayudantes de la jueza progresista Sonia Sotomayor presionaran a instituciones donde iba a acudir para que compraran decenas o cientos de ejemplares de su libro de memorias.

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