Del Título 42 al Título 8: la política migratoria de Biden en la frontera sur, en 4 claves

Un minuto antes de la medianoche del jueves en Washington, Estados Unidos dejará de aplicar el Título 42, la directiva que rescató durante la pandemia la Administración de Donald Trump para expulsar con argumentos de salud pública y de forma expedita a inmigrantes que cruzaban de forma irregular la frontera y que mantuvo el Gobierno de Joe Biden.

Contra lo que dicen los republicanos y la desinformación que están utilizando las redes que trafican y explotan a los migrantes, a partir de ese momento la política migratoria de EEUU no va a relajarse. De hecho, en muchos aspectos se endurece. Y a partir del viernes se aplicarán un conjunto de medidas que alejan al presidente demócrata de promesas que realizó cuando era candidato y distancian a EEUU de la línea que durante décadas ha seguido respecto al asilo y el refugio.

Estas son las piezas de este complejo puzle:

El Título 42

La sección de la Ley de Servicio Público de Salud de 1944 que permite al Gobierno de EEUU detener la entrada de personas o importaciones para evitar la propagación de enfermedades infecciosas empezó a aplicarse en marzo de 2020 bajo el Ejecutivo de Donald Trump. Permitía la expulsión rápida de EEUU de aquellos que entraban de forma irregular por las fronteras terrestres de México o Canadá.

La regla permite a las autoridades saltarse los procesos normales de tramitación de inmigración, incluyendo las peticiones de asilo, y aprobar la expulsión rápida de un migrante. Las expulsiones bajo el Título 42 se han realizado sin iniciar trámites administrativos ni judiciales y muchos de los migrantes volvían a intentar el cruce repetidamente.

Duramente criticada por muchos demócratas y por grupos de derechos humanos por considerar que negaba a los migrantes derechos como el de poder solicitar asilo, Biden se planteó acabar con la regla cuando llegó a la Casa Blanca, pero la idea se descartó ante el creciente flujo de migrantes y la Administración siguió usándola y defendiéndola como una medida de salud pública. Cuando finalmente el Gobierno intentó dejar de aplicarla el año pasado, se encontró con el freno de dos decisiones judiciales que se lo impidieron.

Según datos de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas (CBP por sus siglas en inglés), desde marzo de 2020 ha habido más de 2,5 millones de expulsiones bajo el Título 42.

En abril EEUU decretó que a la medianoche de este jueves acabaría la emergencia oficial por la pandemia de covid, y con ello concluye que el Título 42 ya no puede aplicarse.

El Título 8

Ahora vuelve a tomar un papel protagonista en la política migratoria el Título 8, desde 1952 la parte del Código de EEUU que codifica estatutos relacionados con extranjeros y nacionalidad y que no ha dejado de aplicarse incluso mientras se usaba la medida excepcional del Título 42.

Hace dos meses ya la Administración Biden anunció que pondría énfasis en la aplicación rigurosa en la frontera sur de partes del Título 8 que incluyen "consecuencias severas para el ingreso ilegal".

Concretamente, a quienes sean detenidos en la frontera sur tras haber entrado entre los puntos de entrada legales "en general" se les procesará "conforme a las autoridades de expulsión acelerada del Título 8 en cuestión de días" y se les prohibirá volver a entrar en EEUU por al menos cinco años si se ha ordenado su expulsión. Además, "se supondrá que no son elegibles para pedir asilo (...) cuando no medie una excepción aplicable".

Cada intento de entrada puede ser castigado con multas de entre 50 y 250 dólares y entre seis meses y dos años de prisión, y los castigos podrán doblarse para quien haya sido multado o encarcelado con anterioridad.

Para enfrentar el aumento de llegadas, se han incrementado el número de instalaciones y personal (incluyendo jueces de inmigración) y también el número de vuelos de deportación. Tras el envío de 1.500 militares enviados de refuerzo, son ya 4.000 los desplegados para dar apoyo a la fuerzas de inmigración y fronteras en labores logísticas y administrativas, no de seguridad.

Restricciones al asilo

Uno de los factores más conflictivos de la política de la Administración Biden es que restringe el acceso al asilo, algo que augura que será retada en los tribunales.

Esa política, que se avanzó en abril pero se oficializa esta semana, obliga a los migrantes que provienen de países que no son México a haber solicitado protección en uno de los países que hayan cruzado en su recorrido hasta la frontera, incluyendo México. Si no lo han hecho, se asumirá que no pueden optar al asilo en EEUU.

Se eximirá de ese requisito a quienes usen una aplicación, CPB One, para enviar información biométrica y pedir cita en uno de los puertos legales de entrada en la frontera sur para presentar su reclamación de asilo. Esa aplicación, lanzada en 2020 y cuyo uso se amplió el pasado febrero, es muy polémica. Solo se puede usar desde el centro y el norte de México. A los numerosos problemas técnicos, y a la falta de medios o capacitación de muchos migrantes, se le suma el número reducido de citas que se ofrecen, aunque se amplían de unas 800 a cerca de 1.000 al día.

Aunque hay algunas excepciones para menores no acompañados, gente en peligro inminente y algunas víctimas de tráfico humano, por lo general quienes no sigan uno de esos dos pasos y sean interceptados serán extraditados con el proceso acelerado.

Según documentos internos de preparación de los efectivos de inmigración a los que ha tenido acceso CBS, los migrantes deberán presentar "circunstancias excepcionalmente convincentes" para ganar el derecho al asilo, más estrictas que el "miedo creíble" que regía hasta ahora. Entre estas nuevas se contemplan, por ejemplo, una "emergencia médica grave", estar sometido a una "amenaza inminente y extrema" en México o ser víctima de "una forma severa de tráfico humano".

La suspensión del Título 42 tensa la frontera de EEUU con México

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Vías legales

La Administración Biden insiste en que impone las restricciones a la vez que fomenta las vías de acceso para tratar de llegar a EEUU legalmente.

Ha creado, por ejemplo, nuevos procesos de permisos para reunificación familiar para 100.000 personas de El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia y para Cuba y Haití. Quienes entren a EEUU por ese sistema tendrán permisos de trabajo.

EEUU ha acordado también aceptar a 30.000 personas al mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití que tengan esponsorización financiera en EEUU (aunque también ha aumentado las deportaciones de ciudadanos de esos países).

Se ha anunciado también que el Departamento de Estado abrirá 100 Centros Regionales de Procesamiento en países de la región, empezando en Colombia y Guatemala. En ellos se podrán realizar entrevistas con especialistas en inmigración y, "si se reúnen los requisitos", ser procesadas de manera rápida para acceder a vías legales no solo a EEUU sino a otros países como España y Canadá.

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