La izquierda en el poder
Luces, sombras y escándalos de un año en la presidencia de Colombia de Gustavo Petro
Petro dibuja un osado plan de paz en medio de una ola de violencia en Colombia
La acusación del hijo de Petro contra su padre sacude con fuerza al Gobierno de Colombia
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante un encuentro el pasado jueves en Bogotá. / VANNESSA JIMENEZ / REUTERS
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Abel Gilbert
Corresponsal en Buenos Aires
Especialista en América Latina y doctor en comunicación. Ha cubierto los principales acontecimientos políticos regionales durante las últimas dos décadas para El Periódico. Es autor de ocho libros, tres de ellos en colaboración, y se apresta a publicar otros dos.
"Estamos acá contra el pronóstico de que nunca íbamos a gobernar, contra los que no querían soltar el poder, pero lo logramos, hicimos posible lo imposible. Si pudimos, podremos", dijo Gustavo Petro el 7 de agosto de 2022, en su hora cero como presidente, el primero de izquierdas de la historia colombiana. Al momento de cumplir un año de gestión, los que lo apoyan y aborrecen, aquellos que rompieron en el camino y los que nunca le creyeron, hacen sus primeros balances sobre aquello que "se pudo" y lo que nunca "podría" llegar a materializarse. Petro y Francia Márquez, su vicepresidenta, una luchadora social de origen afrocolombiano, fueron elegidos con más de 11 millones de votos. "Colombia es otra", dijo el exguerrillero del M-19 para tratar de ilustrar la potencia de los cambios que se avecinarían y que tropiezan en la actualidad con obstáculos inesperados. Colombia es "otra" aunque por las razones menos pensadas. "Del cielo al infierno: si el primer año fue difícil, el próximo lo será más aún", dijo a propósito la revista Cambio.
"Durante estos doce meses, el presidente ha puesto sobre la mesa múltiples debates, varios de ellos intocables hasta hace poco. Desde el modelo económico hasta el servicio militar obligatorio y la persecución de la coca pasando por el rol de la banca, de los medios de comunicación o de la policía. Hoy también tenemos más conciencia que hace un año sobre el racismo, el cambio climático o la desigualdad", dijo el portal La silla vacía.
El inventario del Gobierno genera sin embargo un nuevo equilibrio entre las luces y sombras, debido al escándalo que involucra a su hijo Nicolás, acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La causa judicial amenaza con arrastrar al propio presidente. No solo porque podría ser objeto de un juicio político si prospera la ofensiva conservadora. El año transcurrido es ahora inevitablemente observado bajo el prisma de ese episodio. El culebrón familiar ha relegado a un segundo plano el debate sobre la marcha de una hoja de ruta ambiciosa, que incluye la materialización de la "paz total" de un país que atravesó un conflicto interno con 270.000 muertos y una violencia urbana y rural que no cesa. El precio de esos zigzagueos se paga en la política. Petro, quien asumió el poder con un respaldo del 56% de la población, es ahora reprobado por el 61%, de acuerdo con el último sondeo de Invamer Poll.
Nuevas adversidades
"Aquí no están debatiendo leyes inocuas. Ustedes están en el centro del país y es importante que tengan claro la posición del Gobierno. Qué pretende y para dónde va", dijo el presidente el pasado 20 de julio al inaugurar por primera vez un período legislativo del Congreso. Aquel discurso sonó a sermón en los oídos de los adversarios. El escándalo ha abierto las puertas de una crisis institucional de proporciones. Las relaciones de fuerza no lo favorecen en un Congreso que puede convertirse en escenario de una acusación formal en su contra. El exguerrillero carece de mayoría después de romper con sus aliados de centro, por desavenencias programáticas y tácticas. Cada iniciativa debe atravesar caminos que se han vuelto más sinuosos y empinados desde la semana pasada. Petro logró llevar a cabo su reforma tributaria, que le permitirá aumentar el gasto social en un país con 40% de pobres e intenta avanzar con las transformaciones en el agro. El mandatario no tuvo la misma suerte con las reformas de los sistemas de salud y trabajo. El horizonte reformista, las asignaturas pendientes, quedan supeditadas a un presente distinto.
Turbulencias internas
Con el reciente nombramiento de Ómar Andrés Camacho como nuevo titular de Minas y Energía, se terminó la era de la paridad de género en el gabinete. En un año, el presidente ha realizado 11 ajustes ministeriales que ha ido socavando la idea inicial de pluralidad. De los 19 ministros, 15 corresponden a su más estrecho círculo de afinidades. La cercanía personal no siempre ha sido garantía de permanencia en el Gobierno. Laura Sarabia, su mano derecha, debió abandonarlo en medio de una reyerta con Armando Benedetti, el entonces embajador en Caracas, que tuvo aires de culebrón, novela de espionaje e interceptaciones telefónicas ilegales.
Benedetti había sido un ariete importante en el proceso de normalización de relaciones con Venezuela. Petro ha intentado ser una pieza importante en la compleja trama de negociaciones entre su colega Nicolás Maduro y la oposición para encauzar el conflicto político que se remonta a 2014. Sus intenciones de erigirse en el gran mediador se fueron desvaneciendo con el correr de los meses.
Como parte de su agenda de "paz total" ha alcanzado el cese al fuego por 180 días con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla en actividad, de corte guevarista. También intenta integrar a la mesa de diálogo a las facciones de las ex-FARC que no abandonaron las armas, no sin controversias. Petro nombró a Alexánder Farfán Suárez, alias Gafas, como "gestor de paz" frente a esas disidencias armadas. Nada menos que el insurgente que había sido carcelero de Ingrid Betancourt. "Es el símbolo de todo el sufrimiento de las víctimas", dijo la excautiva. También suscitó críticas el nombramiento para las mismas funciones, pero ante los paramilitares de ultraderecha, de quien había sido uno de sus sanguinarios jefes, Salvatore Mancuso.
Drogas y medio ambiente
Además, el Gobierno intenta negociar con las bandas de narcotraficantes, como parte de un radical cambio de enfoque. La ambición es la marca de Petro. Y su política de drogas lleva ese sello, de cara a 2024. Su proyecto para sacar a Colombia de la lista de los países que son grandes productores de coca y exportadores de cocaína incluye transformaciones sustanciales en los territorios. Los cultivadores de la hoja, informó el diario El Espectador, no serán perseguidos judicialmente y podrán tener tierras que provengan de la extinción de dominio. El proyecto presidencial supone cambios sustanciales en el abordaje de la salud pública. Se buscará detectar tempranamente los problemas por consumo de sustancias psicoactivas. A su vez, se contemplan espacios de cuidado y de consumo para la reducción de riesgos.
A diferencia de otros de sus colegas latinoamericanos, Petro ha puesto un énfasis en la cuestión ambiental y la necesidad de que los países de la región abandonen sus políticas extractivistas. "¿Qué serán de nuestros hijos en 20 años? La vida de nuestros nietos es irreversible si no hacemos algo en esta década. No es apocalíptico, es la ciencia", dijo días atrás, y puso como alarmante ejemplo la escasez de agua en Montevideo, en Uruguay. Colombia, ha insistido, debe convertirse en "potencia mundial de la vida" y defensora a rajatabla de la biodiversidad. El modo de alcanzar ese objetivo es todavía incierto. "¿Debe ser con el socialismo? ¿Tiene que ver con el capitalismo? Aún no encontramos la respuesta. No podemos decir sí o no. El camino que proponemos tiene dos pilares: la justicia ambiental y la justicia social". La retórica presidencial se pone ahora a prueba en un escenario resquebrajado.
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